El proyecto de ley que fue radicado la semana pasada en la Cámara de Representantes a petición del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), para que la institución reciba prioridad a la hora de ofrecer servicios al gobierno, tiene un objetivo “dual”, de acuerdo a uno de los autores de la medida.
El que tanto el gobierno central como los municipios tengan por obligación que recurrir primeramente al principal centro docente del país para acordar contratos por servicios, “garantiza mayor calidad al gobierno de Puerto Rico en términos de los servicios que requiere como también una separación del inversionismo político, se reduciría ese inversionismo en el que muchas veces se contratan a políticos derrotados para trabajos que muy bien podrían hacerse desde la universidad”, dijo Aníbal López Correa, representante estudiantil alterno ante la Junta Administrativa del Recinto.
“Como segundo objetivo, le dotaría a la universidad de una posibilidad de fuente de ingresos adicionales para cubrir lo que han sido tanto la congelación en el presupuesto como la reducción en otro tipo de ayudas, permitiendo que esos fondos se utilicen para contratar más profesores y atender las demás necesidades de los estudiantes”, añadió López Correa.
El Proyecto de la Cámara 2883 (PC 2883) exige a toda agencia pública notificar a la UPR de cualquier tipo de servicio que requieran. A partir de ese momento, la institución tendría 30 días para identificar los recursos internos que estarían capacitados para llevar a cabo la labor. Solo en caso de que la universidad indicara que no cuenta con los recursos para proveer el servicio, o de que no respondiera al cabo de los 30 días, es que las agencias gubernamentales podrían recurrir a contratos con la empresa privada.
Actualmente, la Ley 81 de 1991, mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos, ya provee legislación para que los municipios acudan a la universidad para la contratación por servicios. Sin embargo, la medida propuesta, además de hacerlo extensivo al gobierno central “cambia la forma de instrumentarlo, porque el propósito sigue siendo el mismo, lo único que se establece un proceso real que se pueda seguir”, explicó López Correa.
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto, entre el gobierno central y los municipios se han gastado casi $1.6 billones en contratos durante el presente cuatrienio en cuatro tipos de servicios: 1) Servicios de Adiestramiento, 2) Servicios de Adiestramiento y Orientación, 3) Servicios de Profesores y 4) Servicios Educativos y Relacionados a la Educación Especial. De ese total, la UPR ha recibido unos $16 millones, lo que representa poco más del uno por ciento de la suma.
Para que la medida, de convertirse en ley, pueda funcionar con la mayor eficacia posible serán necesarios ajustes al reglamento interno de la universidad, por lo que el liderato estudiantil ya ha solicitado reuniones con la oficina de Presidencia y otros funcionarios para discutir los posibles cambios.
“La institución tiene que establecer un plan de trabajo de cuáles son esas áreas donde realmente puede brindar los servicios. Los servicios y los recursos humanos (con los que cuenta la Universidad) son tan variados en esas cuatro categorías que señalamos en el proyecto de ley que lo que pretendemos es que la universidad pueda establecer un reglamento donde automáticamente le llegue un contrato que ellos entiendan que no tienen el expertise o la capacidad de ofrecerlo se lo indiquen y así (la agencia pública o municipio) se libera de esa responsabilidad”, detalló López Correa.
“De parte del director ejecutivo de la oficina del presidente ha habido disposición, entienden que el proyecto se puede trabajar. Hay unas cosas que hay que establecer en la reglamentación pero estamos por ese camino”, agregó el estudiante de maestría en la Facultad de Educación.
A todo esto, ¿cómo podría la comunidad universitaria velar por que la ley -que en principio beneficiaría directamente tanto a estudiantes como a profesores- se cumpla a cabalidad, contrario a como ha ocurrido con la Ley de Municipios Autónomos?, cuestionó este medio.
“Eso le va a corresponder a los distintos representante en los cuerpos universitarios y me imagino que la Oficina del Contralor jugará también un rol importante en velar por el cumplimiento”, dijo López Correa, al tiempo que indicó que existe el ambiente en la legislatura para aprobar la medida que presentaron los representantes Brenda López de Arrarás, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo.
Convertir el PC 2883 en ley “requiere un poco de trabajo porque ciertamente hay unos grupos de presión que se pueden oponer en la medida en que son sus intereses políticos y los que siempre reciben sus contratos para después subvencionar campañas políticas los que se van a presentar a oposición. (Pero) ante el escenario de crisis estamos apostando a que hay que hacer cambios radicales y necesarios para el país y este es uno de esos cambios. Estaríamos reinvirtiendo de una mejor forma los recursos públicos y potenciando y apostando a lo que es la educación y los servicios que se pueden dar desde las universidades”, puntualizó López Correa.
El líder estudiantil informó que desde ayer, jueves, los proponentes del proyecto estarán cabildeando en la legislatura y que asimismo buscarán reunirse con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para recibir su insumo en lo que se refiere a los cambios que serán necesarios implementar al reglamento universitario.
