La comisión encargada de investigar la concesión de las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó –por tercera vez consecutiva– posponer la presentación del informe de hallazgos para la última reunión de la Junta de Gobierno el próximo 20 de junio.
El tema se volvió a aplazar anoche en la penúltima reunión del máximo foro rector de la UPR, en la que también se repasó la situación económica de la universidad estatal y se dejó en remojo dos resoluciones: una a favor de la población universitaria trans –y condenando todo acto de discrimen por identidad de género–, y otra para que el organismo se expresara en contra de la reducción del salario mínimo federal a $4.25 para los jóvenes entre 18 a 25 años.
El panorama fiscal
Al momento, la UPR ha recibido $772.1 de los $821.4 millones que le corresponde para este año fiscal, lo que deja a la institución con $49.3 millones por cobrar de aquí al 30 de junio.
Ahora, la Junta de Gobierno y la Administración Central están a la expectativa de los cambios que pueda hacer la Asamblea Legislativa al presupuesto de $9,100 millones para el año fiscal 2016-2017, presentando ayer en la tarde por el gobernador Alejandro García Padilla.
De acuerdo al primer ejecutivo, el presupuesto sometido a consideración legislativa no reduce las partidas de salud, educación, seguridad, agricultura y bienestar social, ni los ingresos que recibe la UPR por concepto de la fórmula.
Como es de conocimiento público, sin embargo, el presupuesto del primer centro docente del país se congeló en $833.9 millones en junio de 2014 por concepto de la Ley 66, la Ley de Sostenibilidad Fiscal. En julio de 2015, la Orden Ejecutiva 27 decretó una reserva de 1.5% en todas las dependencias gubernamentales, lo que provocó una reducción adicional de $12.5 millones.
Desde entonces, la UPR maneja sus operaciones con $821.4 millones, y no de acuerdo a lo que le correspondería por concepto de la fórmula, tal como estipula la Ley 2 de 1966. El flujo de efectivo a la universidad se garantizó en enero de 2016 mediante un acuerdo verbal entre Uroyoán Walker Ramos, presidente de la UPR, y Juan Zaragoza Gómez, secretario del Departamento de Hacienda, quien traspasa semanalmente $18.5 millones a la institución.
Dos resoluciones sobre la mesa
En otros asuntos, el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, Christian Arvelo Forteza, presentó una resolución que buscaba que el cuerpo de gobernanza se declarara a favor de una política antidiscrimen contra la población trans. Dentro de la moción se solicitaba desautorizar a las autoridades universitarias el requerirle a los estudiantes transgéneros utilizar facilidades sanitarias inconsistentes con su identidad de género.
La resolución, no obstante, se dejó sobre la mesa ante reparos del secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, de que la moción era “muy amplia”, y que debía pasar a la consideración de los comités de ley y reglamento y estudiantil. Esto, a pesar de que bajo su tutela el propio Departamento de Educación ha comenzado a integrar la perspectiva de género en los currículos escolares. La Junta de Gobierno ya se expresó a favor de una educación con perspectiva de género en los currículos universitarios.
Arvelo Forteza también presentó otra resolución para que la Junta de Gobierno se expresara en contra de la reducción del salario mínimo federal a $4.25 para la población de 18 a 25 años por parte del Congreso estadounidense. La medida está incluida en el proyecto de la Cámara 4900, conocido como PROMESA, y que establecería una junta de control fiscal en la isla.
La moción, nuevamente, se dejó sobre la mesa el reclamo por parte del doctor Juan Aponte Vázquez de que la junta “no está en posición de pasar juicio”. Mientras, el licenciado Juan Acosta Reboyras dijo que con una beca de estudio de $4,000 al año y un salario mínimo de $4.25 la hora “no está tan mal” para el presupuesto de un estudiante.
