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La investigación por la desaparición masiva de niños durante el franquismo y buena parte de la democracia en España va camino de convertirse en un conflicto internacional.
Primero fueron los afectados andaluces los que anunciaron que llevarían sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerarlos delitos de lesa humanidad. Ahora son los canarios Colectivo Sin Identidad quienes han acudido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidiéndole que obligue al Estado español a buscar a los niños dados en adopción irregular, posiblemente robados, y los restituya a sus familias y acaben así con su actual “sufrimiento”.
La denuncia fue interpuesta el pasado lunes 8 de octubre en Ginebra (Suiza) ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” dado el “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990.
El autor de la denuncia, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.
Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, pero aclara que con esta acción ante la ONU no se pretende la persecución de estos delitos.
Se trata más bien de seguir el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, sobre todo cuando el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que el caso argentino. Este grupo de trabajo actúa precisamente como cauce de comunicación con los gobiernos para averiguar la suerte y paradero de los desaparecidos.
Por eso, en la denuncia se pide a la ONU que ordene al Gobierno español la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de datos genéticos, un grupo de fiscales especializados y una unidad de Policía judicial dedicada solamente a este asunto.
“Es el Estado el que tiene que intervenir, no se puede dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes”, cuando la legislación obliga a “una investigación oficial efectiva e independiente”. Así lo establece, según señala Rodríguez Arias, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que España ratificó en 2006 y debe transponer a la normativa nacional antes del próximo 23 de diciembre.
Sin embargo, hasta ahora se están encontrando con la “pasividad” del Gobierno. La denuncia ante la ONU, firmada también por el sociólogo Francisco González de Tena, afirma que las víctimas españolas están recibiendo “un trato inhumano y degradante” vinculado a “la angustia y el destrozo psicológico” derivados de no poder encontrar a los hijos, madres, padres y hermanos que buscan.
En los juzgados se han interpuesto ya unas 1,500 denuncias, y varias miles más se están investigando de forma privada, pero hasta el momento no han redundado en la averiguación de la identidad actual de los desaparecidos, ningún médico, funcionario o religioso implicado ha sido condenado y solo se ha imputado a la monja madrileña sor María Gómez Valbuena.
Los afectados invitan a la ONU a enviar una delegación a España para comprobar “la situación profundamente dramática” que viven las familias y piden ser recibidos en Ginebra para explicar los casos.
Un portavoz de Colectivo Sin Identidad y víctima también de esta trama declaró a Periodismo Humano que se están encontrando en todas las instancias judiciales e institucionales con “una ruta de silencio muy dura, el bastón de la ansiedad es tan cruel que es difícil resistir”, y “el tiempo juega en nuestra contra” puesto que la esperanza de vida de muchos niños criados en orfanatos, como es el caso de bastantes desaparecidos, es menor que la del resto de la población, “es parte de la masacre que han hecho con nosotros”.
Este afectado relata cómo en las Islas Canarias, desde 1938 hasta bien entrados los años ochenta, funcionaron centros de Falange Española, colegios infantiles y orfanatos de los que salían hasta doscientos niños al año, entregados a familias o con certificados de muerte “más que dudosas”.
“La adopción era el botín de guerra”, afirma sin ambages, a la vez que denuncia los “métodos nazis” usados en esos orfanatos, que llevaban a algunos de esos niños “a la oligofrenia y a otras enfermedades mentales”.
Por eso, “la responsabilidad la va a asumir quiera o no quiera el propio Estado, yo no voy a denunciar a ninguna monja en particular, nos dejamos de pamplinas y vamos a la investigación global”, concluye.
En este mismo ámbito internacional, el denunciante pionero de robo de bebés de España, el abogado granadino Eduardo Raya, anunció el pasado mes de septiembre que llevaría el caso de la presunta sustracción de su hija, ocurrida en 1990, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, al constituir un “ataque sistemático contra la población civil”.
Raya anunció que otros afectados están en la misma tesitura de que sus casos, una vez agotado el recorrido judicial español, acaben también en Estrasburgo.
Fuente Periodismo Humano
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