El plan fiscal del gobierno central hecho público recientemente ofrece indicios de lo que se puede esperar del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico que debe ser sometido a la Junta de Supervisión Fiscal y Financiera (Junta de Control Fiscal) el 5 de abril.
Pese a reclamos en contrario, el plan fiscal del gobierno, presentado a la Junta el pasado 10 de marzo, mantiene los recortes en subsidios ya establecidos en el 2017 a la UPR y a los municipios.
Al presente la UPR recibe unos $646 millones en fondos públicos que provienen de fuentes estatales y locales, lo que implica que la institución pública está subsidiada por fondos públicos en un 47.5%, según el plan fiscal.
Para justificar los recortes en subsidios, el plan fiscal del gobierno establece que otras universidades públicas en los Estados Unidos están subsidiadas por fondos públicos a un nivel en promedio mucho menor de 25%.
Según el plan fiscal, para el 2020 la UPR recibirá un recorte en sus asignaciones de $86 millones; para el 2021 el recorte sería de $157 millones; para el 2022 de $180 millones; para el 2023 de $204 millones y para el 2024 de $207 millones.
Esto obligaría a la UPR a buscar alternativas de aumentar sus ingresos y reducir sus gastos. En ese sentido, el informe propone medidas de ingresos tales como el incremento en matrícula de acuerdo al ingreso promedio del estudiante.
Este aumento en matrícula ocurriría paralelamente con la creación de un programa de becas que se subsidiaría con fondos provenientes de recortes en los presupuestos de la Legislatura, el Tribunal General de Justicia y en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
Los recortes a esas agencias generarían unos $34 millones en fondos anuales por cinco años comenzando en el 2019 que se usarían para financiar el programa de becas, el cual sería manejado por la Oficina del Principal Oficial Financiero que dirige Raúl Maldonado, quien es también Secretario de Hacienda.
Entre otras alternativas para generar ingresos a la universidad, el plan fiscal además propone la búsqueda agresiva de subvenciones federales, la imposición de cuotas y tarifas a los estudiantes, el aumento en solicitudes de patentes y de protección a propiedad intelectual y el uso de los recursos de la universidad para proveer entrenamiento al Departamento de Educación y a otras entidades del gobierno central como contratista.
Los recortes en gastos que se proponen en el plan fiscal para la universidad incluyen la consolidación de estructuras, incluyendo recintos y programas; el recorte de puestos de confianza y de empleo temporero, la reducción en el plan médico y la reducción en las exenciones de matrícula.
“Estos esfuerzos en mejorar las operaciones en la UPR permitirá a la universidad renovar su modelo de operación para proveer los mejores resultados a los estudiantes. Estos resultados incluirán el reducir el tiempo para completar un grado, mejoras en la ubicación de empleo; un aumento en las puntuaciones de exámenes estandarizados, entre otros”, declara el plan fiscal.
De otra parte, el plan fiscal del gobierno propone destinar una porción de unos $125 millones en fondos de mejoras capitales para construir varios pisos en el edificio de ciencias moleculares y hacer mejoras en el Recinto de Ciencias Médicas, en el Recinto de Mayagüez y en el Recinto de Río Piedras.
La autora es profesora en la UPR-Carolina y periodista.
