Plan fiscal separa dinero para pagar una deuda cuestionada en el tribunal y por la ciudadanía

 

El plan fiscal presentado por el gobernador Ricardo Rosselló y certificado el lunes por la Junta de Control Fiscal (JCF) en Nueva York durante su quinta reunión, parte de la premisa de que se pagarán un promedio de $800 millones anuales para la deuda por los próximos diez años, pero deja claro que no intenta resolver “si algún bono o deuda fue emitida de forma improvisada”.

Los números del plan fiscal, una vez se presenten los estados financieros auditados, pueden variar para bien o para mal, admitió la integrante de la JCF Ana Matosantos en una conferencia el martes junto al director ejecutivo interino de la Junta de Control Fiscal, Ramón Ruiz Comas. Según ella, en esos procesos es normal trabajar “a base de estimados” y se trabaja “con la mejor información disponible”, porque si esperan a tener los números “cuadra’os al chavo, se acabó lo que se daba”.

El gobierno también hizo un relevo de responsabilidad en el plan fiscal donde indica que usó información preliminar y los estados financieros no auditados para 2015 y 2016, por lo que el documento contiene suposiciones que pueden cambiar materialmente después que se emitan los estados auditados para 2015 y 2016 a finales de este año.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, cuyo informe preliminar señaló visos de ilegalidad en la emisión de deuda, fue desmantelada por la administración de Rosselló bajo el argumento de que sus hallazgos no tendrían fuerza legal y que alegadamente serán los tribunales los encargados de hacerla.

En 2014, la Securities and Exchange Commission (SEC) multó a 13 bancos por vender de forma inapropiada bonos de la emisión de $3,500 millones de Obligaciones Generales que hizo el gobierno de Puerto Rico ese mismo año, y en 2017, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, en inglés) multó a Morgan Stanley por emisiones de bonos de COFINA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica.

¿Cuál es la postura de la Junta de Control Fiscal en cuanto a la deuda que pueda ser ilegal o cuestionable? ¿Creen que se deba pagar la deuda sin hacer una auditoría?, preguntó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a Comas y Matosantos.

Matosantos respondió: “Definitivamente hay diferentes situaciones, hay casos legales y hay diferentes perspectivas, y ese tipo de cosas pues se resuelven o se atienden o en acuerdos que se llegan o en tribunales. Lo que nosotros estamos diciendo, lo que dice el plan fiscal del gobernador que certificó la junta, te dice, ‘esta es la cantidad que hay disponible para la deuda en los próximos diez años’. Los términos de cómo se distribuye eso para los diferentes acreedores y todas las diferentes cosas, se trabaja en la próxima etapa.

¿Pero estarían dispuestos a impulsar una auditoría de la deuda?

Matosantos: Nosotros estamos realizando una evaluación que la está trabajando Ernst & Young, que se hace una referencia a ella en el documento (plan fiscal), que dice que se van a evaluar todas las emisiones, cuándo se hicieron, para qué se usó lo que se tomó prestado y como que un accounting de toda la deuda emitida. Ese análisis se está haciendo. Cuando ese análisis se termine, ese análisis va a estar disponible. Ahora, exactamente cuándo se termine y cuándo se va a hacer disponible, si supiera se los comentaba, pero no. Cuando esté listo, estará listo.

Ruiz Comas: Yo creo que aquí, de nuevo, quien es responsable de pagar la deuda es el Gobierno de Puerto Rico. Si hay algo que está fuera de lugar, es el Gobierno de Puerto Rico el responsable de bregar con eso. Nosotros aquí estamos trabajando con un plan fiscal donde los objetivos están establecidos; es ser fiscalmente responsables, trabajar con una reestructuración de deuda y establecer los cimientos necesarios para el crecimiento económico. Este es el norte que tiene la junta y a lo que tenemos que seguir enfocados, si hay otras situaciones, pues ya el gobierno es el que tiene que trabajar con eso y no es la junta la responsable de encauzar esas cosas.

¿Qué datos está viendo Ernst & Young?

Ruiz Comas: Quien es el dueño de la información, y esto no aplica a esto solamente sino a cualquier auditoría. El dueño de la información es en este caso el gobierno. Ernst & Young lo que hace es que accesa la información que el gobierno le provee para poder hacer un análisis. Ernst & Young no va a determinar, y en esto yo creo que tenemos que ser claros, si hubo algo ilegal o no ilegal, porque ellos no entran en la estructura legal de cualquier transacción. Ellos lo que van a hacer es un assessment de la deuda. Pero el dueño de la información es el Gobierno de Puerto Rico y ellos son los que le proveen a Ernst & Young la información.

(El contrato entre la Junta de Control Fiscal y Ernst & Young es por $35,000.)

¿O sea que si es legal o no legal no se toma en consideración a la hora de pagar la deuda?

Ruiz Comas: No estoy diciendo eso.

Matosantos: Hay casos que se están moviendo en los tribunales que trabajan ese issue. Todo en su lugar y todo al que le toque. Y básicamente muchas de esas cosas, o se llegan a acuerdos consensuales que deciden cuál es la que hay, o tal vez terminen en la corte. Lo que nosotros estamos diciendo es, ‘esta es la cantidad que hay disponible y ahora se está renegociando la deuda, se reestructura y esos acuerdos tienen que ser aprobados por la junta. En todos los diferentes issues que han salido a relucir en diferentes momentos, todo ese tipo de cosas son cosas que se atienden y se resuelven en el proceso de llegar a la reestructuración de deuda. O sea, ya hay litigios sobre algunas de estas cosas y hay casos en los cuales la junta está involucrada.

