La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro)
informó que diversas organizaciones y medios de comunicación estadounidenses se unieron como “Amigos de la corte” en los esfuerzos legales para lograr mayor accesso informativo en los tribunales.
Se trata del caso ante el Tribunal Supremo federal para que se
hagan públicas las grabaciones de la joven Andrea Ruiz Costas alegadamente asesinada en 2021 por su expareja,
Previo, la familia de Ruiz Costas sometió su respuesta como parte del caso en apoyo a la demanda contra el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de sus abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
De igual forma, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sometió su escrito en que la entidad “apela al sentido más básico de justicia procesal de esta Honorable Corte para revisar y eventualmente revertir la lamentable decisión a continuación, para que la muerte de Andrea
Ruiz-Costas no sea totalmente en vano”.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó hacer públicas las grabaciones de las vistas judiciales a las que Ruiz Costas acudió en busca de auxilio por las amenazas de su expareja.
“El derecho de acceso a la información gubernamental y a los procesos y registros judiciales está implícito en las libertades fundamentales de expresión y de prensa. Puede estar limitado en circunstancias excepcionales si la denegación de acceso está justificada por un interés imperioso y la restricción se adapta estrictamente a ese interés”, aseveró indica el argumento del Colegio.
Por su parte, la Clínica de la Universidad de Cornell, que representa a Gannett, Company, dueña de muchas organizaciones en línea, periódicos y medios de televisión), la Asociación Nacional de Fotoperiodistas y la Asociación de Publicadores de Nueva York sometieron su alegato conjunto
donde exponen que la decisión del Supremo local “solo sirve para erosionar la confianza pública en el poder judicial”.
“La decisión espontánea de la Corte Suprema de Puerto Rico de prohibir categóricamente el acceso a todos los procedimientos y registros de violencia doméstica privó al peticionario de la oportunidad necesaria para ser escuchado”, añade el documento legal.
Asppro ni el Overseas Press Club (OPC) tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos ante el máximo foro judicial de Puerto Rico.
“Es importante que los ciudadanos a los que nos debemos conozcan el apoyo de tantas organizaciones, universidades importantes, abogados expertos y, sobre todo, la familia de
Andrea Ruiz Costas[, dijo la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.
El OPC, que junto a la Asppro formaron la Alianza Pro-Transparencia para visibilizar el reclamo ante el Supremo federal, precisó en su alegado como amigo de la corte que “el efecto duradero de la decisión es que la Corte Suprema de Puerto Rico prácticamente cerró procesos judiciales,
tanto penales como civiles, presentes y futuros, sin tomar en cuenta ni siquiera mencionar la Primera Enmienda o citar el precedente de esta Corte que define los alcances del derecho de acceso”.
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