En esta segunda parte de la entrevista con la doctora Deborah Kobes, autora de la investigación ‘Out of Control?: local democracy failure and fiscal control boards’ (‘¿Fuera de control?: fracasos de la democracia local y juntas de control fiscal’), la perito explica las estrategias que la junta de control fiscal pudiese utilizar en Puerto Rico para controlar el estado de ánimo y la opinión pública en el País.
“Una junta de control fiscal puede servir como un manto para los asuntos políticos a la hora de tomar decisiones que no sean populares. Oficiales locales pueden públicamente denunciar la decisión, pero tras bastidores pueden trabajar en conjunto con la junta de control fiscal, reconociendo el valor de las decisiones tomadas”, expresa sin tapujos.
Kobes también pasa revista de las composiciones de las juntas que atendieron los casos de localidades grandes, como Miami y Washington DC, haciendo hincapié que aunque la mayoría de los miembros eran de las propias jurisprudencias locales, algunos eran fieros aliados “de los intereses federales”.
Además, la experta cita el ejemplo de los aumentos de matrícula en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) cuando le pedimos que hable sobre lo que pudiese sucederle a la Universidad de Puerto Rico. Aquí vamos de nuevo.
Diálogo: Usted ha dicho que, en la mayoría de los casos, a las comunidades locales y a la gente de cada municipalidad con juntas de control fiscal se les hace difícil aceptar y adaptarse a estas. No obstante, usted alude a dos estrategias en las que las juntas de control fiscal han decidido “bailar” con los gobiernos locales. Habla de la inclusión de miembros locales y no excederse en sus poderes (“overstep”). ¿Pudiera elaborar al respecto?
Kobes: La protesta más común sobre las juntas de control fiscal es que se apoderan de la democracia local y autogobiernan. Esas preocupaciones las he visto en Puerto Rico, y han sido bastante pronunciadas en Detroit, en Washington DC y en otras ciudades grandes. Al mismo tiempo, las juntas de control fiscal son también temporeras y no tendrán una influencia a largo plazo en la salud financiera del municipio (o territorio) a menos que haya implicaciones y adquisiciones locales durante el proceso. Sobreponerse a las protestas sobre la remoción de la democracia local y ganar aceptación local puede ayudar a que los cambios que cree la Junta sobrepasen todo. Basándome en las ciudades que he investigado, creo que hay varias estrategias. Primero, la composición de la junta importa. Si los residentes ven personas que conocen y en las que confían, que son vistas como parte de la comunidad, pues sentirán que sus intereses son representados.
Segundo, mucho del trabajo actual de una junta de control fiscal no tendrá atención del público. La gente se molesta cuando decisiones que aparentan ser políticas, más allá de tener que ver con el presupuesto, se toman en consideración. Las juntas de control fiscal pueden azotar ese balance aprobando o rechazando presupuestos, pero no dictando cómo son electos los oficiales. Se trata de balancear los distintos servicios locales para cuadrar el total de sus propios presupuestos. Además, el peritaje de los miembros y el staff de la junta de control fiscal siempre suele ser en finanzas y negocios, no en cómo administrar servicios públicos como el cuidado de la salud o la educación. Así que, cuando las juntas de control fiscal se expandan hacia estas áreas, lo hacen más allá de dónde pueden agregar valor. Dicho eso, a veces hay servicios populares que pudiesen quedar eliminados porque son extremadamente caros e ineficientes, o existen fuentes de ingreso que no han sido tocadas que necesitan ser exploradas. Una junta de control fiscal puede servir como un manto para los asuntos políticos a la hora de tomar decisiones que no sean populares. Oficiales locales pueden públicamente denunciar la situación, pero tras bastidores trabajar en conjunto con la junta de control fiscal, reconociendo el valor de las decisiones tomadas. El arte de una junta de control fiscal efectiva es descifrar cuándo aguantarse y no excederse en las decisiones políticas que estén fuera de su peritaje y cuándo asumir control a la hora de tomar decisiones que no sean populares.
Diálogo: Ya se sabe que la junta de control fiscal para Puerto Rico incluirá alguien que resida en esta jurisprudencia. ¿Puede darnos ejemplos de perfiles de miembros locales asignados en otras juntas de control fiscal?
