Sin duda alguna, la audiencia pública sobre la deuda y la crisis fiscal de Puerto Rico que se celebrará el 4 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., es uno de los esfuerzos más contundentes que han surgido dentro de la sociedad civil puertorriqueño para atender la debacle socioeconómica del País.
Una de las principales intenciones, según aseguraron los representantes de sobre 42 organizaciones de derechos humanos de Puerto Rico y la diáspora, es emplazar ante la comunidad internacional a los Estados Unidos para que asuman su rol con respecto a la deuda de Puerto Rico, pues “esto se trata de ua responsabilidad compartida”, tal y como señalara el doctor José Caraballo, catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
Pero, ¿qué peticiones formales se realizarán en ese foro internacional a favor de Puerto Rico? Según explicó el grupo defensor de derechos humanos el pasado lunes en conferencia de prensa, son múltiples los requerimientos que se le solicitarán al gobierno de Estados Unidos, representado en cuatro de sus ramas, al igual que al de Puerto Rico.
La primera petición, se indicó, alude a ambos gobiernos.
“Que se detenga la implementación de más políticas fiscales de austeridad, tanto por Estados Unidos como por el gobierno de Puerto Rico, con efecto regresivo y que atente con la protección de los derechos humanos en la isla”, señaló el profesor Caraballo.
En cuanto a lo que incumbe al gobierno estadounidense, se realizarán planteamientos correspondientes a la Reserva Federal, al Congreso, al Ejecutivo y al Tribunal Supremo. En cuanto a la Reserva Federal, se le pedirá que endose nuevas emisiones de corto y largo plazo de Puerto Rico y que implante las recomendaciones que hiciera el economista Arturo Estrella en un reciente informe para la Fundación Carvajal, quien sugirió que el gobierno federal cuenta con las herramientas a su disposición para resolver el problema de liquidez que sufre en estos momentos el archipiélago borincano.
Con respecto al Congreso, son varias las solicitudes que el grupo hará durante su audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, destacaron, se pedirá que no se imponga una Junta de Control Fiscal ya que eso exacerbaría la situación colonial, pues se gobernaría por imposición, y también abonaría a la debacle económica, debido a las medidas de austeridad que dicha junta implementaría.
Segundo, se le pedirá al Congreso que apruebe medidas de desarrollo económico para Puerto Rico, como la remoción de las leyes de cabotaje y la flexibilización de los visados para los turistas internacionales que vayan a Puerto Rico, cosa de ayudar que la economía internacional fluya mejor.
En tercer lugar, se solicitará que se pareen los fondos de Medicaid y Medicare, y que se permita acceso al crédito por trabajo para incentivar el trabajo local. También, el grupo le exigirá al Congreso que permita una reestructuración del estado benefactor a nivel local para que no se les quiten las ayudas a las personas en empleo precario.
De igual forma, se le peticionará al Congreso que permita el acceso a un mecanismo de reestructuración de deuda, tanto a nivel local como federal, donde el recorte del principal en deuda no sea menor al 20%, que la tasa de interés no exceda el 5.5% pagado por la autoridad de energía eléctrica quebrada de Detroit y que la moratoria en los pagos se extienda por varios años para usar ese dinero en obra pública, como, por ejemplo, nuevas generatrices eléctricas amigables al ambiente y una nueva represa de agua, entre otros posibles proyectos.
“La responsabilidad del Congreso en esta crisis es clara al destruir la economía de Puerto Rico quitándole su principal motor económico, que era la sección 936, sin esperar por el resurgir de una estrategia vigorosa alternativa”, destacó Caraballo.
De igual forma, aludió a los 3 mil millones de dólares ofrecidos en un proyecto radicado por el senador Orrin Hatch como una “compensación por el lucro cesante de la acción congresional de 1996, con la 936 la supervisión federal debe limitarse los fondos federales”.
Entonces, están las peticiones que en nombre de Puerto Rico el grupo defensor de los derechos humanos le harán a Casablanca. La primera sería que el Presidente de EEUU no firme ley alguna que contemple una Junta de Control fiscal federal para Puerto Rico.
Asimismo, se le peticionará al Ejecutivo que formalice el crédito de 4% a las foráneas permanentemente; que endose nuevas emisiones de corto y largo plazo de Puerto Rico que permitan resolver la falta de liquidez; y que, ya que acepta que hay una crisis humanitaria en Puerto Rico, que utilice su poder negociador para convencer al Congreso de las peticiones de arriba.
Con respecto al Tribunal Supremo de EEUU, el grupo también destacó varias peticiones. La principal, sin embargo, es que permita la ley de quiebra local (Ley #71 de 2014) para atender así el limbo jurídico lo antes posible y evitar una reestructuración desordenada con múltiples reclamos en los tribunales estatales y federales, los cuales no van a poder resolver adecuadamente los propios tribunales.
En cuanto al gobierno de Puerto Rico, la coalición exigirá, antes que todo, que defienda la dignidad y la calidad de Puerto Rico al cabildear por las peticiones correspondientes al gobierno de Estados Unidos, so pena de declarar un impago unilateral indefinido que contagie negativamente el mercado municipal de Estados Unidos.
Igualmente, se pedirá que no acepte una imposición del Congreso sobre una Junta de Control Fiscal y que el Congreso tiene de por sí una responsabilidad particular en esta crisis. También se les peticionará que provea fondos para que la comisión que audita la deuda de Puerto Rico pueda hacer un análisis abarcador y a tiempo y que no se page la deuda contraída fuera de los límites constitucionales. Además, se le pedirá al gobierno boricua que establezca la regla fiscal promovida por el Centro para la Nueva Economía y que inserte participación ciudadana para que fiscalice la regla en las dependencias gubernamentales y que establezca consecuencias criminales a los que evadan.
Finalmente, el grupo destacó algunas solicitudes que le harán a la propia Comisión Interamericana. La principal, claro está, es que se consideren todas las peticiones anteriores. También, pedirán que la Comisión se exprese en contra de la violación de derechos humanos que resultan de la aplicación de políticas fiscales regresivas e injustas en Puerto Rico y que se mantengan monitoreando a Estados Unidos y al gobierno de Puerto Rico por la situación de los derechos humanos y la implementación de políticas fiscales justas y acorde con los derechos en la isla. Más aún, se solicitará que se establezcan guías y recomendaciones para que los estados adopten políticas fiscales justas, progresistas y dirigidas a garantizar los derechos humanos.
El movimiento que celebró la conferencia de prensa el pasado lunes incluyó a la licenciada Ataveira Medina, que representa al Boys and Girls Club y a sobre 100 organizaciones sin fines de lucro; a la presidenta de la Unión del Banco de Fomento, María Teresa Rodríguez; al escritor, poeta, abogado y profesor del Recinto de Río Piedras, Guillermo Rebollo-Gil; a la licenciada Annette Martínez, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana; a la abogada, coordinadora de la organización Acceso a la Justicia y profesora de la Universidad de Sagrado Corazón, Ariadna Godreau; a la abogada y profesora del Recinto de Río Piedras, Mariana Iriarte; al representante de Amnistía Internacional, Rubén Kondrup; al productor Pedro Muñiz; a la licenciada Eva Prado; a la candidata a la Comisaría Residente en Washington por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) Mariana Nogales; y al doctor Caraballo.
“Es hora de que la sociedad civil y el pueblo de Puerto Rico cobre una voz sólida sobre lo que sucede con nuestro País y con la crisis que atravesamos”, resaltó la licenciada Prado.
