Los huracanes Irma y María no solo dejaron en Puerto Rico daños que superan los $90 mil millones y una reducción de 15% en la economía para este año fiscal: la repentina emigración masiva y el cierre de miles de negocios tras la catástrofe erosionaron la base contributiva, lo que implica que el gobierno no ingresará millones de dólares al fisco y lo imposibilita de mantener su ya alicaída operación.
De ahí que, para subsanar el déficit de ingresos, expertos plantearan a la Junta de Control Fiscal (JCF) la necesidad de privatizar los servicios que se estimen como no esenciales, aun cuando la administración de Ricardo Rosselló y el ente federal no han definido cuáles son los “esenciales”.
“Tenemos que identificar las funciones esenciales del gobierno para financiarlas con el dinero que entra al fisco por contribuciones. Las otras funciones que el gobierno quiera proveer tendrán que ser autofinanciadas, privatizadas o vía unas alianzas público-privadas. Estamos perdiendo personas y las que se quedan no deberían recibir la carga de actividades gubernamentales que, aunque es bello tenerlas, no son importantes”, planteó la exsecretaria de Hacienda Xenia Vélez Silva.
“La insolvencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Carreteras y Transportación evidencian la incapacidad del gobierno y la necesidad de inversión privada. El plan fiscal [revisado] deberá privatizar todo lo que no sean servicios esenciales para la ciudadanía”, dijo por su parte el economista Gustavo Vélez.
Su homólogo Ramón Cao resumió que, en esencia, el gobierno tiene que determinar cuáles actividades va a mantener y cuáles va a eliminar.
Las expresiones se dieron en la segunda audiencia pública que realizó ayer la JCF en la sede de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles en Hato Rey. Allí, invitaron a economistas, analistas financieros y representantes del sector público y privado para discutir los contornos de la nueva realidad demográfica y fiscal dejada por los dos ciclones.
Dicha realidad deberá reflejarse en el plan fiscal revisado que entregue el gobierno a la junta el próximo 22 de diciembre.
La privatización de servicios que de ordinario brinda el Estado a sus ciudadanos, así como el recorte en el gasto público y la desregularización de actividad económica a través de leyes laborales flexibles y la eliminación de impuestos a empresas, forman el grueso de las políticas de austeridad.
“Se dice que la austeridad es la solución, pero exacerbaría la debacle económica, según el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, si se eliminan 100 empleos gubernamentales, serían 55 empleos [más] que se perderán en el sector privado”, planteó, en contrario, el economista José Caraballo Cueto.
Agregó que muchas veces este tipo de políticas tiene efectos secundarios: mencionó, por ejemplo, que los despidos de entre 15,000 y 30,000 empleados públicos por la Ley 7 del 2009 afectó la solvencia de los sistemas de retiro.
A juicio de Caraballo Cueto, es necesaria una moratoria de cinco años en el pago de la deuda pública de $74 mil millones toda vez que se necesitan los recaudos del gobierno para mantener los servicios esenciales, muchos de ellos agravados tras la catástrofe.
Imperioso un Puerto Rico más competitivo y atractivo
Además de la privatización de servicios esenciales, peritos en política contributiva expusieron a la JCF la necesidad de revisar los impuestos actuales, así como las exenciones y beneficios contributivos que se otorgan a compañías extranjeras y simplificar el sistema contributivo local.
El fin, coincidieron, sería lograr que la isla sea una jurisdicción competitiva y atractiva para la inversión foránea.
“Puerto Rico es un lugar donde es muy difícil hacer negocios”, lamentó Isabel Hernández Campins, de la firma de autoría y contabilidad Kevane Grant Thornton.
“Si queremos crear crecimiento económico en Puerto Rico, tenemos que dar incentivos. Aquí tenemos dos: los incentivos contributivos y una buena fuerza laboral”, sumó por su parte el contable público autorizado Gabriel Hernández.
Dichos beneficios contributivos, empero, deberían analizarse para ponderar su rendimiento real, instó Cao.
“La ideología de exenciones y créditos contributivos a empresas ha tenido resultados perversos. No solo erosiona la base tributaria, sino que existen preferencias tributarias que no estimulan, sino que distorsionan, la capacidad de la economía para generar ingresos y empleos”, criticó.
Junto con lo anterior, Cao y Hernández Campins propusieron una revisión del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para gravar artículos distintamente, y no el estándar de 11.5% sobre todos. Vélez Silva añadió que debe facilitarse el proceso contributivo en Puerto Rico, reduciendo el costo de cumplir y aumentando, a su vez, el costo de la evasión.
Ambas propuestas abonarían a aumentar los dividendos de una base contributiva menguada por el éxodo de puertorriqueños y el cierre de negocios.
“Mientras más demore la recuperación, menor será la capacidad de las empresas para recuperarse y volver a producir. Ello limita tanto la capacidad de la economía para generar ingresos y empleos, como la del fisco para recaudar impuestos que le permitan financiar su gestión socioeconómica y pagar algo de la deuda pública. Además, perpetuaría la crisis humanitaria en la que estamos viviendo”, sentenció Cao.