¿Se puede imponer universalmente una verdad histórica oficial en defensa de la reputación de una nación? Polonia cree que sí y lanzó una cruzada contra quienes acusen a su Estado o a sus ciudadanos de complicidad con el Holocausto, que tiene en un diario argentino a su primera víctima mundial.
Un artículo acerca de una masacre de judíos perpetrada por sus propios vecinos en un pueblo polaco durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que no fue ordenada por los ocupantes nazis, motivó que el periódico Página 12 fuera acusado ante la justicia polaca a comienzos de marzo.
Apenas unos días antes había entrado en vigor en el país del este europeo una insólita ley, cuestionada internacionalmente, que penaliza con hasta tres años de prisión a quienes, en cualquier lugar del mundo, sostengan que Polonia o los polacos tuvieron responsabilidad en los crímenes cometidos contra los judíos en su territorio durante la ocupación nazi.
“La denuncia fue presentada por un grupo ligado al gobierno polaco. Vamos a hacer un caso internacional de esto, pero no para hacernos famosos, sino porque se pretenden imponer una censura global de la que no hay muchos antecedentes en el mundo”, dijo a Inter Press Service (IPS) el editor de Página 12, Martín Granovsky.
“La nota publicada en Página 12 no quiso decir que todos los polacos hayan sido antisemitas ni que no haya habido polacos no judíos asesinados durante el nazismo. Pero contamos un caso de vecinos que torturaron y mataron a otros vecinos”, agregó el responsable del diario.
Granovsky puntualizó que la defensa contra la demanda -de la que hasta ahora el diario no ha sido notificado- se dará en el plano jurídico y el de la opinión pública, para lo que ya Página 12 está contactando a organizaciones de defensa del periodismo y la libertad de expresión en todo el mundo.
La denuncia contra Página 12, un diario de centroizquierda nacido en la década del 1980, luego del regreso de la democracia en Argentina, la presentó la Liga Polaca contra la Difamación.
Se trata de una organización no gubernamental creada en 2012, con el objetivo de “iniciar y apoyar acciones tendientes a corregir información falsa sobre la historia de Polonia, en particular sobre la Segunda Guerra Mundial, el rol de los polacos en la Guerra, las actitudes del pueblo polaco hacia los judíos y los campos de concentración alemanes”, según se lee en su página en Internet.
Es evidente la similitud de su filosofía con la que animó la ley sancionada por el parlamento polaco el 1 de febrero y promulgada por el presidente ultraconservador Andrzej Duda cinco días más tarde.
La norma, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores polaco, busca “combatir todas las formas de negación y distorsión de la verdad sobre el Holocausto como también de subestimación de los perpetradores reales”.
“Acusar a la nación y al Estado polaco de complicidad con el Tercer Reich Alemán en los crímenes nazis es equivocado, engañoso e hiriente para las víctimas”, se agregó en el texto.
Fue la respuesta a un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, que había afirmado, cuando el parlamento polaco se aprestaba a sancionar la ley, que esta “podría socavar la libertad de expresión y el discurso académico”.
El cuestionamiento de Estados Unidos es particularmente significativo ya que se trata del principal aliado actual de Polonia, que ha sido señalado de violaciones al estado de Derecho por la Unión Europea (UE), de la que ese país forma parte.
En diciembre, la UE puso en marcha el procedimiento para sancionar a Varsovia, debido a la promulgación de leyes que, según se argumentó, pretenden debilitar la independencia judicial.
El Departamento de Estado sugirió que el intento de restringir las opiniones sobre el rol de Polonia en el Holocausto conducirá al país a un mayor aislamiento internacional, ya que indicó que la ley podría tener repercusiones “sobre los intereses estratégicos y las relaciones de Polonia, incluyendo con Estados Unidos e Israel”.
Para el especialista Damián Loreti, exdirector de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, la ley polaca sobre el Holocausto “violenta todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de investigación científica”.
“Esto es así porque se pretende imponer una verdad histórica oficial, contra la que no puede haber afirmaciones en contrario”, dijo Loreti a IPS.
El académico afirmó que “el honor de las repúblicas o de los estados no es un bien jurídico legítimo a ser protegido mediante la imposición de restricciones a la libertad de expresión, según lo ha establecido la Convención Europea de Derechos Humanos, y también viola resoluciones de las Naciones Unidas”.
Página 12 publicó el artículo de opinión que originó la querella el 18 de diciembre de 2017, bajo el título de “Rostros Familiares”, y su autor es Federico Pavlovsky, un psicoanalista que explicó a IPS que prefería no hacer declaraciones públicas ante la incertidumbre sobre el avance de la causa judicial en Polonia.
Pavlovsky cuenta en su columna “uno de los hechos más crueles e increíbles que registra la Segunda Guerra Mundial”, ocurrido el 10 de julio de 1941 en Jedwabne, a 190 kilómetros de Varsovia.
“Ese día, mil quinientas personas mataron o vieron matar a otras mil seiscientas, éstas últimas de origen judío”, se lee en el artículo que agrega: “Una de las particularidades de esta masacre es que en la Polonia ocupada por los nazis, los alemanes no ordenaron la matanza ni participaron de ella, tan solo se limitaron a autorizar el devenir de los acontecimientos y sacar fotografías”.
La columna recoge básicamente la información que hizo pública en 2001 el historiador Jan Gross en su libro Vecinos: la destrucción de la comunidad judía en Jedwabne, Polonia, que tuvo una fuerte repercusión tanto en ese país como en Estados Unidos.
Gross es un polaco nacido en 1947, hijo de padre judío y madre cristiana, que en 1969, durante el régimen comunista, se exilió en Estados Unidos.
La ley polaca castiga en particular a quien hable de “campos de concentración polacos”, en lugar de aclarar que estaban en territorio polaco pero eran responsabilidad del régimen nazi, que ocupaba el país.
“Es cierto que el Estado polaco había dejado de existir y que apenas había un gobierno polaco en el exilio, en Londres, que combatió a los nazis”, dijo a IPS la psicoterapeuta y escritora Diana Wang, nacida en Polonia en 1945 e hija de sobrevivientes del Holocausto, que vive en Argentina desde que tenía dos años.
“Sin embargo, en Polonia hay una larga tradición de antisemitismo a nivel de cultura y hubo cientos de miles de polacos que fueron partícipes del asesinato de judíos y se apropiaron de sus bienes”, agregó Wang, que es presidenta de Generaciones de la Shoà, una organización dedicada a mantener viva la memoria del Holocausto en Argentina.
“Es cierto que hablar de campos de concentración polacos no responde exactamente a la verdad histórica, porque estaban bajo el control de los alemanes pero cada uno tiene derecho a decir lo que quiere”, dijo Wang, quien luego de conocida la denuncia publicó una nota en Página 12 titulada: “Que Polonia también me denuncie a mí”.
Desde la presentación de la querella, el diario editado en Buenos Aires publica artículos cotidianos sobre el caso penal en su contra en Varsovia y la historia de los judíos en Jedwabne, que provocó la denuncia de la Liga Polaca.
