Para septiembre proceso judicial contra tres exrectores de la UPR

Justicia estimó que $73,000 fueron malversados como parte de los hechos ocurridos entre junio del 2011 y noviembre del 2012. En la foto, el licenciado Eladio Malavé, defensa legal de Varona Echeandía. (Suministrada / Viviana Tirado)

6 de julio de 2017 Por Sadot Santana Miranda Resaltado UPR

El juez Enrique Silva Avilés determinó ayer continuar en septiembre la vista preliminar contra Juan Varona Echeandía, Juan Ramírez Silva y Yanaira Vázquez Cruz, exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que enfrentan cargos por participar en un esquema de fraude del programa CRECE-21, creado para certificar a maestros del Departamento de Educación (DE).

Luego de que los abogados de los acusados conversaran por media hora con el juez Silva Avilés, este pautó la audiencia para el próximo 12 de septiembre a la 1:30 p.m. en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El trío de exdirectivos universitarios y seis coacusados más –algunos de ellos familiares de aquellos y emparentados entre sí– enfrentan 263 cargos por los delitos de fraude, malversación de fondos públicos y apropiación ilegal agravada del programa de Certificación y Re-Certificación, mejor conocido como CRECE-21. Este fue desarrollado durante la presidencia de Miguel Muñoz (2011-2013) entre la UPR y el DE, con el objetivo de adiestrar a maestros en materias de difícil reclutamiento.

El esquema consistió en defraudar al programa CRECE-21 con compras que realizaban los acusados para su uso personal, pero haciendo creer –mediante falsificación de documentos y ayuda de empleados del hotel Caribe Hilton– que estas estaba relacionadas con los talleres de certificación para maestros que se realizaron en la hospedería.

Las compras incluyeron servicios de spa, cenas en restaurantes, gastos en barras, pago de habitaciones, compra de ropa y calzado de marcas reconocidas, fiestas, y productos para la piel y el cabello, entre otras.

El Departamento de Justicia estimó que $73,000 fueron malversados como parte de los hechos ocurridos entre junio del 2011 y noviembre del 2012. Los cargos fueron presentados por los fiscales Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada, del Panel de Fiscales Especiales Independientes.

Ramírez Silva es exrector de la UPR en Arecibo, donde actualmente enseña. Varona Echeandía, mientras, es exrector y profesor de la UPR en Cayey. Vázquez Cruz es exrectora de la UPR en Utuado y exayudante especial de Muñoz.

Entre los acusados figuran además Jonathan Ramírez Pérez, quien es hijo del exrector de la UPR en Arecibo; Nilda Vázquez Cruz, quien es hermana de la exrectora de la UPR en Utuado; y Ada Hernández Santiago, quien es madre de Ada López Hernández y abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR en Bayamón. Completa la lista de los acusados Jonathan Ramírez Pérez.

López Hernández era directora de CRECE-21 en la UPR y coordinadora del programa en la UPR en Arecibo.

A la salida, el licenciado Eladio Malavé, quien representa al exrector de la UPR en Cayey, expresó que se planteó ante el juez Silva Avilés la posibilidad de que exista prueba exculpatoria que beneficiaría a los acusados. Los demás abogados de la defensa no emitieron declaraciones.

Los fiscales independientes Arill García y Núñez Corrada también rechazaron comentar.

Por otro lado, Diálogo se comunicó con la rectora interina de la UPR en Arecibo, Sylka Torres Navas, quien puntualizó que se mantendrán atentos al transcurso del caso.

Torres Navas agregó que, de encontrarse culpable a los imputados –incluyendo a Ramírez Silva, quien enseña en el campus arecibeño–, la institución realizará el debido proceso que otorga la ley de la UPR para la suspensión de empleo, sueldo o remoción del personal.

Actualmente, Muñoz aspira a la presidencia del primer centro docente del país. Su candidatura ha sido rechazada por varios sectores de la comunidad universitaria precisamente por esta controversia, así como por irregularidades con el manejo de fondos de la National Science Foundation.

El pasado 25 de mayo, la jueza de instancia Ileana Blanco había determinado causa para arresto contra los exfuncionarios, quienes prestaron fianza.

Viviana Tirado colaboró en esta nota.

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