Cuando el Estado hace pública una información, no hace un “regalo” o concesión; simplemente cumple su función ministerial. Pero cuando esta es retenida, o divulgada solo a ciertos medios, o difundida con poco tiempo, impidiendo así un análisis ponderado de lo que se propone, los ciudadanos ostentan legítimamente el derecho de solicitarla.
Así afirmó el catedrático y abogado Efrén Rivera Ramos, quien fue el primero en conversar con los periodistas que se dieron cita el pasado sábado al taller Casos y cosas del acceso a la información en Puerto Rico, organizado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y Espacios Abiertos en la sede de esta última en San Juan.
Rivera Ramos explicó que la falta de acceso a la información afecta otros derechos, como la libertad de expresión y el derecho a defenderse de los atropellos del Estado. Por esto, agregó, el gobierno debe ser proactivo; es decir, debe tener la iniciativa de brindar esta información antes de ser solicitada.
Según el letrado, el artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico dispone que “todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto por la ley”.
Si bien el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico aclaró que el derecho a la información está protegido por la constitución, hay unas excepciones que limitan su ejercicio. Estas incluyen: que una ley así lo declare porque se considera que es información confidencial; que la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios contenidos en las Reglas de Evidencia; que revelar la información pueda lesionar derechos fundamentales de un tercero; que se trate de la identidad de un confidente; y que sea información oficial conforme a la Regla 514 de Evidencia.
Aun con los principios del derecho a la información, los periodistas coincidieron que, en muchas ocasiones, obtener documentos públicos no es un camino fácil. Según Rivera Ramos esto se da porque hay tres obstáculos. En primer lugar, la actitud de muchos funcionarios, quienes piensan que su deber es proteger la agencia para la cual trabajan. En segundo lugar, la ausencia de una ley de acceso a la información pública. Por último, la abundancia de leyes y reglamentos que decretan la confidencialidad de gran cantidad de información.
Realidades del derecho a la información
Luego de la conferencia de Rivera Ramos, Carla Minet —directora del Centro de Periodismo Investigativo (CPI)— y Luisa García Pelatti —periodista y editora del medio digital sobre temas de economía Sin Comillas— narraron sus experiencias, en las que el incumplimiento del derecho a la información por parte de las agencias gubernamentales las ha llevado a los tribunales.
En su caso, García Pelatti le solicitó al Departamento de Hacienda el informe de la reforma contributiva realizado por la firma de contabilidad y auditoría KPMG en el 2014.
“Ante los peros lo normal es decir ‘sigo con otra cosa’”, expresó la periodista. Y así lo hizo. Poco después de enviar correos electrónicos y sostener comunicación verbal, telefónica y escrita con funcionarios de la agencia sobre la solicitud para obtener el informe, García Pelatti decidió iniciar una campaña en las redes sociales para que otros periodistas también lo solicitaran y así causarle presión a Hacienda.
Según contó, en las conferencias de prensa los periodistas preguntaban el estatus de la solicitud. La campaña logró contar con el apoyo de la ASPPRO, cuyo presidente en ese entonces, Rafael Lenín López, le manifestó su apoyo y solidaridad en caso de ir a los tribunales. “Lo que se hizo fue que se volvió a solicitar la información con una carta formal, con un poco de lenguaje legal para meter un poquito de miedo”, narró.
Hacienda contestó —y continuó insistiendo posteriormente— que el documento era un borrador. Eventualmente, la solicitud para obtener el informe sobre la reforma contributiva llegó al tribunal. Allí, algunos de los argumentos de Hacienda para no brindar el documento fueron que entregar el informe causaría alarma pública; que el público podía llegar a conclusiones incorrectas; que el pueblo iba a estar desinformado y que obligaría al gobierno a contestar preguntas de la prensa. El Tribunal ordenó que se entregara la información.
De otro lado, Minet describió como “frustrante” el caso del CPI, que aún no ha rendido frutos. El CPI solicitó a la Fortaleza y al Banco Gubernamental de Fomento la lista de quién tiene la deuda de Puerto Rico, es decir, quiénes han comprado los bonos de Puerto Rico.
Minet explicó que esta información solo la tiene “gente privilegiada”, personas que pagan por acceder a las ventas. Cuando el CPI solicitó esta información las respuestas que recibieron fueron evasivas, y actualmente el reclamo está ventilándose en el tribunal.
La periodista mencionó que han sido muchas las sorpresas que se ha llevado en el proceso. Aseguró que no es cierto que cualquier ciudadano puede pedir información pública porque hay muchas barreras para un ciudadano común. También le sorprendió que la jueza pidiera que el CPI demostrara que el Estado tenía esa información, cuando debe ser al revés, lo que denota la falta de conocimiento de la magistrada.
En la sección de los comentarios finales, se presentó la queja de la exclusividad de información para algunos medios locales e internacionales. Ante esto, García Pelatti recalcó que los periodistas deben unirse, pedir la información y no favorecer la exclusividad, sino denunciarla.
