A pesar de que el proyecto Christopher Colombus Landing, en Playuelas, cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) de 1998 y aún cuando el presidente de la corporación Caribbean Management Group (CMG) no aparece ni por los centros espiritistas para ser emplazado, los tribunales de Aguadilla siguen favoreciendo a la empresa constructora.
O sea, el proyecto, que busca erguirse desde 1994 y que en estos momentos apunta a ser un paquete de edificaciones muy lejano a lo inicialmente propuesto, volvió a triunfar en los tribunales hoy, cuando la jueza Miriam Santiago Guzmán emitió en la noche del viernes una resolución ‘No ha lugar’ a una petición de un entredicho provisional para detener la construcción.
Ante la ausencia de una de las partes demandadas, cuyos representantes no aparecen para ser emplazados, los abogados de los defensores de Playuelas habían pedido este interdicto para detener, hasta un máximo de 10 días, la construcción en cuestión. Al solicitarse esto, la juez dijo que se reservaba la decisión y que emitiría el fallo por escrito.
Todo esto sucedió dentro de la sala #602 del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, mientras que en las afueras se realizaba una manifestación a favor de la defensa ecológica de Playuelas, que fue movida a las afueras de la Alcaldía de Aguadilla al concluir la vista.
En inicio, la vista pautada para la mañana de ayer en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla era para ver una demanda de interdicto preliminar y permanente. La misma fue sometida por un grupo de defensores de Playuela, valioso sector ecológico en el barrio Borinquen de Aguadilla. La parte demandante es liderada por la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste. Una nueva vista para este interdicto fue pautado por la jueza Santiago Guzmán para el 27 de febrero.
Tal y como podrán ver al final de este artículo en la resolución judicial, la jueza Santiago Guzmán indicó que no hay alegaciones “específicas” para un daño irreparable en el sector donde se desarrolla el proyecto, aun cuando el área es catalogada por expertos y científicos como una zona de alto valor ecológico. La propuesta del proyecto es distinta a la que se realizó hace 19 años atrás, cuando se aprobó lo que ahora apunta a ser una inverosímil Declaración de Impacto Ambiental, ante todos los cambios ambientales por los que ha pasado la zona y el archipiélago de Puerto Rico como tal.
“Por ejemplo, en 2006 se aprobó una ley para atender a las especies en peligro de extinción, según el reglamento del DRNA. Todas las especies designadas bajo esta ley federal se consideran especies en peligro de extinción, y se sabe que en el área costera del norte hay dos especies de coral, cuerno de ciervo y cuerno de alce, que están en hábitat crítico, pero eso nunca se evaluó en la DIA-F porque la ey pasó en 2006 y el DIA-F fue emitido en el 1998”, le dijo a Diálogo la licenciada Verónica Rodríguez, una de las representantes a la parte demandada.
Los demandantes también alegan que el proyecto ha cambiado muchísimo desde que lo presentaron ante la ya inoperante Administración de Reglamentación y Permisos de Puerto Rico (ARPE). ARPE ya ni existe, pero aquel proyecto presentado inicialmente como un hotel de tres pisos “ahora es un proyecto que incluye un hotel de siete pisos, que cambia mucho con respecto a la basura y desperdicios que generaría, por ejemplo, además de un centro de convenciones y un casino”, indicó la abogada.
“También es dudoso lo referente al estudio de tránsito para el acceso que se está construyendo, pues no es el mismo estudio de tránsito que anteriormente se había planteado”, expresó la licenciada Rodríguez. Esta calle, puntualizó, ubica en una estrecha zona vecinal que transcurre por la actual zona residencial de Playuela y es incompatible con la calle de acceso evaluada en la DIA-F del proyecto propuesto en la década de los noventa y en el permiso de urbanización que emitió el Municipio de Aguadilla, en 2013, el cual se suponía expirase en tres años, es decir, el año pasado.
El misterio de la oficina de CMG
Pero las incongruencias no se limitan a lo sucedido hace tres años, o, vamos, a finales de Siglo XX. Es decir, los misterios de Playuela siguen hasta esta semana, cuando la parte demandante ha intentado emplazar al dueño de CMG, Reinaldo Vincenty.
“La oficina que aparece registrada en el Departamento de Estado no existe. El emplazador no encontró la oficina, cuando fue a la dirección con la que fue inscrita la corporación, le dijeron que no existía”, explicó la licenciada Rodríguez.
En una declaración jurada, el emplazador Andrés González indicó que al llegar a la supuesta dirección de la CMG – que según el record de su incorporación en 2006, ubica en la Suite 1, del Edificio 193, en la Carretera #2, en pleno Barrio Pueblo del pueblo de Hatillo – le indicaron que no conocían a ninguna empresa con ese nombre.
Adentro, se veía la vista. Afuera, había bastante presencia policiaca. (suministrada)
Los abogados buscaron alguna otra dirección para emplazar a Vincenty, quien representa la corporación, y encontraron una dirección y un teléfono de oficinas en Río Piedras. Llamaron y la licenciada Edmé Vincenty les dijo que ella no podía recibir el emplazamiento y dio otra dirección, supuestamente de una residencia, pero “cuando el emplazador fue, apareció abandonada”.
Ahora, la parte demandante deberá emplazar al representante de CMG antes del 27 de febrero. Con la otra parte demandada, el Municipio Autónomo de Aguadilla, no hubo problemas para que sucediera el emplazamiento. El Municipio fue representado en la vista por el licenciado Luis Sánchez.
Aún cuando parecen tener todo a su favor en cuanto a los alegatos se refiere, este fue el segundo revés en un tribunal aguadillano para los defensores de Playuelas. En diciembre, el juez Héctor Conti obvió todos los alegatos con respecto a la antigüedad de la DIA-F del CMG, y emitió un interdicto para reiniciar la construcción de la carretera de acceso en cuestión, detenida en noviembre por activistas ambientales y surfers de la zona.
Convocan pasadía para el domingo
Así las cosas, los defensores de Playuelas se mantienen firme en su resistencia y convocaron al pueblo a un pasadía familiar en la zona fuera de los portones donde ya comenzó la construcción. La convocatoria es para mañana domingo, según informó Edgardo ‘Pocho’ González, del Campamento Rescate Playuelas.
“Este domingo tenemos una gran actividad, un día familiar en Playuelas, desde por la mañana. Es un compartir en familia. Vamos a hacer una limpieza en la playa y diferentes actividades, todas relacionadas a Playuelas. También esperamos que las olas estén buenas para surfear”, interpuso González.
Tras los arrestos el pasado lunes por desacato civil al interdicto del juez Conty, el respaldo a Playuelas ha crecido ante la opinión pública. El representante popular Manuel Natal emitió una resolución ante la Comisión Ambiental de la Cámara para averiguar el asunto, mientras que el senador independiente José Antonio ‘Chaco’ Vargas Vidot también se manifestó públicamente a favor de la defensa ecológica de Playuelas.
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