La comunidad dominicana y haitiana de Puerto Rico se dieron cita recientemente en el conversatorio “Apartheid en República Dominicana”, para reclamar justicia y abogar por la protección de los derechos humanos de sus compatriotas tras la controvertible sentencia emitida por el Tribunal Constitucional dominicano en contra de los descendientes de haitianos nacidos en Quisqueya.
Dentro del grupo de panelistas en la actividad, que se celebró en una abarrotada sala del Colegio de Abogados de Puerto Rico, se encontraba la licenciada Paola Pelletier Quiñones, quien forma parte del equipo de abogados que está representando a la comunidad dominicana; Ana Belique, joven activista del grupo “Reconoci.do”; la licenciada Annette Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y Solange Pie,hija de la fenecida Sonia Pierre, fundadora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y defensora de los derechos humanos de los haitianos y dominicanos residentes en República Dominicana.
La Resolución 012/07
Según expone la revista dominicana Observatorio de Derechos Humanos, la Resolución número 12 que propuso la Junta Central Electoral (JCE) en el 2007, estableció el procedimiento para la suspensión temporal de la expedición de actas del estado civil (o actas de nacimiento) viciadas o instrumentadas de manera irregular. Esta medida, persigue depurar el Registro Civil de las irregularidades presentes en el mismo, debido a errores, omisiones o fraudes en la instrumentación de los Actos del Estado Civil. Sin embargo, dicho estatuto, en la práctica, opera además como una medida para desnacionalizar a dominicanos de ascendencia haitiana.
Una de las argumentaciones que la JCE ofrece a las personas afectadas por esta situación, es que sus padres son extranjeros. Esta consideración no es válida de acuerdo a la legislación previa al 2010, ya que la Constitución Dominicana vigente para entonces otorgaba la nacionalidad por el derecho del suelo y no especificaba el estatus migratorio del padre o madre, explica la revista dominica.
Para abonar a esta disputa, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana declaró que los hijos de inmigrantes haitianos indocumentados, incluso los nacidos en suelo dominicano desde 1929, no tienen derecho a la ciudadanía.
La licenciada Pelletier manifestó que la decisión que radicó la Constitución dominicana es “una sentencia discriminatoria” ya que la gran parte de los afectados nacieron y se criaron en suelo dominicano. La representante de la comunidad haitiana también expuso que todo aquel que tenga apariencia, apellido o color de piel que se asemeja a la de un haitiano, es deportado y llevado a parte en una camioneta.
El dilema de las actas de nacimiento
Según lo discutido en el conversatorio “Apartheid en República Dominicana”, la JCE ha estado negando las copias de las actas de nacimiento sin ofrecer argumentos válidos a la población afectada por las disposiciones vigentes. Esta incertidumbre de no contar con documentos de identidad, limita el acceso a una serie de derechos establecidos constitucionalmente inclusive, hasta para trabajar en alguna “chiripa” se les hace necesario contar con estos documentos, según expusieron las panelistas.
Un acta de nacimiento en la República Dominicana es requerida para: inscribirse en la escuela, en la universidad, solicitar cédula de identidad, cobrar dinero, entre otras cosas. Si un dominicano de ascendencia haitiana necesita una copia de su acta para la realización de algunas de estas actividades debe o visitar la Oficialía donde fue declarado o visitar la JCE en Santo Domingo.
Invalidados los derechos más básicos
Entre una de las cosas que más afecta esta disposición es en el campo de la educación. Los descendientes de haitianos, como repercusión de no tener las copias de las actas de nacimiento, no logran culminar sus estudios de bachillerato o simplemente se les niega el derecho a ingresar a la universidad. A pesar de que la Constitución de República Dominicana establece en el artículo 63 el derecho a la educación para sus ciudadanos, para la población dominicana de descendencia haitiana este derecho no está del todo garantizado. Según contó Belique, cuando ella trató de ingresar a la universidad, a pesar de poseer cédula de identidad, pasaporte y tarjeta electoral, no le hicieron entrega del acta sólo por tener padres haitianos.
Belique, nacida en el Batey Don Juan en San Pedro de Macorís, lugar alejado del área urbana donde radicaban y trabajaban la mayoría de los extranjeros, logró obtener el acta ya que en una ocasión tuvo la oportunidad de hablar directamente con el presidente Danilo Medina, quien luego de escuchar su testimonio le pidió disculpas a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana,según expuso la líder del grupo Reconoci.do.
Por otro lado, la joven activista Pie, contó con melancolía todas las amenazas de muerte que recibió su madre para que cesara su lucha a favor de los descendientes de emigrantes haitianos. Tanto Pie como sus hermanos también fueron víctimas de amenazas, situación que ponía en aprietos a su madre quien en varias ocasiones tuvo que salir del país para poder proteger a su familia. Pierre murió en el 2011 como consecuencia de un infarto fulminante.
Otro grupo afectado, según la licenciada Martínez Orabona, son los hijos de personas sin documentos. Martínez explicó que los hijos de indocumentados no tienen el derecho a la nacionalidad dominicana. Esta situación, representa una violación a los derechos humanos de miles de ciudadanos, argumentó.
Una posible luz al final del camino
La revista Observatorio de Derechos Humanos, presentó una propuesta que podría ayudar a resolver esta situación que está afectando a los hijos de inmigrantes haitianos indocumentados. La publicación dominicana recomienda: la devolución íntegra de todos los documentos de identidad, revisión profunda de las leyes y normas propuestas para el futuro sobre la materia en cuestión, definir un plan de reinserción al sistema educativo de los/as afectados/as a través de becas y que la JCE reconozca públicamente el daño realizado.
Otros organismos internacionales también han ejercido presión para que este conflicto se resuelva. Tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una gran cantidad de movimientos y otros organismos internacionales, han hecho distintos reclamos para visibilizar la situación por la que están pasando cientos de dominicanos con ascendencia haitiana.
La ONU indicó en su portal que espera que el gobierno dominicano tome todas las medidas necesarias para asegurar que los ciudadanos dominicanos de descendencia haitiana no sean privados de sus derechos a una nacionalidad, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos de ese país.