Colectivo académico analiza la realidad política, social y cultural de Puerto Rico
En Espacios Abiertos, a través de nuestra iniciativa Ojo a la Junta, nos hemos dado a la tarea de identificar aquellas instancias en que la ley PROMESA menciona qué documentos, informes o reuniones serán públicos, confidenciales o no expresa con certeza si se divulgarán, con el fin de reclamar que se publiquen. (Suministrada)
SOBRE EL AUTOR
Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
La junta de control fiscal (JCF) celebró su primera reunión el pasado viernes, 30 de septiembre de 2016. Entre las acciones que llevó a cabo se encuentra el requerimiento de cierta información financiera del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
En Puerto Rico existe un derecho constitucional de acceso a la información. Sin embargo, no sabemos si la JCF divulgará estos documentos. Por eso debemos exigir que se respete nuestro derecho y se publique dicha información.
En Espacios Abiertos, a través de nuestra iniciativa Ojo a la Junta, nos hemos dado a la tarea de identificar aquellas instancias en que la ley PROMESA menciona qué documentos, informes o reuniones serán públicos, confidenciales o no expresa con certeza si se divulgarán, con el fin de reclamar que se publiquen.
Como parte de esta iniciativa analizamos otras jurisdicciones de Estados Unidos que han tenido juntas de control fiscal para evaluar qué información ha sido divulgada proactivamente en sus respectivos portales cibernéticos y así promover buenas prácticas de acceso a información en Puerto Rico.
Entre las entidades evaluadas están Buffalo Fiscal Stability Authority (BFSA) en Nueva York, Municipal Assistance Corporation (MAC) de la ciudad de Troy en Nueva York, Pennsylvania Intergovernmental Cooperation Authority (PICA) y Detroit Financial Review Commission (DFRC) en Michigan. A continuación presentamos lo que dichas entidades publican y lo que se debe emular.
En primer lugar, en las jurisdicciones antes mencionadas es práctica recurrente incluir el itinerario y calendario de las reuniones futuras de las juntas, junto con la agenda, hora y lugar específico. Por lo general, las reuniones son abiertas al público, se transmiten en vivo y se guardan las grabaciones en archivos electrónicos. Incluso abren al público las reuniones de los comités de la junta, como es el caso del BFSA, donde las reuniones del comité de auditoría, finanzas y presupuesto son públicas. Además, las agendas, minutas y resoluciones de cada reunión se encuentran disponibles para beneficio de la ciudadanía.
En segundo lugar, los reglamentos, procedimientos y políticas internas de la junta son publicadas en sus portales. Entre los más relevantes se encuentran aquellos reglamentos y políticas que manejan la conducta ética y de conflictos de intereses entre los miembros de la junta; guías de controles internos; guías para las contrataciones; y políticas sobre contacto con cabilderos.
Esta última llama mucho la atención, pues en el caso del BFSA, la junta tiene una política específica que maneja el contacto con cabilderos. En particular se establece que la junta debe mantener un récord oficial de todos los contactos con cabilderos; entiéndase, cualquier conversación, telefónica o personal, u otro tipo de correspondencia entre algún miembro de la junta y un cabildero debe ser registrada para determinar si las decisiones tomadas por el organismo han sido influenciadas por un cabildero. Estos récords deben ser custodiados por un oficial que los guardará por un término de siete (7) años en un sistema de almacenaje electrónico.
Con respecto a las normas sobre contrataciones, resulta relevante mencionar el caso del PICA, cuyo portal incluye todos los contratos actuales que ha entablado con firmas o individuos externos. Del mismo modo, el MAC en la ciudad de Troy publica informes de contrataciones anuales con una descripción del servicio contratado, la cuantía y el término de vigencia. Esto permite evaluar si ha habido un proceso transparente y libre de influencias indebidas en el proceso de licitación y adjudicación de contratos.
