Otro Puerto Rico ya existe

Las marchas, piquetes, las campañas, los partidos, el trabajo comunitario y social, entre otros, son en sí procesos educativos; son escuelas de formación política. (Suministrada)

12 de mayo de 2018 Por Especial para Diálogo Opinión Resaltado

Por: Jesús E. Vélez Méndez

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

“Cada individuo que prescinda de una voluntad colectiva
y no trate de crearla, suscitarla, extenderla, organizarla,
es simplemente un tonto de capirote, un ‘profeta desarmado’, un fuego fatuo”.

Antonio Gramsci

Hasta hace poco el ambiente en Puerto Rico no parecía propicio para ningún cambio. En las elecciones de 2016, pese al descontento masivo con los dos partidos principales, la derecha obtuvo nuevamente la mayor cantidad de votos.

Aunque ahora hay muchos frentes manifestándose contra las políticas impuestas, no había una oposición masiva en las calles en contra de lo que representa el Congreso de Estados Unidos y el gobierno local.

El Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y la Junta de Control Fiscal llevaban proponiendo políticas antipáticas y, ante la falta de oposición masiva en las calles o en las elecciones, tenían el camino libre para impulsar todas las medidas de austeridad que quisieran. Todo parecía indicar que Puerto Rico quedaría en manos de la derecha extrema; del fascismo neoliberal.

Las políticas que históricamente han impuesto el PNP y el PPD y el gobierno de Estados Unidos han sido nefastas para la economía. Luego del huracán María esa violencia gubernamental ha quedado más clara por la pérdida dramática de vidas y el rompimiento de cientos de familias.

El sistema de energía eléctrica quedó en un estado raquítico, lo que genera inestabilidad y altera la paz de muchos. Miles de personas perdieron sus trabajos solo para volver a ser contratados bajo la normativa de la reforma laboral. Al día de hoy, tenemos personas en los campos sin ningún tipo de asistencia institucional, sin techo, agua, luz o comida.

Esas y otras circunstancias llevan a muchas personas al desamparo pero también han promovido que los reclamos de la población se canalicen políticamente. En los últimos meses, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del sistema público de enseñanza ha provocado una mayor apatía hacia la propuesta de privatización. Las encuestas publicadas por algunos medios de comunicación demuestran que hay una fuerza importante que se opone a la privatización; una buena parte del país no cree en esta política económica.

En el caso de la privatización a la AEE hay un apoyo mayoritario de acuerdo a dos encuestas producidas por Noticel y Endi. Sin embargo, hay un porcentaje considerable de personas que no están de acuerdo. Aunque formen una minoría de 20% pueden ser canalizadas.

En el caso de la privatización de las escuelas, aunque las encuestas no preguntan directamente sobre ese asunto, sí ha habido un apoyo mayoritario a los paros efectuados por los maestros. Por ejemplo, en la encuesta que publica Noticentro (de WAPA televisión) el 18 de marzo a la pregunta ‘¿Apoyas el paro de maestros?’ el 66% de los participantes respondió que sí.

Una forma en la que se han canalizado los reclamos ha sido mediante la puesta en marcha de los proyectos educativos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR). En respuesta a ambos proyectos de privatización han creado estructuras con el objetivo de difundir información y educar a la población sobre sus implicaciones.

Esos procesos educativos y el aumento en la cantidad de personas en contra de la privatización son pasos importantes para quienes creemos en la transformación política y económica de Puerto Rico.

Más allá de la oposición creciente a esas políticas de privatización, hay también una mayoría que no apoya el bipartidismo, ni la colonia, ni la junta. Esto significa que los movimientos que aspiran a un cambio sustancial tienen una oportunidad histórica de obtener apoyo de un grupo importante de la población.

Es cierto que por muchos años la mayoría de los puertorriqueños tenían una afinidad a la “relación permanente con Estados Unidos”, ya fuera en su aspecto colonial o asimilista. Sin embargo, la realidad ya es otra. Según las últimas encuestas, la mayoría de los participantes no quieren a la Junta de Control Fiscal en la isla.

