El déficit fiscal y la deuda del gobierno estadounidense es proporcionalmente mayor ($48,700 de deuda por persona y 106% de su Producto Interno Bruto) que la del gobierno puertorriqueño, sin Estados Unidos estar en una depresión económica. Ningún congresista impondría una Junta de Control Fiscal al gobierno estadounidense ni le pediría una a China (uno de sus acreedores, que tiene menos deuda y menos déficit fiscal). Ningún congresista prohibiría que sus municipios o sus corporaciones puedan irse a quiebra, pero se lo prohíben a Puerto Rico (hoy y en el 1984). El Departamento del Tesoro pudo prestarle favorablemente a corporaciones privadas pero no puede hacerlo para un gobierno de 3.5 millones de personas.
Lo que no es bueno para Estados Unidos no es bueno para Puerto Rico. Por eso, el proyecto PROMESA es rechazado por amplios sectores dado su impacto sobre los trabajadores privados y públicos, sobre la pobreza y sobre nuestro colonialismo centenario. En un sondeo reciente una mayoría de economistas boricuas (de diferentes ideologías) rechazan una Junta de Control Fiscal federal. La inmensa mayoría de la sociedad civil también la rechaza, incluyendo las más de 42 organizaciones que testificaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una cumbre de la diáspora boricua el mes pasado también observé una mayoría opuesta a esta Junta.
Un número de personas en Puerto Rico favorecen esta Junta sin saber qué es, sin leer el proyecto (el 70% de las personas no hablan inglés) y piensan que esta Junta parará la corrupción (una palabra que no aparece en el proyecto). Esas mismas personas cambian de opinión cuando saben que los miembros de esa Junta pueden recibir “donaciones” pero tienen inmunidad criminal (abriendo las puertas a la corrupción), que ese proyecto le reduce el salario mínimo a los jóvenes y le quita el pago de horas extras a todos los empleados privados que ganen más de $455 semanalmente. Esto sin entrar en que el “representante” de Puerto Rico ante la Junta pudiese ser Donald Trump o John Paulson quienes tienen negocios aquí o que el proyecto se hizo secretamente entre el personal del Tesoro (exejecutivos de Wall Street) y congresistas conservadores, sin consultar la sociedad civil local. ¿Recuerdan los resultados del referéndum de 2012 sobre el derecho a la fianza, cuando el pueblo cambió de opinión al obtener la información relevante?
La única solución ganar-ganar a corto plazo para ambos, bonistas y el pueblo, es desarrollo económico: es la única opción que aumentaría el empleo y los recaudos gubernamentales. En este renglón, el Congreso hizo otra promesa: crear una comisión para estudiar medidas de desarrollo. Pero, es harto conocido lo que se necesita del Congreso: quitar las leyes de navegación, paridad en el Medicaid y Medicare, subir las horas máximas que una puede trabajar para recibir subsidios, flexibilizar las visas turísticas, resolver el estatus político y una ley de quiebras que reduzca el peso de la deuda, entre otros.
La prisa por que se apruebe legislación federal no es nuestra pues cualquier demanda de los bonistas en los tribunales tomará años en resolverse y terminará en el Tribunal Supremo ante la diversidad de teorías legales.
Exijamos un trato digno, no promesas.
El autor es profesor del Departamento de Administración de Empresas, investigador del Instituto de Investigación Interdisciplinaria y director del Centro de Información del Censo de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
