A un día de la primera vista del Título III de Promesa en la Corte de Distrito federal en Hato Rey –donde el gobierno puertorriqueño, con la Junta de Control Fiscal (JCF) como su representante legal, dará los primeros pasos en el largo camino para reestructurar los primeros $12 mil millones de su deuda de $74 mil millones– todavía la incertidumbre impera entre los puertorriqueños y expertos en bancarrota.
Si bien la solicitud del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la JCF para que esta presentara la petición de Título III –activando así un proceso de quiebra sui generis para un territorio estadounidense– tuvo el efecto de detener por cuatro meses las acciones tanto de cobro como de desestimación de los acreedores, una de las cuestiones que ya comienza a plantearse tiene que ver con el rol que tendrá el plan fiscal del gobierno en la reestructuración de deudas que presidirá la jueza federal Laura Taylor Swain.
En teoría, el ente federal –basándose en los $800 millones anuales por diez años que se destinan en el plan fiscal para el servicio de la deuda, más las proyecciones de ingreso previstas en el documento– determinará los términos y condiciones de repago con los acreedores. Estos quedarían consignados en lo que la sección 312 de Promesa denomina como planes de ajuste de deuda, pero que, para todos los efectos, son planes de quiebra para el Estado Libre Asociado y sus dependencias.
No obstante, hay dudas de si, en la práctica, lo anterior será posible.
“El plan fiscal supuestamente no puede ser variado por el tribunal, y eso es cierto, lo dice la ley [Promesa]. Pero si el tribunal decide que hay que pagar a los acreedores de Cofina [Corporación del Fondo de Interés Apremiante] y a los acreedores de GOs [bonos de obligación general], el plan fiscal se va a freír espárragos porque si los juntas, el pago es más de los $800 millones anuales que están asignados en el plan fiscal “, señaló el licenciado John Mudd.
“El plan fiscal está escrito en piedra salvo lo que se le va a pagar a los acreedores, de eso no hay duda. Hay duda sobre si la corte podría meterse en todos los otros supuestos y determinaciones que están en el plan fiscal [certificado por] la JCF de cómo se va a administrar el territorio”, adujo, por su parte, el abogado Rolando Emmanuelli, quien advirtió que esto último es objeto de debate entre juristas.
Algunas de las objeciones que podrían presentar los acreedores sobre tales supuestos, teorizó Emmanuelli, girarían en torno a si los $800 millones anuales para el servicio de la deuda –o las proyecciones de ingresos, ya sea mediante una mejor captación de contribuciones o ahorros operacionales del gobierno– son suficientes para poder concertar planes de ajuste de deuda.
Esto, sin considerar que aun no ha comenzado el próximo año fiscal, cuando se mediría en realidad el éxito de estas proyecciones y supuestos frente a las medidas de austeridad que se avecinan y que podrían tener un efecto contraproducente.
Además, “hay unos argumentos bien fuertes en contra, porque el gobierno mantiene los poderes de crear política pública y poner en vigor las leyes. Promesa no se puede interpretar como que va a intervenir en los detalles de la administración del territorio, pero, por otro lado, los acreedores tienen unos derechos a objetar el plan fiscal, las proyecciones de ingresos, en qué cosas hay que invertir o gastar, y tiene unas disposiciones de la ley [federal] que los protegen [para hacerlo]. Ahí se van a dar unas batallas que la jueza tiene que resolver”, anotó Emmanuelli.
Sobre la desestimación del Título III
Los planteamientos de invalidez que puedan hacer los acreedores al plan fiscal no son los únicos con los que estos cuentan en su arsenal. Los bonistas también podrían atacar a la JCF de incumplir con la sección 206 de Promesa, que dispone que para certificar los procesos de reestructuración de deuda (o quiebra), la entidad deberá tener un plan fiscal certificado, haber hecho negociaciones de buena fe con estos, y tener publicada información financiera confiable.
Para Mudd, quien litiga casos de quiebra en el foro federal, serían precisamente esos dos requisitos –las negociaciones de buena fe y la información financiera confiable– el eje de controversia entre el gobierno y los bonistas, con la administración de Rosselló Nevares argumentando que las negociaciones fueron de buena lid y la información estaba disponible, y los acreedores afirmando justo lo contrario. Por ejemplo, mencionó Emmanuelli, el estado financiero auditado del gobierno para el año fiscal 2015 “no se sabe dónde está”.
Alegatos de esta índole, agregó Mudd, ya se han hecho y se continuarán haciendo por los próximos meses, pero no se verán en corte hasta pasados los 120 días, lo que abre una ventana al gobierno y a la junta para continuar las negociaciones con los bonistas sin presión de ser demandados. A finales de enero, la JCF extendió hasta el 1 de mayo de 2017 la moratoria sobre litigios que inicialmente proveía Promesa desde su aprobación hasta el 15 de febrero de este año.
En el caso hipotético de que los acreedores tengan éxito, resumió Emmanuelli, en septiembre se desestimaría la quiebra bajo el Título III y se empezaría desde cero. En el caso contrario –que se mantenga el Título III– el stay permanecerá.
En el ínterin, detalló, la jueza atenderá varios trámites, siendo el principal las presentaciones de proofs of claims (POC) –básicamente, el documento donde se indica la cantidad prestada, la fecha de la prestación, los términos y condiciones del acuerdo, la garantía de la prestación, y el servicio de repago– de los bonistas, y determinar la validez de estos.
“La JCF está pidiendo hasta el 30 de agosto para someter toda la información de los acreedores. Si un acreedor ve que está mal la cantidad que le está asignando la junta, o que se la están impugnando, pues puede someter su POC con otra cantidad. Ahí podrían venir objeciones de la JCF que tendría que resolver la corte, y así se iría aclarando toda la neblina sobre las cosas que hay que pagar y las que no”, expuso Emmanuelli.
Sobre el ajuste de deudas
Presumiendo que en septiembre la corte valida la petición de quiebra del gobierno bajo el Título III, que no se han llegado a acuerdos extrajudiciales en las negociaciones con los bonistas, y que no hay mayores objeciones a los proofs of claims de cada acreedor, lo que seguiría es la elaboración de los planes de ajuste de deuda, trámite que recae en la JCF y donde, entre otras cosas, se dividirán a los bonistas entre clases y por orden de prelación para cobrar.
Además de las objeciones que puedan hacerse en torno a si pertenece o no a tal clase, o si tal clase debe cobrar más de lo separado por la JCF, un bonista puede oponerse a un plan de ajuste de deuda. “La jueza mirará la sección 314 y una vez determine que se cumplen con los criterios, confirma el plan [de ajuste de deuda]. Con la confirmación vincula a todos los acreedores, incluyendo los que están menoscabados en su créditos, que se oponían a las estipulaciones del plan porque veían un menoscabo de sus pagos”, disertó Emmanuelli. Eso pasaría en el caso de un cramdown, que ocurre cuando se fuerza a una clase a aceptar menos de su crédito porque no hay dinero para pagarle el total.
Por otro lado, durante el proceso del Título III podría determinarse si una emisión de bono fue ilegal o no, asunto que no es técnicamente una auditoría de la deuda, expuso Mudd.
“Eso los bonistas en sí ya lo están haciendo en el caso de Lex Claims, donde los [acreedores de] GOs dicen que Cofina es ilegal. Los de Cofina a su vez dicen que la emisión de bonos de GOs del 2014 es ilegal. Eso ya se está haciendo, y se va a hacer en otros créditos, no en todos obviamente. En última instancia, la jueza decidirá eso”, agregó.
Que una emisión de bonos se declare ilegal porque funcionarios involucrados en su ejecución incumplieron su deber ético o de fiducia, o inconstitucional –porque excedió el 15% de la renta de los últimos dos años, o porque se emitió a más de 30 años– tendría el efecto, en el caso de deuda garantizada como los GOs o Cofina, de perder dicha garantía y pasar a estar “últimos en la lista” para cobrar, explicó Emmanuelli.
El tema de los servicios esenciales, asunto que ni la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, ni la de Rosselló Nevares, ni la JCF han querido definir –pero que sirvió como justificación para activar el Título III– también podría ser materia de litigio entre el ente federal y los acreedores, indicó Emmanuelli.
Precisamente porque los $800 millones anuales no serían suficientes para pagar lo que en realidad se le debe al año a cada bonista, o porque argumenten que les tocaba cobrar antes que otros, estos pudieran plantear el encarecimiento o privatización de servicios a la ciudadanía. “[Los acreedores] podrían decir que el gobierno gasta dinero donde no debe gastarlo, o que el gobierno tiene propiedades”, dijo el licenciado. Como todo lo subordinado al Título III, le tocará resolverlo a la jueza Swain.
