Otras posibles medidas para resarcir la crisis fiscal de la UPR

Una nueva propuesta para atajar la crisis fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue presentada por otro grupo de profesores. Esta vez los autores son: Waldemiro Vélez Cardona, representante claustral del Senado Académico de Río Piedras ante la Junta Universitaria; Martha Quiñones, economista y planificadora; y Luis P. Sánchez-Longo, profesor de humanidades en el recinto de Humacao. Estas medidas podrían representar un ahorro total de unos $234 millones.

Dicho grupo de profesores expuso, a través de una carta, una serie de posibles soluciones al problema económico de la primera institución pública del País. Gran parte de esta propuesta contiene posibles alternativas que ya otros profesores universitarios habían hecho públicas. En ese primer grupo se encuentran Juan Lara, de Economía; Javier Colón, de Ciencias Políticas y Carlos Severino, profesor de Geografía y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

Estos últimos habían propuesto la reducción de gastos y el recorte en la alta burocracia administrativa, puntos en común que tienen junto con esta reciente propuesta emitida. Asimismo, habían propuesto una cuota estudiantil, para que los estudiantes contribuyeran a resolver esta crisis. Este es uno de los renglones que hace que esta misiva se diferencie de la anterior publicada. Pues, este grupo de profesores no lo incluye como una alternativa para resarcir la crisis presupuestaria de la UPR.

La eliminación de dos de las tres Vice-Presidencias (que en los años 90’s no existían) es una de las medidas que tienen en común ambos grupos. Esto implicaría un ahorro de unos $2.5 millones, junto con la eliminación de aumentos de sueldo para los puestos de confianza y el recorte de nuevos puestos que se hayan creado en el pasado año fiscal 2009-2010.

También, la propuesta resalta el beneficio de “restarle $10 millones a los $18,959,018 millones asignados en el 2009-2010 en contratos de Servicios Profesionales”.

Esta reducción significaría que tendrían que trabajar con $1 millón menos que para el año fiscal 2008-2009, cuando se asignó la cantidad de unos $9.6 millones. Restarle $5 millones a la partida de otros servicios por contrato; unos $5 millones más a otros costos, “ dentro de los cuales se pueden ubicar dineros de uso discrecional, como podrían ser las campañas mediáticas”; y otros $5 millones a las bonificaciones y beneficios de la gerencia a nivel de los recintos y dependencias de la UPR, sería otro alivio al presupuesto.

Para poder hacer maravillas con este presupuesto, “lamentablemente habría que mantener muchas plazas vacantes”, lee la carta. De esta forma, Quiñones, Vélez-Cardona y Sánchez-Longo sugieren que se ahorren $18 millones, unos $6 millones menos de lo que propone la administración. De implantarse estas medidas, se estima un ahorro de poco más de $45 millones.

Otra área que –según los catedráticos- ayudaría a subsanar la crisis fiscal universitaria, sería el cobro de deudas. “Si se lograra recuperar al menos la mitad de los cerca de $300 millones de cuentas por cobrar acumuladas, podríamos tener ingresos de $150 millones adicionales”.

Para esto, se deberían asegurar que el gobierno les asigne “los $36,034,582 que nos adeuda por habernos asignado menos de lo que nos correspondía por la fórmula en dos años consecutivos (2005-2006 y 2006-2007), según consta en el Acuerdo Interagencial firmado por la UPR y OGP el 30 de diciembre de 2008”.

Por otro lado, conseguir una línea de crédito por el total del déficit o la mitad parece ser una manera de rápidamente obtener un alivio en el nuevo año fiscal. Estos profesores proponen que se solicite “acogiéndonos a la ley 2 ó 4 del 2009 que nos permite dicho crédito sin tener que tener que evidenciar forma de repago”. Así, “podríamos salir de la crisis momentánea en lo que se articula un presupuesto, luego de un estudio serio donde se establezcan criterios adecuados para mantener una buena salud fiscal que nos lleve a proteger nuestro patrimonio educativo”.

Sin embargo, ellos buscarían pagar dicha línea de crédito una vez consigan el dinero que el gobierno les adeuda. Además, tratarían de dialogar con el Secretario de Hacienda para que “el dinero recuperado por evasión contributiva de individuos o por concepto de los más de mil millones por evasión al IVU se le aplique automáticamente el 9.6% de la fórmula”. Esto equivaldría a $96 millones, “ya que de todas maneras dichos ingresos van a parar al fondo general de gobierno”, concluyeron.

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