Hace más de un mes desde que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió la renuncia del alcalde del municipio de Guaynabo, Héctor O’Neill, luego que se le imputara un caso de hostigamiento sexual laboral y agresión sexual. Sin embargo, la vicealcaldesa del municipio de Guaynabo, Aurialis Lozada, junto a un grupo de féminas que laboran en la alcaldía, realizó recientemente una conferencia de prensa para defender la integridad del municipio y sus empleados ante la ola de críticas.
Ni la decisión del gobernador, ni la presión mediática, ni la presión de los cientos de constituyentes inundando las líneas telefónicas de la alcaldía han sido suficientes para lograr la renuncia del alcalde.
“O´Neill no es caso aislado. Es realmente la punta de un iceberg”, afirmó la abogada Amarilis Pagán durante un conversatorio celebrado el pasado 28 de marzo, en el cual se analizaron las estructuras de poder que permiten y promueven el machismo y mantienen a figuras como O’Neill en el poder.
“Tiene mucho que ver con la perspectiva de género y con lo que ocurre en la Legislatura. El caso de O’neill se ve grave en sí mismo, pero cuando lo vemos dentro de ese mapa es más espeluznante todavía”, aseguró Pagán, quien es directora ejecutiva del Proyecto Matria, organización comunitaria que ofrece servicios de desarrollo a mujeres sobrevivientes de violencia por razón de género.
El hecho de que la investigación fuera iniciada por presión pública y no por las múltiples querellas que hicieran mujeres víctimas resulta alarmante, dijo Pagán. “Tenemos que mirar el asunto de la impunidad. Nos hace temer que estamos ante uno de esos casos en donde la impunidad triunfa e incentiva que cada vez menos mujeres denuncien”, señaló.
Pagán, quien corrió por una silla en el Senado por el Partido del Pueblo Trabajador durante las pasadas elecciones, criticó, además, lo que describió como la hipocresía del Partido Nuevo Progresista (PNP) con relación a este caso. Y es que, a pesar de que el miembro de más alto rango del PNP pidió la renuncia del alcalde de Guaynabo, el partido no se ha expresado en pleno. “Por eso, él [O’Neill] está donde está”, expresó Pagán.
“A nivel político el manejo pudiera ser de otra manera si estuviéramos con un partido en el poder que tuviera como prioridad en sus asuntos erradicar la violencia hacia las mujeres. Una política de cero tolerancia. No lo hemos visto en las últimas décadas, cada vez que el PNP ha llegado al poder, sus políticas han sido nefastas para la mujer”, añadió.
Pagán señaló que este partido se ha valido de los consejos del sector fundamentalista para favorecer una política pública que crea condiciones favorables para que este tipo de actos ocurra y queden impunes.
Una de las figuras más notorias es Daniel Fernández Torres, obispo de la diócesis católica de Arecibo. Fernández ha demostrado tener una influencia significativa en la Legislatura y ha sido una de las figuras vocales en contra de la perspectiva de género en el país.
“Este es el obispo que durante la administración de [Luis] Fortuño se opuso a la carta circular de educación sexual en las escuelas públicas. De hecho, Fortuño dijo que la estaba derogando porque el obispo le pidió que la derogara. Es el mismo que ha regañado a la actual Procuradora de la Mujer porque ha hablado de perspectiva de género”, comentó Pagán.
En enero, el gobierno contrató para asesorar a la Cámara y el Senado al pastor Ricardo Rosado y al sacerdote Carlos Pérez, ambos miembros del colectivo fundamentalista Puerto Rico por la Familia, entidad que ha sido uno de los oponentes más fuertes en contra de los derechos LGBT y la perspectiva de género.
De igual manera, ese mes reabrió la Oficina de Base de Fe para ser dirigida por Rosado, quien además es moderador del programa radial Sin Separación de Iglesia y Estado.
“Esas personas están allí dentro del Senado recibiendo información privilegiada, enterándose de proyectos de ley primero que todos nosotros e influyendo en decisiones”, lamentó Pagán.
“Tenemos en la Cámara a [Milagros] Charbonier dirigiendo la Comisión de lo Jurídico, que toma decisiones sobre el Código Civil y tantos otros temas que nos interesan a las mujeres. La asesora Carlos Pérez, archienemigo de los derechos humanos de la comunidad LGBT. En ese contexto han comenzado a enmendar leyes, han comenzado a proponer enmiendas a la Ley 54, que hace más difícil la radicación de cargos bajo la Ley 54 y pone en riesgo a las víctimas”, agregó.
Las panelistas concluyeron en que el trato que ha recibido el caso de parte del gobierno central, cómo ha sido manejado por la alcaldía y el peso de estos líderes religiosos en la Legislatura, principalmente, lleva un mensaje de abstención a las mujeres víctimas.
“Esto para mí es bien alarmante porque lleva un mensaje hacia las mujeres que si un hombre te agrede sexualmente siempre se le da el beneficio de la duda. Se ponen en duda las palabras de la víctima y no los actos del agresor. El denominador común de esto es la mala distribución de poderes, la inequidad que hay en términos de género”, señaló Nicole Curet, coordinadora fiscal de Matria.
Por su parte, la psicóloga Mercedes Rodríguez López, reconoció que la popularidad del caso ha estimulado la discusión sobre temas de educación y equidad sexual. Asimismo, se mostró optimista ante la opinión pública que ha generado el caso, en su mayoría crítica hacia el alcalde.
El conversatorio se llevó a cabo en Libros AC, en Santurce y fue organizado por el Instituto del Género y la Educación de Avanzada, división educativa del Proyecto Matria.
