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Un centenar de migrantes centroamericanos que viajaban hacinados en un tráiler de un camión de gran tonelaje son rescatados en el estado mexicano de Tabasco en octubre. El viaje de miles de kilómetros y de peligros hacia Estados Unidos difícilmente se frenará con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Crédito: Cortesía del Movimiento Migrante Mesoamericano
“Donald Trump no me detiene para llegar a Estados Unidos”, aseguró con firmeza el nicaragüense Juan, de 35 años, sobre su intención de arribar a ese país que desde el 20 de enero estará gobernado por el magnate republicano.
Este inmigrante que pide no dar su apellido, vendedor ambulante en su país, relató a IPS que “me asusté cuando supe que Trump había ganado las elecciones (el 8 de noviembre). Tal vez con Hillary [Clinton] iba a haber más oportunidades de empleo. Pero eso no me detiene, nunca ha sido fácil cruzar, pero es posible llegar”.
Juan salió el 13 de septiembre de Nicaragua, donde dejó a su esposa y un niño, y al día siguiente cruzó el río Suchiate, que divide Guatemala y México, en una balsa.
Ya en México, vivió lo que miles de migrantes padecen en su odisea hacia el “sueño americano”. Evadió al menos cuatro puestos de control en el sur del país, escapó de agentes migratorios, caminó durante horas y tres hombres encapuchados le robaron dinero, ropa y zapatos cerca de El Chagüite, en el sureño estado de Oaxaca.
Luego de presentar la denuncia por asalto ante una fiscalía local, vive desde octubre en el albergue “Hermanos en el Camino”, fundado en 2007 por la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Ixtepec, en Oaxaca, a la espera de recibir una visa humanitaria oficial para cruzar México.
“Quiero llegar a Estados Unidos. Lo que me ampara es el anhelo y la necesidad de llegar. Quiero trabajar unos tres años y luego volver”, confesó por teléfono desde ese albergue Juan, quien solo cuenta allí con dos amigos en Illinois, el norteño estado estadounidense fronterizo con Canadá.
Las luchas y las aspiraciones de migrantes como Juan chocan con la promesa de Trump, presidente electo de Estados Unidos, de construir un muro en la frontera con México que impida el paso irregular de personas desde este país.
Mientras digieren el triunfo de Trump y del derechista Partido Republicano, organizaciones de defensa de inmigrantes y los gobiernos de los países emisores de migrantes temen una crisis migratoria de grandes proporciones.
Trump ha prometido expulsar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y de los cuales la mitad tiene origen mexicano.
El próximo inquilino de la Casa Blanca precisó el domingo 13 que en cuanto tome posesión deportará a unos tres millones de migrantes en situación irregular, que según sus cálculos son aquellos con antecedentes delictivos.
“La política de Trump agravaría la situación migratoria”, sentenció Alberto Donis, colaborador de Hermanos en el Camino, uno de los primeros albergues mexicanos para migrantes, que actualmente acoge unos 200 indocumentados, mayoritariamente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“Con Trump, no sabemos qué más va a ejecutar, pero será peor de lo que tenemos. Con lo que pasó en las elecciones, la gente que no va a cruzar se va a quedar acá. México será un país de destino. ¿Y qué hace? Detenerlos y deportarlos”, reflexionó.
Durante los últimos ocho años, la administración saliente del presidente demócrata Barack Obama ha aplicado políticas migratorias contradictorias, que han evidenciado la escasa influencia de los países emisores en las medidas internas estadounidenses.
Por un lado, estableció en 2012 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés) en situación irregular, que suspende su deportación. Similar beneficio creó en 2014 la Acción Diferida para Padres (indocumentados) de Estadounidenses y Residentes legales (Dapa, en inglés).
Pero la Dapa está suspendida desde febrero por un tribunal y se da por hecho que Trump anulará las dos medidas al llegar al poder.
