Plan Marshall ¿para qué?

Hace pocos días, los senadores demócratas Kirsten Gillibrand y Bob Menéndez solicitaron al Congreso de Estados Unidos crear un Plan Marshall para Puerto Rico. Según proponen, este plan otorgaría los fondos necesarios para su recuperación. No cabe duda de que se necesita ayuda urgente pero ¿qué implicaciones tienen este tipo de emisiones de fondos federales?

Algunos economistas diagnosticarán que estabiliza y estimula la economía. Sin embargo, esta no sería la primera vez que se hacen emisiones de este tipo y quienes aboguen a ciegas por ellos ignoran la cruda realidad que nos acecha desde hace más de medio siglo: somos una colonia carente de un plan de desarrollo económico y la mayoría de nuestra población se encuentra en el umbral de pobreza o cerca de ella.

En 1928, con el paso del huracán San Felipe, empeoró aún más la situación de hambruna que se vivía en la Isla. Esa situación de pobreza extrema promovió un reordenamiento de las fuerzas políticas (Juan M. García Passalacqua, Dignidiad y jaibería: los paradigmas políticos puertorriqueños, Universidad de Puerto Rico, Anales 1:1, 1983).

El historiador Francisco Scarano menciona que la década del 1930 “marcó el periodo de mayores tensiones sociales en la historia moderna de Puerto Rico” (Puerto Rico: Cinco Siglos de Historia, McGrawhill, 1993, p.685). La Gran Depresión despertó tensiones políticas latentes en la sociedad puertorriqueña y fortaleció los reclamos de independencia.

García Passalacqua comenta que durante ese periodo de desesperanza “las élites se acercaron a las masas” y hubo un reordenamientos de los partidos. Estos comenzaron a asumir un discurso en favor de sectores mayoritarios de la población. Pero la “metrópoli imperial intervino en los procesos políticos del país en múltiples oportunidades para alterar el curso de nuestro desarrollo político hacia la formulación final de nuestro destino”. Fue en este momento en que se crearon buena parte de los programas sociales para aliviar la pobreza como lo fue la PRRA y la PRERA.

Fue también en ese periodo que el Partido Popular Democrático (PPD) decidió abandonar la independencia y el socialismo como ideología del partido. En cambio, lo sustituyó con un programa de “subdesarrollo dependiente y de colonialismo por consentimiento” (Ibid, p.38). Más adelante, en la década de los 70, durante la crisis del petróleo, los Estados Unidos volvieron a intervenir.

En 1968, la hegemonía que mantuvo por más de 30 años el PPD en el gobierno llega a su fin. A la misma vez, el PPD sufrió una escisión cuando Sánchez Vilella se inscribe en el Partido del Pueblo. Durante el primer término de Hernández Colón (1973 al 1978) los problemas económicos continuaron acrecentándose. Del 1973 al 1974 hubo una recesión económica que marcó la fragilidad del Estado Libre Asociado (ELA) y promovió un cambio estructural.

Según el profesor Edgardo Meléndez (Partidos, política pública y estatus en Puerto Rico, Nueva Aurora, 1998) la situación económica y política dificultaba el manejo del aparato estatal. Esto se demostró bajo la primera administración de Hernández Colón que, lejos de devolverle la hegemonía al PPD, estuvo “plagada de grandes problemas económicos y políticos”, de acuerdo con Meléndez. La crisis económica afectó también a la élite intermediaria y obligó a la metrópoli a intervenir una vez más con la transferencia masiva de fondos federales.

Recordemos que en 1976 se crea en el Congreso de Estados Unidos la Sección 936, que derogó la antigua Sección 931 del Código de Rentas Internas federal, para incentivar el capital foráneo en la Isla. Desde 1950 hasta 1970 las transferencias devengadas representaban un 99% de las transferencias a individuos. En 1975 pasaron a ser el 63% y en 1980 el 55%.

El autor plantea que las transferencias en masa que llegaron para la década de 1970 tuvieron la intención de mantener la estabilidad política e influir en el rumbo político en el que se dirigía Puerto Rico. (WIPR)

En 1950 las transferencias otorgadas representaban un 0.2 del total de transferencias a individuos. En 1980 se ubicaban en un 44% (Edwin Irrizary Mora, Economía de Puerto Rico, McGrawhill, Ciudad de México, 2011, p.220). Este aumento súbito, luego de 1975, refuerza la idea de García Passalacqua, de que en los momentos de inestabilidad en donde se genera cambios en la política puertorriqueña el gobierno federal realiza desembolsos masivos de ‘ayudas’ para aplacar el descontento de la población.

Siendo una colonia estadounidense sobra decir que tenemos una economía dependiente. Además de las transferencias federales, en ausencia de un plan de desarrollo económico, esto quiere decir que los gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del PPD han mantenido una política económica que se basa en la atracción al capital foráneo, especialmente estadounidense. A pesar de los matices entre los dos partidos principales, la política económica que estos han implementado es la misma.

Bajo el modelo colonial, esa política económica no es opcional. Los intentos tímidos de revertir esta injusticia desde el estatus colonial nunca han funcionado porque es una política que responde a los intereses estadounidenses. Por dar un ejemplo, el rendimiento de capital de las empresas norteamericanas en Puerto Rico ha aumentado de 20 mil millones en 1996 a 35 mil millones en 2014 en medio de la recesión.

