“La economía de Brasil es hoy rehén de la crisis política”, impidiendo cualquier expectativa de mejora por lo menos en los dos próximos trimestres, evaluó Luis Eduardo de Assis, exdirector del Banco Central del país.
Por otro lado, se cree que un mayor deterioro económico favorezca la inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff, un posible desenlace de las disputas políticas que paralizan el país. Por eso la oposición trata de demorar el proceso, mientras el gobierno lucha por acelerar los trámites.
Tiene sentido, porque el primer y el último trimestre del año ya son usualmente períodos de baja actividad económica, y todo debe seguir agravándose “por la inercia negativa de la recesión económica”, sostuvo Assis, actualmente profesor de economía en la Universidad Católica y la Fundación Getulio Vargas, en São Paulo.
El imperio de la política es tan fuerte que relegó a “un papel secundario” a Joaquim Levy, elegido por Rousseff como ministro de Hacienda de su segundo gobierno, iniciado en enero, con el objetivo de superar los desequilibrios macroeconómicos mediante un fuerte ajuste fiscal, observó en diálogo con IPS.
“¿Quién haría inversiones en Brasil en medio de tantas incertidumbres?”, arguyó. Pese a todo, “la situación no es desesperada, porque las instituciones están temblando, pero no caen”, matizó.
Pero los indicadores económicos son alarmantes. El producto interno bruto del tercer trimestre cayó 4.5 por ciento en comparación con igual período de 2014, la inflación acumulada anual en noviembre alcanzó 10.48 por ciento y el desempleo, de 7.9 por ciento en octubre, se proyecta que aumentará en los próximos meses.
Los esfuerzos de este año por revertir la crisis no resultaron. El cuadro se deterioró con un brutal aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, una reducción abrupta de la tasa de inversiones y del consumo, todo agravado por la pérdida de gobernabilidad, con la fragmentación de la coalición gobernante.
A esa tempestad se sumó el escándalo de corrupción en la corporación petrolera estatal Petrobras, que involucró a más de 170 políticos y empresarios, encarceló al líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Delcidio do Amaral, y recogió indicios de que recibieron sobornos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
El pedido de inhabilitación fue acogido el 2 de diciembre por el presidente de la Cámara. Ahora el proceso pasa por una comisión especial de diputados que examinará la denuncia y luego por votación de los diputados y senadores, en ambos casos exigiendo mayoría de dos tercios para la condena.
Para apurar los trámites, el gobierno defiende la suspensión del receso parlamentario, que tiene lugar del 23 de diciembre al 1 de febrero, idea rechazada por los que defienden la destitución de la presidenta y esperan que el juicio parlamentario tenga lugar cuando la economía haya tocado fondo, en el segundo trimestre de 2016.
Pero no será así, asegura Carlos Thadeu de Freitas, otro exdirector del Banco Central y actual economista jefe de la Confederación Nacional de Comercio.
“La economía ya tocó fondo, tendrá aún dos meses difíciles, con la persistencia de inflación elevada en enero y febrero, pero debe mejorar a partir de marzo, con la caída de este índice”, aseguró a IPS.
Sin embargo, “el crecimiento económico solo volverá con la recuperación de la confianza de los agentes, algo que llevará más tiempo, y para ello es determinante el ajuste fiscal”, opinó.
Su esperanza es que la inhabilitación de la presidenta no sea aprobada en la Cámara de Diputados, donde se decide si ella será o no sometida al juicio político del Senado. Así, en dos o tres meses más, se podría reanudar el ajuste fiscal paralizado por la crisis política.
El proceso de inhabilitación se justifica por un “crimen de responsabilidad”. Se acusa a Rousseff de haber firmado, en este año, decretos liberando gastos públicos sin autorización parlamentaria, violando así la Ley de Responsabilidad Fiscal, vigente desde 2000.
Es un cargo frágil, según juristas, porque los supuestos delitos son parte de las funciones usuales del Poder Ejecutivo y el mismo Congreso Nacional legislativo autorizó que el gobierno termine este año con un gigantesco déficit en el presupuesto, hecho que anularía las irregularidades de los decretos.
Pero se trata de un juicio político, donde importan más los votos parlamentarios. Los argumentos jurídicos y especialmente la presión popular en las calles son factores indirectos. Esperar que la crisis económica tenga efectos sociales movilizadores es una táctica opositora.
La situación más dramática afecta a la industria, cuya producción de enero a octubre de este año cayó 7.8 por ciento en relación al mismo trimestre de 2014 y acarreó el despido de medio millón de personas. Los bienes de capital sufrieron una caída récord de 24.5 por ciento, reflejando el bajo nivel de inversiones.
El derrumbe es contenido solo por la industria extractiva –hidrocarburos y minerales-, ya que la de transformación cae hace una década, en un proceso de desindustrialización que se acentuó en los últimos años.
Una causa fue la sobrevaluación cambiaria usada como instrumento para contener la inflación desde 1994, cuando Brasil creó su nueva moneda, el real, y logró controlar una hiperinflación que superó 1,000 por ciento anual en los años precedentes. Eso abarató las importaciones que desplazaron a la producción nacional del mercado interno y externo.
Una devaluación del real, de cerca de 60 por ciento en los dos últimos años, no logró invertir la tendencia aún, aunque redujo las importaciones.
“Eso lleva tiempo, en las exportaciones porque a las empresas que dejaron el mercado internacional les cuesta reconquistarlo y los altos costos para reorientar sus recursos financieros y humanos requieren confianza de que el tipo de cambio permanecerá en el nuevo nivel por muchos años”, explicó a IPS el economista Rafael Cagnin, del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial.
Además la industria brasileña “perdió competitividad por factores estructurales, como un sistema tributario muy oneroso y complejo, y carencias infraestructurales”, en un momento de ambiente internacional desfavorable, por su “lenta recuperación y fuerte competencia”, añadió.
En una economía aún cerrada como Brasil, las exportaciones contribuyen poco a una recuperación industrial. Lo que más importa es el mercado interno, actualmente en una recesión que solo será superada si se restablece la confianza del mercado, sostuvo Cagnin.
“Eso depende de la política que solo está generando expectativas malas, retardando una posible recuperación”, sentenció.
La crisis industrial tiene su gravedad reflejada en el estado de São Paulo, que concentra la producción industrial, y registró una caída de 10.5 por ciento en enero-octubre de este año, comparado con igual período de 2014. “Ello indica que la crisis es generalizada en toda la industria nacional”, observó Cagnin.
Ese factor explica también una parte de la fuerte oposición de los paulistas al gobierno de Rousseff, acotó.
Pero aun así, Cagnin cree que esa crisis “aun no tocó fondo”. El descenso industrial genera desempleo y afecta el comercio y el sector de servicios, reduciendo la demanda que “vuelve contra la industria”. El proceso turbulento de la inhabilitación de la presidenta es otro factor recesivo, concluyó.
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