Otros documentos incluyen los presupuestos anuales aprobados por el gobierno; los planes fiscales aprobados; información fiscal de las ciudades; análisis de los sistemas de pensiones; las proyecciones y flujo de efectivo del gobierno; recomendaciones sobre los planes fiscales sometidos; certificaciones de controles e informes de auditorías internas de las entidades de control fiscal; los informes anuales de las juntas sobre su progreso y cumplimiento con su deber.
Así por ejemplo, en el portal del PICA se publican los informes mensuales de ingresos fiscales de la ciudad de Philadelphia desde el 2008 hasta agosto de 2016. Dicha información es beneficiosa, ya que permite comparar y analizar mes a mes cuánto se recauda en impuestos y qué medidas se deben implementar para mejorar el sistema de recaudación de impuestos.
De la misma forma, estas jurisdicciones publican los planes fiscales, así como los presupuestos aprobados. El MAC en la ciudad de Troy, por ejemplo, incluye las solicitudes de aprobación de presupuesto del gobierno para cada año, junto con una explicación y descripción del proceso de adopción del presupuesto y fuentes de ingreso, así como los gastos fiscales que se deben tomar en consideración.
Asimismo, en todos los portales antes mencionados se incluyen informes con recomendaciones y comentarios de las juntas sobre los planes fiscales sometidos. A modo de ilustración, el BFSA prepara informes sobre revisiones y comentarios al plan fiscal, en donde explica la brecha presupuestaria, las iniciativas de la ciudad de Buffalo para reducir esa brecha y evalúa la razonabilidad de dichas acciones.
Por otro lado, el FRC de Detroit publica anualmente los planes de ajuste o adaptación, las proyecciones de aquí a 40 años, los planes operacionales y financieros, así como los informes sobre las condiciones fiscales de la ciudad. Igualmente publica los informes sometidos ante la corte de quiebras sobre la factibilidad del plan de ajuste o adaptación de la ciudad.
Otro asunto a considerar es que estas entidades publican sus informes de progreso anualmente, en los cuales resumen sus logros, acciones llevadas a cabo en cumplimiento con sus deberes, metas, estados financieros y auditorías independientes. El PICA incluye informes de logros desde el 1992 hasta el 2015 en los cuales resume sus metas, acciones concretas, auditorías independientes y sus estados financieros para cada año fiscal. Con respecto a las auditorías internas que realizan firmas independientes de contabilidad, aunque se informa sobre el grado de cumplimiento y controles internos, así como los gastos administrativos y operacionales, cabe destacar que estas se realizan luego de finalizar el año en cuestión, lo que imposibilita evaluar con precisión y con tiempo si se han desviado del presupuesto asignado.
En cuanto a los informes sobre las deudas del gobierno, el MAC en la ciudad de Troy incluye los itinerarios de deuda. En dichos documentos se indica el flujo de efectivo disponible para el pago del servicio a la deuda.
Del mismo modo, en el PICA se publican los informes analizando el sistema de pensiones de la ciudad de Philadelphia. En dichos informes se discute el sistema de pensiones en general, se compara con otras ciudades, se evalúan los riesgos y se proponen reformas al sistema de pensiones.
Según hemos visto, de la información requerida por la JCF al gobierno de Puerto Rico, los informes de ingresos y gastos, los informes de cumplimiento con el presupuesto y los informes de pagos al servicio de la deuda deben publicarse tan pronto sean emitidos. Además, esperamos que todo documento relacionado a las labores de la JCF se publique, incluyendo, pero no limitándose a los informes de intereses financieros de los miembros de la JCF, los cuales deben ser públicos de acuerdo a la Oficina de Ética Gubernamental Federal, así como los salarios de los empleados de la JCF; entiéndase su director ejecutivo, consejero legal, coordinador de revitalización y demás personal de la JCF.
Del mismo modo, recomendamos que el reglamento de la JCF sea más detallado, ya que es una copia exacta de la ley PROMESA, lo que impide evaluar con precisión sus procedimientos internos. Esto es cónsono con los principios básicos de acceso a la información pública reconocidos internacionalmente y en nuestra Constitución. Reiteramos la obligación de la JCF de que todo informe y documento que genere, reciba o custodie sea público, así como toda gestión que lleve a cabo.
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