Esta política económica promueve que cierren 700 empresas locales anuales por encima de las que abren (Estadísticas de Puerto Rico, Página Web: www.estadisticas.gobierno.pr.gov). De igual forma, ha promovido que el socio principal de Puerto Rico sea Estados Unidos, en 51% para las exportaciones y un 74% para las importaciones (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Enero 2017, Página web: www.aafaf.pr.gov). De aquí también que la riqueza reclamada desde el exterior en Puerto Rico aumente mientras que la riqueza nacional disminuye.

En 1950 el porcentaje de riqueza reclamada desde el exterior en la Isla era 18%, en 1960 pasó a ser 41%, y en 1984 aumentó a 81%. Mientras, el porcentaje de riqueza nacional tuvo una trayectoria opuesta, en 1950 era 81% y en 1984 ya se ubicaba en 18% (Irizarry Mora, op cit , p.149).

Para los intereses estadounidenses, desarrollar la economía de Puerto Rico no es conveniente. Bajo este sistema económico las transferencias del gobierno federal se convierten en el único remedio para aliviar la pobreza bajo la que vive más de la mitad de la población. Estas supuestas “dádivas” nunca superan las ganancias que se generan en la isla.

En el año fiscal 2014-2015 se recibieron en transferencias federales recurrentes al gobierno central 3,624 millones de dólares que equivale al 22% del presupuesto consolidado de Puerto Rico (Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP): www.presupuesto.pr.gov. Presupuesto aprobado 2014-2015).

Del total de transferencias que recibe la Isla (20,255 millones de dólares) el 67% son derechos adquiridos (OGP, op cit, 2014-15). La aportación de los puertorriqueños al seguro social, medicare y otros suman 6,381,439 millones de dólares (AFFA, página web: www.affaf.gov.pr,Transferencias entre Puerto Rico y el gobierno feredal: 2007-2016). Mientras el rendimiento de capital de las empresas foráneas es de cinco veces mayor a las transferencias que no corresponden con derechos adquiridos (33%).

En el 2012 el Departamento de Educación utilizó gran parte los fondos ARRA para la reconstrucción de planteles (como la Escuela Vocacional Bernardino Cordero en Ponce que aparece en la foto) que hoy figuran en la lista de escuelas que cerrarán. También usó ese dinero para gastos operacionales de esa agencia, en lugar de mejorar el sistema público de enseñanza, según trascendió en la prensa. (Facebook)

En el 2012 Puerto Rico recibió un estímulo de medio millón en fondos federales denominados ARRA. En el 2013 ya habían descendido a alrededor de 200,000 porque no eran fondos recurrentes y para el 2016 ya no existía este desembolso. Durante este periodo, estos fondos adicionales no aliviaron la crisis económica. Por el contrario, hoy en 2018, a solo tres años del último desembolso de fondos ARRA y luego de más de medio siglo de transferencias federales, nos encontramos en una peor situación económica y social.

Para García Passalacqua, las transferencias en masa que llegaron en los años 30 y 70 tuvieron la intención de mantener la estabilidad política e influir en el rumbo político en el que se dirigía Puerto Rico. En ninguna instancia promovieron el desarrollo y el mejoramiento de la vida de la mayoría de los puertorriqueños. En 1991 la economía se encontraba nuevamente en recesión y al 2018 se contabilizan cinco recesiones, hoy convertida en una depresión económica.

Así como en los años 30 y 70, la crisis económica actual está provocando cambios importantes en la cultura política de los puertorriqueños, como lo ha demostrado el surgimiento de movimientos y partidos alternativos. Y así como en esos años ahora se habla de un desembolso importante de ayudas federales. (Archivo)

La crisis económica actual ha desatado una serie de reacciones políticas entre la población (Véase el artículo: “Otro Puerto Rico ya existe”, Diálogo URP, 12 de mayo de 2018). Entre ellas pueden apreciarse el desgaste de los partidos políticos de mayoría, la disminución en el apoyo a las fórmulas de estatus asimilista y colonialista, la disminución en el apoyo a la Junta de Control Fiscal y a la privatización de servicios.

Hay también un aumento en el apoyo a las fórmulas que favorecen la soberanía, ya sea la libre asociación o la independencia, y en la formación de organizaciones, movimientos y partidos alternativos. Así como en los años 30 y 70, la crisis económica está provocando cambios importantes en la cultura política de los puertorriqueños. Y así como en esos años ahora se habla de un desembolso importante de ayudas federales.

No puede sorprender que las nuevas transferencias de fondos tengan la misma intención que las anteriores: mantener el modelo económico dependiente. Por esto, el reclamo de la clase política y de la sociedad civil debe ser que estas transferencias, en vez de otorgarse con el simple fin de estimular la economía a corto plazo, sirvan para el desarrollo en un proceso de descolonización.

Los fondos pueden ser parte de un proceso de transición, como se discutió en el congreso en 1988 cuando se debatía el PS 712. En ese momento el gobierno de Estados Unidos estableció que de los puertorriqueños optar por la independencia se asignaría un dinero en bloque para la transición.

Si no reclamamos un proceso de descolonización y desarrollo de la economía, el desembolso de fondos federales para cualquier fin podría redundar en el restablecimiento de la hegemonía estadounidense en la Isla.