La alternancia en el poder político entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista no sólo ha conseguido cambiar históricamente al ocupante de la silla principal de Fortaleza cada cuatro u ocho años, sino también a quien ostenta el asiento más importante en las esferas de poder dentro de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Por años, se ha considerado a la institución cual preciado botín de guerra del cual tiene que apoderarse quien resulte ganador de los comicios electorales en la Isla. Esta situación ha generado mucha tensión en la comunidad universitaria. En el 1992, por ejemplo, cuando el Partido Nuevo Progresista conquistó la mayoría del voto del electorado, el gobernador Pedro Rosselló, le solicitó la renuncia al Presidente de la UPR, José Manuel Saldaña, quien en ese momento no concurría con la línea filosófica de su partido. El doctor Saldaña, por su parte, se mantuvo firme en su posición de no renunciar por entender que el pedido de Rosselló constituía una crasa violación a la autonomía universitaria. El gobierno de turno en ese entonces elaboró una inusual estrategia que trastocó radicalmente el organigrama universitario. Sacó de la Universidad al Consejo de Educación Superior (CES), entonces entidad nominadora del presidente y los rectores, y lo sustituyó por una Junta de Síndicos. Al CES tan sólo le permitieron ocuparse del licenciamiento de las instituciones de educación superior. Mientras que la Junta, decidiría todo lo concerniente a la Universidad. El nuevo organismo se compondría de trece miembros, 10 de los cuales serían nombrados directamente por el Gobernador. De esta forma el Partido Nueva Progresista se aseguraba el control absoluto sobre la Universidad. El doctor Saldaña llevó el caso a los tribunales alegando inconstitucionalidad y violación a la Ley Universitaria de 1966 que reconoce la autonomía de la institución frente al gobierno central. Meses más tarde los tribunales fallaron en contra de la Universidad bajo el alegato de que la institución no tenía “legitimación activa” o capacidad jurídica para realizar tales reclamos. Pero esa, no ha sido la única ocasión en que un gobernador recién electo ha intervenido con el nombramiento del presidente universitario. El doctor Rafael Irizarry, quien fungió como senador académico en el Recinto de Río Piedras por varios años, recordó que a finales de la década del 60, recién estrenándose Luis A. Ferré como gobernador, el CES destituyó de la presidencia de la UPR a don Jaime Benítez. El profesor de la Escuela Graduada de Planificación indicó que en ese momento el problema surgió por el nombramiento del Rector del Recinto Universitario de Mayagüez. Benítez tenía un candidato a fin con su ideología pero no con la del CES, cuya configuración también había cambiado para que la mayoría de sus miembros fuesen simpatizantes del partido de Ferré. El organismo le exigió a Benítez que presentara un candidato distinto y como éste se negó terminaron destituyéndolo. Incidentes como estos son los que hacen que la ciudadanía mire con recelo los procesos de consulta mediante los cuales se seleccionan la mayoría de los dirigentes universitarios. Dichas consultas son tildadas de procesos pro forma, que se realizan por rutina pero sin ninguna representación verdadera del sentir de la comunidad universitaria. Sin embargo, Irizarry aseguró que estos procedimientos son importantes. Resaltó, por ejemplo, que el Recinto de Río Piedras tuvo un rol decisivo en la selección del doctor Norman Maldonado como presidente de la UPR en 1993. Aseguró que en ese año el candidato de Fortaleza era Herman Sulsona (a pesar de su dudosa trayectoria), sin embargo el Senado Académico de Río Piedras endosó a Maldonado, lo que a su entender tuvo mucho peso entre los miembros de la Junta de Síndicos. “Son apuestas”, dijo refiriéndose a las consultas, “a veces nos hacen caso y a veces no”, agregó. Aludiendo a este mismo incidente, el doctor Rafael Aragunde, quien lideró organizaciones de profesores en la década del 90 y se desempeñó como rector de la UPR en Cayey durante un tiempo, manifestó que algunas consultas culminan con nombramientos certeros. “En nuestra época, me atrevo a decir que depende de la comunidad universitaria. Si el Senado Académico selecciona un buen comité, si el comité que se constituya le aclara a la Junta de Síndicos que no se prestará para manipulaciones, si las Facultades dejan saber que no tolerarán el insulto que supone el nombramiento de una persona no apta y que respaldan a sus comités de consulta y si, finalmente, la comunidad nomina académicos de prestigio de modo que los aspirantes respaldados por alcaldes y otros políticos no sean opciones para los comités de consulta, el proceso culminará con un nombramiento apropiado. Pero si la comunidad no se interesa, no se postulan académicos capaces y no se selecciona un buen comité de consulta, se le deja vía franca a los que creen que la universidad debe estar controlada por los partidos”, sostuvo. Por otro lado, opinó que las transiciones administrativas en la UPR se han caracterizado por la ingenuidad. “Se engañan ingenuamente quienes celebran cambios de administración desde una estrechísima óptica partidista porque a la postre no ganan nada si no es el desprecio de la comunidad académica seria que si bien tolera estos cambios, indudablemente resultado de las presiones partidistas, sabe juzgar como poco universitarios a los que impulsan tales transiciones con sus embajadas a las comisiones legislativas”. Aragunde se mostró confiado con los resultados de esta nueva consulta que determinará quién será el próximo dirigente de la universidad del Estado. “Creo que la comunidad sabrá decirle a la Junta una vez más que no tolerará presidentes ni rectores que vengan a hacer política partidista. De todos modos, darle seguimiento a la excelente gestión del Lic. García Padilla en muchos ámbitos no será fácil y la Junta velará por no quedar mal ante el país”, sentenció.
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