El hecho de que el énfasis de esta investigación que está haciendo Ernst & Young es en las emisiones, cuándo se hicieron, en qué exactamente se invirtieron los dineros y ese tipo de cosas, no quiere decir que algunos de estos asuntos no se van a atender. La pregunta es cuándo y cuál es el lugar apropiado y hay casos y hay litigios en eso. Y en eso la Junta no es juez, la Junta de Supervisión trabaja en cómo trabajamos en los niveles, o sea, como llegamos a cuál es el plan aquí para llegar a un presupuesto balanceado, qué reestructuración de deuda se requiere y cuáles son las cosas que se pueden hacer para mejorar la economía que, obviamente lo que te dicen los números a nivel básico es que para poder sostener la deuda, para poder sostener los servicios esenciales, lograr cambiar la trayectoria económica es crítico.

¿Qué partes de la deuda se van a evaluar?

Matosantos: Básicamente los 52 billones de deuda que están cubiertos por el plan fiscal, todo eso es lo que se va a evaluar, exactamente cuándo fue, cuánto se emitió, para qué se usaron los dineros, etcétera. Esto acaba de comenzar en términos de trabajo. El primer enfoque de Ernst & Young fue evaluar las proyecciones entre el 2014 y el 2017 y analizar si esas proyecciones parecían que estaban correctas. Y lo que concluyó fue que en términos de ingreso eran razonables y en cuanto a gastos, que era posible que estaban demasiado bajas y por eso se hizo el ajuste que se hizo en el plan fiscal. La próxima etapa del trabajo de Ernst & Young era esta evaluación de la deuda y lo están haciendo ahora.

Estamos hablando de COFINA y Obligaciones Generales. Si hay un litigio corriendo en la corte, ¿cómo es que el gobierno puede negociar con esos bonistas teniendo un litigio que todavía no ha determinado la legalidad de ciertas emisiones?, preguntó la periodista Xavira Neggers.

Matosantos: Básicamente va en dos direcciones: o se llegan a acuerdos y en los acuerdos se llega a un acuerdo que resuelva en el lado de COFINA, y que resuelva en el lado de los GO’s; o se sigue por un caso legal, y eso no es pregunta de la junta. Ahora el énfasis es tratar de llegar a acuerdos consensuales para reestructurar la deuda al nivel que sea sostenible para Puerto Rico.

Sobre la negociaciones de la deuda, ¿Cómo puede afectar en términos de la confianza que es tan importante en estos procesos, el hecho de que su puesto como director ejecutivo interino implica que hoy puede estar y mañana no? Y, ¿cómo pudiera afectar también a esa confianza en las negociaciones lo que se reveló en los informes financieros de que usted tiene bonos del Gobierno de Puerto Rico, y si puede aclarar cuáles son esos bonos e intereses que tiene?

Ruiz Comas: Te voy a contestar la última que es la más fácil, ya yo proveí la información que tenía que proveer sobre la información financiera. Yo no voy a estar discutiendo más nada sobre la parte financiera. Sobre lo segundo, vamos a estar claros con algo, uno, en el caso mío, la razón de que yo estoy interino, como se ha dicho consistentemente, es que la junta está en proceso de buscar a un director ejecutivo a tiempo completo con la responsabilidad de director ejecutivo. Yo vine aquí a proveer una ayuda desde el punto de vista de que habían unas cosas que estaban corriendo y yo me hice disponible, habiendo dicho y discutido con la junta la situaciones personales mías. Y cuando la junta me contrató, tenía conocimiento de que yo tenía bonos, de que yo había sido expresidente de Triple S. Esa información estaba.

Finalmente mira, el director ejecutivo no tiene voz ni voto en las determinaciones finales que hace la junta. Yo lo más que puedo hacer son recomendaciones. Cualquier cosa que yo tenga algún conflicto de interés, Ramón Ruiz no va a estar envuelto en dicho proceso. Ahora mismo, en el proceso que tiene que ver con la negociación o reestructuración, para todos los propósitos, es el gobierno el que lleva a cabo estas cosas. Cuando venga el análisis de parte de la junta de eso, o Ramón Ruiz no va a estar incluido en las que tenga un conflicto de interés, o como quiera, la junta es la que va a tomar la determinación final sobre si acepta o no acepta las recomendaciones que tenga el gobierno sobre la reestructuración de la deuda.

En mi vida he vivido, bajo toda la vida en mis trabajos con entidades donde estas reglas de conflictos de interés han sido parte esencial, nunca he tenido problemas con eso. Por eso es que yo me siento tranquilo de que desde el día uno yo traje a la mesa ‘esta es mi situación, yo puedo venir a trabajar y en cualquier cosa que yo tenga un conflicto de interés Ramón Ruiz se excluye del proceso’. Y por último, Ramón no tiene ni voz ni voto en las determinaciones finales que haga la junta. Si ustedes ven ayer lo que yo hice fue una recomendación, la aprobación por parte de la junta del plan fiscal fueron por las siete personas que tiene voz y voto.

Hay entidades que según el plan fiscal tienen deudas más altas que la de la Universidad de Puerto Rico, como la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Corporación para el Financiamiento Público. ¿Cómo compara el recorte que se recomienda para la UPR contra el que se hizo para esas entidades que tienen deudas más altas?

Matosantos: Muchas de esas agencias están incluidas en los gastos que se trataron de bajar a nivel central. Así que cuando se vea la distribución de los gastos a nivel central a agencias en específico, ese cuadro se pone un poco más claro. Muchas de esas agencias se recortan con el recorte de personal y gastos operacionales.

Ramón Ruiz, recalcó que la recomendación de recortar $450 millones al presupuesto de la UPR no fue una recomendación de la junta sino de la administración del gobernador Rosselló.

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