En varias ciudades grandes se incluyeron explícitamente a representantes locales en sus juntas de control fiscal. Cleveland, Nueva York y Buffalo tenían al alcalde, a miembros concejales u otros oficiales electos como miembros en función a tiempo completo o como miembros de oficio en sus juntas. En Cleveland, tres de siete de los miembros de la junta fueron nominados por oficiales locales y aprobados por el gobernador. En Miami, el gobernador asignó a todos los miembros, pero, aparte de una excepción, escogió una junta compuesta solamente por residentes de Miami (casi todos líderes de negocios o abogados), personas reconocidas y respetadas en la ciudad. En DC, el presidente asignó los miembros, pero al menos cuatro de cinco miembros de la junta de control fiscal eran residentes de la ciudad, incluso durante cambios de miembros de la junta se mantuvo de esa manera. Algunos de los miembros de esta junta tenían un extenso entendimiento sobre DC, pero otros eran vistos como aliados de los intereses federales en vez de los locales.
Diálogo: Vimos como en Detroit, el valor de los bienes raíces se desplomaron luego de que entró la junta de control fiscal. ¿Cree que lo mismo pasará en Puerto Rico, considerando cuántos edificios son propiedad del Gobierno?
Kobes: Creo que el valor de los bienes raíces tiene que ver más con las dinámicas de un mercado mayor y la estabilidad económica de una comunidad que con una junta de control fiscal. No creo que la creación de una junta de control fiscal impacte el valor de las propiedades. Tampoco conozco lo suficiente sobre el mercado de bienes raíces de Puerto Rico para predecir que puede impactar su valor. En Detroit ya había precios muy baratos en los bienes raíces, antes de la junta de control fiscal. La ciudad estuvo demoliendo y desarticulando miles de propiedades, y muchos grupos habían desarrollado planes para detener la baja negativa en el valor de las propiedades (como, por ejemplo, sacando intencionalmente servicios de algunos vecindarios para enfocarse completamente en servicios y desarrollos en otras partes de la ciudad).
Diálogo: ¿Cuál es el efecto global que estas juntas de control fiscal ha tenido en las universidades públicas y en la educación pública en general, en ciudades como Miami, Detroit o Washington DC?
Kobes: El enfoque en las universidades y la educación pública no fue mi objetivo principal [en su investigación], así que haré énfasis en aquellos lugares donde la situación con la educación pública obtuvo gran cobertura de la prensa. Antes de su junta de control fiscal, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) era gratis o de muy bajo costo para todos los residentes de la ciudad. Como resultado de la junta de control fiscal, el estado de Nueva York le quitó a la ciudad el control del financiamiento de la universidad e impuso matrículas más alineadas a las de otras instituciones del sistema público universitario. CUNY sigue siendo una universidad pública fuerte. Washington DC y Detroit, ambas han tenido un sistema público problemático en los grados de K-12, antes de recibir las juntas de control fiscal. En DC, las juntas tenían supervisión del sistema escolar público y esa es considerada como un área en el que se percibieron como excesivos y sin éxito. Por ejemplo, contrataron a un CEO impopular que renunció antes de que la junta finalizara. Sin embargo, el Congreso aumentó los fondos de su sistema de educación pública, y eso no hubiese sucedido sin la existencia de la junta de control fiscal. El sistema de escuelas pública de Detroit tiene su propio administrador de emergencias, no sé mucho al respecto, pero el gobierno del estado lleva ya siete años supervisando el caso de la ciudad (como si fuera una junta de control fiscal) y las finanzas continúan poniéndose peor. Su último administrador de emergencias fue la misma persona que era administrador de emergencias en la ciudad de Flint cuando se cambió el sistema de acueductos y renunció cuando empezaron a salir a la luz pública los problemas de contaminación con plomo. Así que, en los casos de Detroit y DC, las juntas de control fiscal no han ayudado para nada a sus ya atribulados sistemas de educación.
Para ver la primera parte de esta entrevista, pulse aquí. Para escuchar un podcast donde Kobes habla del caso de Puerto Rico, pulse aquí. A continuación la tesis doctoral de Kobes.
Deborah Kobes: ‘Out of Control?: local democracy failure and fiscal control boards’ by Diálogo
