La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó las primeras negociaciones a fin de redactar un nuevo tratado vinculado a la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos de los océanos, casi 64 por ciento de los cuales están fuera de toda jurisdicción nacional.
Elizabeth Wilson, directora de política internacional de océanos de The Pew Charitable Trusts, dijo a IPS que las negociaciones versarán sobre cuatro elementos: recursos genéticos marinos (que incluye el asunto de compartir los beneficios), medidas como herramientas de gestión (que incluye áreas marinas protegidas), evaluación de impacto ambiental y construcción de capacidad y transferencia de tecnología marina.
El comité preparatorio de la ONU, creado por la Asamblea General, comenzó su primera sesión el 28 de este mes, la que concluirá el 8 de abril. Es el comienzo del proceso, explicó Wilson, que continuará con más reuniones en 2017.
En 2018, la Asamblea General decidirá la organización de una conferencia intergubernamental para concretar el tratado. Así comenzará un proceso que llevará varios años y que permitirá establecer nuevas formas significativas de proteger las aguas internacionales.
“Esta serie de reuniones puede derivar en la creación de algunas nuevas disposiciones significativas para proteger los océanos en una generación. Los países tienen la posibilidad de unirse para cubrir los vacíos en materia de gestión de la alta mar y demostrar su compromiso con la conservación marina más allá de las fronteras”, expresó Wilson.
El embajador Palitha Kohona, uno de los presidentes del comité especial de la ONU sobre Diversidad Biológica más allá de la Jurisdicción Nacional, explicó a IPS que se necesita del comité preparatorio para hacer recomendaciones sobre un instrumento de implementación en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar.
Aparte, se prevé que la Asamblea General convoque a una conferencia intergubernamental en su 72 período de sesiones.
Dada la urgencia de la mayoría de los países, en especial del Grupo de los 77 (G-77), la mayor coalición de estados en desarrollo, además de China y la Unión Europea (UE), el comité preparatorio estará bajo una presión considerable para concretar las recomendaciones en el plazo previsto.
“Pero también hay que ser realista”, alertó Kohona, quien encabezó la Sección de Tratados de la ONU.
“Algunas potencias como Estados Unidos, Rusia, Japón, Noruega y Corea del Sur se mostraron reacios a unirse a la mayoría de los países durante las negociaciones del grupo de trabajo. Además, ellos son de los pocos con capacidad tecnológica para explotar los recursos de las profundidades marinas”, aclaró.
Uno de los acontecimientos interesantes tras los debates de los últimos 10 años, en especial después de la cumbre de Río+20, como se conoce a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, realizada en 2012 en Río de Janeiro, fue la alianza que surgió entre el G-77, China y la UE, observó Kohona.
“La importancia para la humanidad de este proceso único de la ONU, que creará un mecanismo normativo transparente para garantizar el progreso económico y tecnológico con igualdad, queda de manifiesto por el hecho de que 90 por ciento de la biomasa puede encontrarse en los océanos”, indicó.
“También se tiene la idea de que algunos ambientes oceánicos deben ser áreas protegidas para garantizar la conservación de los recursos. Se cree que la vida se originó en los primeros océanos. Nuestro futuro también puede depender de ellos”, subrayó Kohona.
En lo que respecta a la duración de las negociaciones y al plazo para concretar el tratado final, Kohona explicó a IPS que las negociaciones sobre el derecho del mar llevaron mucho tiempo.
La Convención del Derecho del Mar llevó más de 10 años, primero bajo el liderazgo del embajador de Sri Lanka, Hamilton Shirley Amerasinghe, y luego bajo el de Singapur, Tommy Koh.
El actual grupo de trabajo sobre el tratado de alta mar demoró nueve años en concretar su labor y hacer sus recomendaciones en enero de 2015, dirigido por el embajador de Sri Lanka en la ONU y el asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.
“Miembros clave de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, Turquía y Venezuela, no forman parte de la Convención del Derecho del Mar, aunque se considera que la mayoría de sus disposiciones forman parte del derecho internacional consuetudinario”, apuntó Kohona.
Mientras, la organización Pew Charitable Trust precisó en un comunicado de prensa que por el momento, un conjunto de mecanismos de gestión son responsables de regular la navegación, la pesca y la extracción en las áreas comunes, pese a que no existe una estructura cohesiva que garantice que ciertas áreas de alta mar están protegidas y a salvo de las actividades humanas.
El comité preparatorio trabajará para cubrir los vacíos legales en lo que respecta a la gestión de las aguas internacionales. El nuevo tratado también permitirá la creación de reservas marinas, lo que permitirá proteger definitivamente significativas zonas con valor ambiental.
“Sin reservas ni áreas marinas protegidas, será virtualmente imposible concretar la recomendación del Congreso Mundial de Parques de proteger 30 por ciento del ambiente marino, cuanto menos cubrir 10 por ciento (de las zonas costeras y marinas) al que se comprometieron los países en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, remarcó.
Una de las metas de los 17 ODS se propone “para 2020, conservar por lo menos el 10 por ciento de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible”.
