Diversos sectores de la clase estudiantil y obrera del País marcharon desde diversos puntos de la Isla en repudio a la Junta de Control Fiscal (JCF) y por una educación accesible y de calidad.
Los manifestantes, quienes se movilizaron desde diferentes puntos estratégicos del área metropolitana, se congregaron frente al edificio Seaborne en la Milla de Oro en Hato Rey, lugar en donde ubican las oficinas de la JCF. Allí, sectores como la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, el Movimiento Sindical entre otros rechazaron las acciones y planes de la administración actual porque, alegadamente, son “medidas anti-obreras y en contra del pueblo de Puerto Rico”.
Uno de los reclamos que el Movimiento Sindical realizó durante el Paro Nacional fue la auditoría de la deuda pública. Asimismo, rechazó en una declaración escrita, la privatización de servicios públicos y la JCF como entidad. “Defendemos los derechos humanos de todos y todas el respeto a la diversidad y el derecho a vivir sin violencias. Rechazamos cualquier discriminación por edad, raza, color sexo, orientación sexual, identidad de género, nacimiento, distintas capacidades físicas o sensoriales, origen social o nacional condición social, afiliación política o ideas religiosas”, indicó la organización.
Además expresó su repudio a la recién aprobada Ley 938 mejor conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La ley “deja sin efecto toda ley orgánica, general o especial y/o disposiciones aplicables exclusivamente a los beneficios marginales que podrán disfrutar los funcionarios o empleados públicos unionados o no unionados del gobierno de Puerto Rico”.
También aseguraron defender la educación pública en todos los niveles , el ambiente y los recursos naturales, el derecho a la salud y a tener pensiones seguras. Por su parte, la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana exigió el derecho a la educación accesible y de calidad.
“Queremos que se tomen en consideración las propuestas ofrecidas por los diferentes sectores y por aquellos que no han sido escuchados aún para evitar el cierre de la Universidad de Puerto Rico. No podemos permitir que nuestra universidad desaparezca y con ella la esperanza de estudiar en la misma de los jóvenes de nuestras comunidades pobres”, expresó. Esto surge luego de proponerse $512 millones en recortes a la institución.
Ante esto, la Coalición exigió el derecho a recibir servicios de cuidado de salud que satisfagan la necesidad del pueblo. También se unió al reclamo de la auditoría de la deuda pública, proclamado por varios sectores congregados durante la manifestación.
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