Una recuperación económica, que ya muchos han vislumbrado para este año, podría salvar la actual generación de líderes políticos de Brasil, amenazada con la extinción de la campaña anticorrupción.
Esa apuesta explica la inusual productividad legislativa del Congreso Nacional, desde que asumió el gobierno presidido por Michel Temer, vicepresidente ascendido en mayo de 2016, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue alejada del poder por un proceso de inhabilitación, acusada de fraudes fiscales, que acabó con su destitución el 31 de agosto.
Una amplia mayoría parlamentaria aseguró la rápida aprobación de medidas como la amnistiada repatriación de capitales mantenidos ilegalmente en el exterior, junto con nuevas reglas para la producción petrolera e incluso una enmienda constitucional que fija límites para los gastos públicos en los próximos 20 años.
El ajuste fiscal, aún pendiente de la crucial reforma del sistema previsional, que pauta en 65 años la edad mínima de jubilación y amplía el tiempo de cotización para los futuros pensionados, es encarado como restaurador de la confianza de inversionistas y consumidores, considerada decisiva para la reanudación del crecimiento.
Un aumento de 17.4% en la producción agrícola de este año, estimado por la estatal Compañía Nacional de Abastecimiento, y una fuerte caída de la inflación desde septiembre favorecen el optimismo que tratan de difundir las fuerzas gobernantes, tras la fuerte recesión económica de los dos últimos años.
“No se entabló una clara trayectoria de recuperación, sino de crisis más blanda o menos aguda”, evaluó Rafael Cagnin, economista-jefe del Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial, refiriéndose principalmente a su sector, que sufrió una depresión.
La producción industrial cayó más de 17% en los tres últimos años, 2.5 veces más que el producto interno bruto brasileño. En diciembre de 2016 registró una expansión de 2.3% en comparación con el mes anterior, pero se trata de “oscilación” excepcional, según Cagnin.
“En este semestre debe seguir tambaleando, hacia un ligero resultado positivo al final del año, más bien una estabilización que una recuperación”, vaticinó a IPS.
La desindustrialización, que ocurre desde 1990, cuando Brasil abrió su mercado reduciendo aranceles y subsidios a las exportaciones de manufacturados, es el gran drama económico del país, según Luiz Bresser-Pereira, exministro de Hacienda y profesor emérito de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo.
La “enfermedad holandesa”, que destruye la industria nacional por el tipo de cambio sobrevaluado, agrava el proceso, advirtió el veterano economista, que estima en 3.80 reales por cada dólar el cambio que necesita la industria brasileña para hacerse competitiva.
En estos días la cotización del dólar estadounidense está en 3.09 reales.
“En los países en desarrollo sus monedas tienden a la sobrevaluación crónica”, observó Bresser-Pereira que identifica en ese hecho el mecanismo con que los países ricos, “de salarios medios más altos, neutralizan la ventaja de la mano de obra barata” de los países no industrializados. Excepto el caso de China, donde eso no funcionó.
Junto con las industrias se van los empleos mejor remunerados y más estables, así como muchos avances tecnológicos, destacó.
Bresser y Cagnin son parte del sector de economistas que ponen la industria como el centro del desempeño económico de un país.
El problema cambiario actual es su “volatilidad”, matizó Cagnin. Pese a la cotización del real 23% por encima de un año atrás, el Banco Central mantiene operaciones que tienden a acentuar la sobrevaluación, favoreciendo el control de la inflación pero en desmedro de la industria nacional.
La industria de transformación genera muchos empleos indirectos en otros sectores. Por eso el desempleo en los servicios aumenta algún tiempo después del industrial y puede demorar más aun la recuperación.
“No se debe subestimar el efecto rebote, los despidos en el comercio y servicios reducen la demanda por bienes industriales”, explicó Cagnin. Inversiones en infraestructura ayudarían a “superar el círculo vicioso”, sugirió.
La caída de la inflación, que permitió al Banco Central reducir su tasa básica de interés, después de mantenerla en 14.25%, una de las más altas del mundo, por 15 meses hasta octubre de 2016, también favorece el crecimiento, abaratando costos.
El gobierno destaca otros indicadores de recuperación, como incremento de las ventas de vehículos y en los supermercados, y trata de estimular la construcción, ampliando el crédito a la vivienda, y el consumo en general, liberando un fondo de los trabajadores antes disponible solo en casos excepcionales, como despido o casamiento.
La urgencia de recuperar la economía se intensificó ante la probable publicación, en las próximas semanas, de los testimonios de 77 dirigentes y exdirigentes del conglomerado empresarial Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia.
Sus revelaciones a la operación “Lava Jato” (lavado de automóviles) del Ministerio Público Federal (fiscalía general), que investiga la corrupción en el sector petrolero, involucran por lo menos 200 políticos, la mayoría parlamentarios, en los sobornos pagados por las empresas de Odebrecht, encabezadas por la mayor constructora brasileña.
La esperanza de gobernantes y parlamentarios, acosados por las denuncias, es que mejoras en la economía aflojarán las presiones populares por el enjuiciamiento de sospechosos de desviar miles de millones de dólares de la estatal Petrobras en este siglo.
Eso estimuló, según analistas, la cohesión con que diputados y senadores aprueban las propuestas gubernamentales, aun cuando se trata de medidas impopulares que afectan sus intereses electorales, como reducción de los gastos públicos y endurecimiento de la previsión social.
La batalla degeneró también en conflictos entre los poderes legislativo y judicial. El Senado y la Cámara de Diputados intentan aprobar leyes que frenen el ímpetu del Ministerio Público y los tribunales, desafiando a una opinión pública francamente favorable a la operación Lava Jato.
Un proyecto de ley que penaliza “abusos de autoridad” de fiscales y jueces dejó de avanzar por las presiones populares y de las autoridades judiciales, aunque no se eliminó. Otro intenta amnistiar el aporte ilegal de recursos para campañas electorales, la llamada “caja dos”, apartándolo de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, el Ministerio Público busca endurecer el combate a la corrupción. Logró el apoyo de más de dos millones de firmas a una propuesta de diez medidas legales y judiciales, algunas antidemocráticas, según algunos juristas.
Ministros y otros miembros del Poder Ejecutivo, como gobernadores estaduales, y parlamentarios cuentan con tiempo para conspirar, ya que solo pueden ser enjuiciados y juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF). Es el “foro privilegiado” que les asegura la Constitución brasileña y suele llevar años hasta una sentencia final.
Pero la fuerte presión para que el STF apure los procesos sobre los políticos tiende a alterarle el ritmo.
La recuperación económica puede jugar un importante papel en el desenlace de esas batallas, si logra cambiar el clima político.
