“Si tocan a una, nos tocan a todas”.
(Consigna en manifestación contra alcalde de Guaynabo)
A la hora de escribir estas líneas, Héctor O’Neill es alcalde de Guaynabo.
O’ Neill, a quien Wanda Vázquez Garced, secretaria del Departamento de Justicia y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, le solicitaron la renuncia.
O’Neill, el mismo contra quien una mujer policía radicó una querella el pasado diciembre por hostigamiento sexual ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la Oficina del Panel de Fiscales Especiales Independientes.
Por eso – y por más- han sido varias las protestas que se han suscitado en el país.
La más reciente ocurrió el lunes pasado frente al Departamento de Justicia de Puerto Rico, en donde un centenar de personas exigió una ‘investigación rápida, efectiva y justa’, ‘un alto a la violencia contra las mujeres’ y la renuncia del líder municipal.
En el piquete, convocado por la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y Coordinara Paz para la Mujer las consignas fueron varias:
“La justicia retrasada es justicia denegada”; “O’Neill se ríe de las mujeres, del gobernador, de la Justicia y de las leyes”; “Alcalde violador”, y “Secretaria de injusticia: basta ya de corrupción”.
Otras denuncias entonadas fueron: “Si tocas a una, nos tocas a todas; alcalde violador”; “No habrá paz si O’Neill no se va”; y “O’Neill, ‘macharrán’, te vamos a parar”, entre otras.
“Son nuestras hermanas, en algunos casos, nuestras madres”
Pedro Peters Maldonado, manifestante de 75 años, camisa amarilla y pantalón corto participó en la protesta – incluso con un fuerte dolor de rodilla- convencido de que “ya el crimen es crimen contra el género, es algo que a nosotros [los hombres] también nos afecta, porque [las víctimas] son nuestras hermanas, en algunos casos nuestras madres, nuestras hijas”.
“¿Vamos a permitir eso? Es hora ya de acabarlo”, apuntó, mientras una fila de oficiales del Negociado de Investigaciones Especiales y de la Policía de Puerto Rico – compuesta mayormente por mujeres durante los primeros minutos de la protesta- veló por el orden.
Tanto autoridades estatales como federales han puesto su mirada investigativa sobre denuncias de agresión sexual -y de corrupción- presentadas contra el funcionario, quien ayer reiteró que no renunciará a su puesto.
“No pueden recibir este mensaje de impunidad”
“Las miles de mujeres que han sido víctimas -que están siendo víctimas- de agresión sexual no pueden recibir este mensaje de impunidad por parte del Estado. No importa la posición que ocupe una persona, nadie tiene el derecho de agredir a otro ser humano sexualmente”, declaró, por su parte, Vilma Gonzalez Castro, representante de la organización Coordinadora Paz para la Mujer.
Cabe señalar que, según el informe sobre violencia sexual que prepara el Departamento de Salud de Puerto Rico cada dos años, en el 2014 la Policía de Puerto Rico reportó 1,718 querellas de esta índole en el país. Estos son solo los casos reportados, porque como el mismo informe aclara “hay que tomar en cuenta que la violencia sexual es uno de los crímenes menos reportados debido a la naturaleza de los hechos, las implicaciones y el estigma que tienen estos eventos”.
El caso trasciende Guaynabo
De ser cierta la denuncia contra O’Neill, quien dirige la alcaldía de Guaynabo desde el 1993, el caso albergaría acciones con las cuales pudieran identificarse miles, en distintos municipios del país: un individuo con mayor poder abusa de uno con menos, un sujeto con más fuerza agrede a otro, un patrono violenta los derechos humanos de su empleado.
De hecho, han habido casos recientes donde otros ejecutivos municipales han sido acusados en los tribunales y sentenciados por este tipo de conducta, como sucedió con los exalcaldes de Guayanilla y Adjuntas, Edgardo Arlequín Vélez y Roberto Vera Monroig. A pesar del malestar público que causaron ambas situaciones, estos dos funcionarios fueron indultados en diciembre del año pasado por el exgobernador Alejandro García Padilla al aproximarse el fin de su mandato.
También está el caso del excalde de Cidra, Ángel “Wiso” Malavé Zayas, quién a pesar de haber sido encontrado culpable en nueve cargos por actos lascivos se le sentenció a cumplir su pena en probatoria y restricción domiciliaria.
Tal vez sea esa una de las razones por las cuales va en aumento el interés público por que se investigue con rigor, voluntad y transparencia el caso, que pudiera ser de tantos más.
Josefina Pantoja, líder de la OPMT, explicó a Diálogo que se preparan para entregar la carta que han firmado electrónicamente más de 10,000 ciudadanos para peticionar la renuncia del alcalde. El documentó se llevaría a alguno de los escenarios públicos del país “desde donde se supone que se investigue”, según Pantoja.
Hermes Ayala colaboró con esta historia.
A continuación más miradas a la manifestación del lunes, por el lente de Ricardo Alcaraz:
