La ley Promesa no atiende el desarrollo económico de Puerto Rico. Si a eso le añadimos los efectos que se prevé dejaría en la isla la reforma contributiva federal que se cuece en el Congreso, la economía local nunca se recuperará, la manufactura morirá y los propósitos de Promesa –que el gobierno logre una responsabilidad fiscal y recupere el acceso a los mercados de capital– quedarán inconclusos.
Dicho de otro modo, con la aprobación de la reforma contributiva federal Puerto Rico perdería instantáneamente casi el 50% de su producto interno bruto –que en el 2015 totalizó $102.9 mil millones–, un tercio de los recaudos del gobierno (aproximadamente $3,000 millones) y uno de cada cuatro empleos en el país.
Lo anterior es la conclusión de varios panelistas que participaron ayer en la tercera “sesión de diálogo” organizada por la Junta de Control Fiscal (JCF), en esta ocasión en Nueva York. Estos emplazaron al ente federal a intervenir directamente en el proceso legislativo que se desarrolla en el Congreso para lograr que Puerto Rico, un territorio estadounidense, sea considerado como tal y no como una jurisdicción foránea.
Es la tercera vez que representantes del sector público y privado, economistas y analistas financieros lanzan el reclamo a la junta. Antes lo hicieron en las sesiones del 16 y el 30 de noviembre.
Entre otros, el aspecto más perjudicial de la reforma contributiva federal es un tipo de arancel de 20% sobre los ingresos de compañías estadounidenses por productos manufacturados en el exterior. Puerto Rico, para efectos contributivos, está calificado como foráneo.
Dos versiones del proyecto de ley se aprobaron en ambas cámaras del Congreso. Los republicanos, que han liderado el debate legislativo en el asunto, esperan una versión conciliada del texto a más tardar el 22 de diciembre.
“El futuro de Puerto Rico, de nuevo, está siendo decidido sin el consentimiento de aquellos cuyas vidas más se afectarán por estas decisiones. Si hay una semana que demuestra la dependencia de Puerto Rico, es esta”, lamentó Héctor Cordero Guzmán, profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).
Un desastre económico sin precedente
“La reforma contributiva federal podría ser peor para la economía de Puerto Rico que el huracán María. Podríamos perder un componente crítico de nuestra base económica [la manufactura], poniendo en peligro sobre 250,000 mil empleos”, planteó el secretario de Desarrollo Económico y Comercio Manuel Laboy.
El funcionario indicó que los huracanes –Irma, y especialmente María– provocaron que cerraran entre el 20% y el 30% de los 65,000 negocios en el país: es decir, entre 13,000 y 19,500 establecimientos, la mayoría de estos pequeñas y medianas empresas (PyMES).
“Estamos enfrentándonos a una amenaza destructiva nunca antes vista, peor que María o cualquier otro desastre natural del último siglo”, sumó por su parte Antonio Medina Comas, exdirector ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.
Medina Comas agregó que la pieza sería la legislación más perjudicial que pasaría el Congreso sobre Puerto Rico en la historia de ambos países, lo que provocaría la pérdida masiva de empleos de ciudadanos americanos en la isla.
“Miles de profesionales podrán relocalizarse fácilmente en Estados Unidos, dejando atrás casas y escuelas vacías y una economía alicaída. Si estas empresas se van y no hay un plan para contrarrestarlo, 65,000 mil empleos bien remunerados se perderían”, expuso el ingeniero.
Añadió que si se toma en cuenta el efecto multiplicador de perder esos empleos, la cifra sobrepasaría los 225,000 –cerca del 25%, o uno de cada cuatro, del total de empleos en Puerto Rico–.
Tanto para Medina Comas como para el empresario Federico Stubbe, los miembros de la JCF tienen que intervenir en el Congreso para proteger la economía local. De lo contrario, el ente federal estaría certificando un plan fiscal que en unos meses tendrá que ser descartado nuevamente por el cambio dramático en las proyecciones económicas.
“¿Cómo la junta cumplirá con los objetivos de Promesa si hay un acto del Congreso que llevaría a una contracción en la economía? ¿Cómo el plan fiscal tendrá credibilidad alguna, si el Congreso cambia las reglas y Puerto Rico no logra las proyecciones de ingresos?”, dijo Medina Comas.
Este propuso que, además de defender la economía borincana, la junta debe crear un grupo de trabajo multisectorial que cree un plan de desarrollo económico a largo plazo. “El plan fiscal no es suficiente para colocarnos en la ruta hacia un modelo de desarrollo económico”, adicionó.
Con él coincidió Cordero Guzmán, para quien el recorte de salarios y beneficios, así como la eliminación de leyes y derechos laborales, “no dará el desarrollo económico que el país necesita. Necesitamos atacar las raíces de la pobreza y para eso se ha demostrado que lo mejor es empleos con buenos salarios y una economía robusta”.