Por otra parte, las dos opciones de unión permanente se han debilitado. En el plebiscito organizado por el anexionismo en 2017 solo fueron a votar medio millón de electores. Esa cifra representa un descenso de más de un millón con respecto a las otras consultas. Por su parte, la estadidad obtuvo una disminución de más de 200,000 electores, el PNP no logró movilizar a su base estadista.

El Congreso ha rechazado toda propuesta que lleve a Puerto Rico a tener igualdad con los estados de la unión y que representen algún indicio de anexión. Tampoco asignó fondos para el plebiscito de estatus. En cuanto al Estado Libre Asociado (ELA), el plebiscito del 2012 demostró que la mayoría de los votantes está en contra de mantener las relaciones territoriales con Estados Unidos.

Esta votación marcó un cambio para la legitimidad del ELA ya que Estados Unidos reconoció a través del informe del ejecutivo la importancia de los resultados en esa pregunta. El ELA también quedó deslegitimado por el caso de Sánchez Valle vs. Pueblo de Puerto Rico, dónde se declaró el carácter territorial del gobierno de Puerto Rico. Antes de esos hechos el apoyo hacia el ELA y hacia el PPD había comenzado a declinar como consecuencia de la crisis económica. Ambos escenarios aceleraron el descenso.

Hoy, los estadolibristas tienen muy poco apoyo y me atrevo a afirmar que la libre asociación le ganaría en una consulta popular. Para más, antes de que se incluyera el ELA en el último plebiscito de 2017, en una encuesta de El Nuevo Día, cerca de un 15% de las personas que tenían intención de participar en el plebiscito indicaron que votarían por la opción de la libre asociación/independencia (Encuesta del Nuevo Dia, 72% dice que participará, 7 de junio de 2017).

La posibilidad de que una fuerza no colonial a favor de la soberanía se coloque en la segunda posición, por encima del status quo, es una realidad palpable. Los incentivos que mantenían a toda una base política en Puerto Rico, el PNP con la estadidad o el PPD con el ELA, han sido duramente golpeados.

La pérdida de apoyo al bipartidismo es aún más evidente. En la última elección ambos partidos sacaron poco más de 600,000 votos, cerca de un millón de personas no votan y en las últimas tres elecciones el PNP y el PPD han perdido entre 200,000 y 300,000 electores.

Considerando el hecho de que el contexto político actual es mucho más desfavorable para el PNP y el PPD que el que enfrentaron en 2016 y si continúa el mismo patrón de descenso en votos, el bipartidismo sólo puede esperar en las elecciones de 2020 alrededor de 500,000 a 400,000 votos cada uno. Estos ya no son partidos grandes con el favor de la mayoría de los electores hábiles.

Aunque se han formado varios frentes de oposición o resistencia a la Junta de Control Fiscal (JCF), al bipartidismo, a la colonia y al neoliberalismo, todavía no han podido canalizarse en una estrategia política nacional a largo plazo. Para canalizar la molestia adecuadamente es imprescindible conocer y entender las razones fundamentales de nuestra condición de pobreza y los mecanismos políticos que permitan revertir nuestros problemas. Sin duda, se habla de procesos que toman tiempo.

Los puertorriqueños pueden comprender su realidad económica e incluso canalizarla en un proyecto político mediante procesos educativos que no necesariamente impliquen educación formal. Las marchas, piquetes, las campañas, los partidos, el trabajo comunitario y social, entre otros, son en sí mismos procesos educativos. Los eventos sociales tienen a veces un fin pedagógico al igual que los partidos políticos o la autogestión; son escuelas de formación política.

La lucha nacional por el poder es un proceso educativo amplio y la educación es siempre nuestra primera herramienta de lucha. Las organizaciones que pretenden impulsar cambios profundos en la sociedad deben aspirar a fomentar cambios tanto subjetivos como objetivos. De aquí que se requiera que los diversos sectores regionales, locales y nacionales, políticos, sociales, ecológicos, o económicos unan voluntades en las aspiraciones nacionales que recogen a la gran mayoría de la población.

Mañana no se pierda la segunda parte de este artículo: “¿Cómo se organiza un proceso de lucha nacional a largo plazo?”