Pero por otro lado, Obama ha roto el récord de deportación de migrantes. Desde 2009, su administración expulsó a más de dos millones de migrantes, mayoritariamente de México y América Central.
Tan solo en 2015, las autoridades migratorias estadounidenses deportaron a 146,132 mexicanos, un aumento de 56% respecto al año anterior, a 33,249 guatemaltecos (14% menos que en 2014), 21,920 salvadoreños (similar al año previo) y 20,309 hondureños (una baja de nueve por ciento).
Cada año unas 500,000 personas se internan por la frontera sur mexicana para cruzar el país e ingresar a Estados Unidos por la frontera terrestre de 3,185 kilómetros de longitud que divide a los dos países, según cifras de organizaciones a favor de los derechos de los migrantes y de especialistas.
En los nueve primeros meses de este año, México expulsó a 43,200 guatemaltecos, 38,925 hondureños y 22,582 salvadoreños.
Los activistas achacan al Plan Integral Frontera Sur, aplicado desde agosto de 2014 por el gobierno mexicano con ayuda del de Estados Unidos, la ofensiva contra los extranjeros en situación irregular. Ese plan incluye la instalación de 12 bases en los ríos de la zona y tres cordones de seguridad al norte del límite fronterizo.
Pero algunas organizaciones de defensa de inmigrantes dudan del cumplimiento de las amenazas de Trump, por sus secuelas sociales y económicas.
“Dice tanta barbaridad que uno no se puede imaginar qué puede hacer. Es un hombre de negocios y no creo que arriesgue la mano de obra barata. Nada tiene sentido, no es más que la xenofobia y el racismo. Estados Unidos va a enfrentar consecuencias de largo plazo por eso”, señaló a IPS la directora ejecutiva del no gubernamental Movimiento Migrante Mesoamericano, Marta Sánchez.
Este Movimiento participa en la XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos en su trayecto a Estados Unidos, integrada por progenitoras de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que arrancó el 10 de noviembre en Guatemala y llegó el martes 15 a territorio mexicano.
El sábado 12 la secretaria (ministra) mexicana de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con su embajador y cónsules en Estados Unidos para diseñar planes de protección y asistencia consular ante el tenso contexto que se avecina.
Si bien México, Guatemala, Honduras y El Salvador han dicho que la victoria de Trump estaba en sus previsiones, no parece haberse ideado hasta ahora un plan para lidiar con las promesas xenófobas del magnate estadounidense y su populismo de derecha extrema.
El impacto se verá directamente en las economías por la caída de las remesas de los emigrantes que, en el caso de El Salvador, por ejemplo, aportan 17% del producto interno bruto.
Pero también la economía estadounidense sufriría. El conservador Foro de Acción Estadounidense calculó tras el triunfo de Trump que la deportación masiva de indocumentados ocasionaría una caída de la economía interna de dos por ciento y una pérdida de entre $381,500 y $623,200 millones de producción privada.
Juan solo quiere cruzar la frontera. “Uno quiere superarse y luego regresar. La gente se sigue yendo y lo seguirá haciendo, porque en nuestros países no podemos vivir, los albergues están llenos de gente, en la misma búsqueda. Si me deportan, lo volveré a intentar”, apostó.
Para Donis, las naciones emisoras de migrantes no están preparadas para recibir el regreso masivo de sus ciudadanos.
“No tienen la capacidad para sostener a los ciudadanos, menos la tendrán para recibir a millones de migrantes. Los albergues tampoco estamos preparados. Lo que tienen que hacer es invertir en fuentes de trabajo, en el campo, en infraestructura, invertir en su gente, y así bajaría la migración”, planteó el activista.
Durante la caravana de madres de desaparecidos, que concluirá el 2 de diciembre en Tapachula, una ciudad fronteriza con Estados Unidos, Sánchez anticipó que tocarán el tema Trump y definirán su postura. “Vamos a rechazar esas medidas y luchar contra ellas, esto solo comienza”, anticipó.
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