Un centro dirigido a menores de edad víctimas de violaciones sexuales se inauguró en Ponce para ofrecer servicios interdisciplinarios tanto a los participantes como a los padres no ofensores.
No obstante, según se detalló a través de un comunicado, este centro sólo dará apoyo a víctimas de 0-17 años de edad y tienen que ser casos activos referidos estrictamente por el Departamento de la Familia con algún trabajador social designado.
Y añade que, "los menores emancipados, usuarios de sustancias controladas y que vivan o estén en contacto con el presunto agresor se les denegarán los servicios". Tampoco podrán beneficiarse de las ayudas del centro, aquellos "menores con condiciones de salud mental".
La alcaldesa ponceña, María “Mayita” Meléndez Altieri, no aclaró las razones de estas cláusulas. En cambio, destacó que, "las metas del Departamento de la Familia y el Municipio de Ponce son maximizar las alternativas de servicios a menores alegadamente víctimas de abuso sexual y los objetivos: promover la seguridad y el bienestar de los menores, reducir los efectos traumáticos de la victimización en los menores abusados sexualmente y facilitar el procesamiento de los agresores”.
El proyecto Centro Mi Vida, sometido por La Administración de Familia y Niños, servirá a toda el área que comprende los Recintos de Ponce, Arecibo y San Juan. Además, cuenta con la colaboración de la Unidad de Delitos Sexuales, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.
Los servicios interdisciplinarios consisten en una entrevista forense inicial, “sesiones psicológicas individuales o grupales, según sea la necesidad del participante.
Asimismo, según se informó, se brindarán servicios de evaluación médica, examen físico completo del menor, mediante el uso del colposcopio, con el propósito de mantener evidencia médica en aquellos caso que no anteceda un examen previo”, enumeró la alcaldesa de Ponce.
Además, cada caso será discutido por un equipo de profesionales compuesto por psicólogos, pediatras, manejadores de casos, trabajadores sociales y enfermeras. Este equipo determinará si en efecto ocurrió el alegado abuso y evaluará las necesidades del participante.
“Cada profesional aportará con sus conocimientos a la discusión con el propósito de minimizar los efectos de victimización en el menor”, destacó Meléndez Altieri.
El Centro ofrecerá talleres a los padres no ofensores o a los custodios principales del menor participante. Además, divulgarán a las comunidades los servicios de Mi Vida y educarán a menores de edad en las escuelas que soliciten las orientaciones preventivas.
