Los conflictos sociales en Perú, producto de las desavenencias en torno a lo medioambiental, vuelven a generar violencia y desencuentro entre las empresas, el Estado y la población de las zonas mineras. Esta vez ocurrió en la provincia de Espinar, al sur del país.
El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuart, anunció la declaratoria de emergencia de la provincia de Espinar, región Cusco, luego que se suscitaran hechos de violencia en las protestas que, desde hace una semana, se producen en la zona. En las últimas horas, han fallecido dos personas por impacto de bala, existen varias personas heridas y un fiscal fue secuestrado por algunas horas.
La declaratoria del estado de emergencia implica restricciones a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y las libertades de reunión y de tránsito. Estas medidas regirán durante treinta días.
Las protestas en Espinar tienen como foco las actividades de la empresa suiza Xstrata Copper Perú, que explota en la provincia la mina Tintaya Antapaccay, y que mantiene en el departamento de Apurímac el yacimiento Las Bambas. Durante muchos años, desde Lima, se ha percibido que esta empresa, así como su antecesora BHP Bilinton, cumplía con los estándares ambientales y mantenía una buena política de responsabilidad social empresarial.
Quienes impulsan las movilizaciones contra la actividad minera en la zona señalan, como punto principal de sus demandas, la necesidad de renegociar el Convenio Marco suscrito en el 2003 entre representantes de Espinar y la empresa BHP Bilinton, dado que desde 2006 es Xstrata quien opera en la zona y, además, porque se habrían incumplido varios de los compromisos suscritos en dicho documento.
Estándares ambientales
En particular, los dirigentes que lideran la paralización acusan a Xtrata de no respetar los estándares ambientales. Sobre este punto, la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani ha señalado que existen “opiniones contrastantes sobre informes relacionados a contaminación ambiental presentes en el territorio de la provincia de Espinar. Por ello, se requiere considerar todos los informes en cuestión para realizar en forma objetiva y científica nuevos estudios e investigaciones participativas, concertadas y legitimadas por todas las partes involucradas en este conflicto”.
La Vicaría ha participado en la realización de algunos estudios que alertan sobre el posible exceso en límites máximos permisibles de ciertas sustancias que afectan a los pobladores y al ecosistema de la zona. Frente a ello, en las últimas horas, Xstrata ha señalado que están dispuestos a que se realicen “monitoreos participativos adicionales dentro del marco legal, a fin que se esclarezca cualquier percepción o preocupación que la población pudiera tener”.
Empleos para población local
Otras demandas se vinculan al incremento del porcentaje de ciudadanos de Espinar que serán empleados en puestos que no requieren mayor calificación, así como el incremento del porcentaje entregado como aporte voluntario por Xstrata calculado sobre las utilidades antes de impuestos. Se pedía el incremento del 3% al 30%. Este último punto ha sido cuestionado debido al pobre nivel de ejecución del gasto exhibido por la Municipalidad Provincial de Espinar, desde la que se ha manifestado que las dificultades para gastar se generaron por la ausencia de proyectos dejados por el alcalde anterior.
Para complicar más el panorama, el pasado viernes el presidente Ollanta Humala acusó de extremistas a los dirigentes de la paralización en Espinar, lo que acrecentó el grado de beligerancia desde dicho sector.
Contexto delicado
La protesta en Espinar se genera en un contexto delicado en torno a la actividad minera formal en Perú. Esta semana se anuncia el inicio de un paro regional indefinido en Cajamarca, como mecanismo de presión para que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto Conga, impulsado por la empresa Yanacocha, cuestionada por su manejo de las relaciones comunitarias.
En respuesta, sectores de la región Cajamarca beneficiados por la actividad minera realizarán una movilización a favor del proyecto. Hace poco más de un mes, el Gobierno señaló que el proyecto Conga debía realizar varios ajustes ambientales y sociales para su viabilidad, pero hasta el momento la empresa no ha manifestado si aceptará estas condiciones.
Asimismo, el Gobierno no ha sabido enfrentar un problema que tiene décadas en el Perú: la fiscalización de los compromisos asumidos por las empresas y la reforma de una normatividad ambiental que, en temas mineros, resulta aún débil frente a la magnitud de las operaciones en el sector, convertido en el principal motor de la economía peruana, una de las de mayor crecimiento en América Latina en la última década.
Fuente Radio Nederlands Latinoamérica
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