Luego de tres meses de espera, el juez Aldo González Quesada pospuso hoy la vista judicial de Regla 6 en alzada contra nueve estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que el pasado 27 de abril irrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno de la institución.
Tras una breve reunión entre el ministerio público, los abogados de defensa y el juez González, se determinó pautar la vista judicial para los días 12, 20 y 21 de septiembre en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
El ministerio público solicitó al juez que concediera el cambio de fecha debido a que uno de los testigos esenciales del caso, el agente Luis Muñiz, no se encontraba presente por problemas de salud. El testigo Muñiz fue el agente investigador de la Policía estatal asignado al caso.
Los estudiantes que enfrentarían el proceso judicial hoy en la mañana fueron Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Collazo Vázquez, Paola Figueroa Carrasquillo, Juan Silén y Mikael Rosa Rosa.
En el proceso judicial del pasado 9 de mayo también fueron acusados los estudiantes Ileana Ayala Fontánez y Ernesto Beltrán Feliciano. Sin embargo, Diálogo no pudo constatar la presencia de estos en la sala.
La fiscalía originalmente presentó cargos por violación al artículo 242 (motín), artículo 195 (escalamiento), artículo 199 (daño agravado), artículo 179 (violar el derecho de reunión), artículo 156 (restricción de libertad agravada), y artículo 245 (empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública) del Código Penal de Puerto Rico. Empero, en ese entonces no encontró causa para los artículos 242 (motín) y 195 (escalamiento) para ninguno de los estudiantes.
Contra Silén y Rosa, la fiscalía buscará obtener una determinación de causa probable contra todos los delitos originalmente imputados. Mientras que para los restantes siete estudiantes, buscarán obtener similar determinación, pero solo para los delitos de motín y escalamiento.
Estos siete estudiantes, a su vez, ya se les determinó causa probable para arresto por los delitos de restricción a la libertad, violar el derecho de reunión y por empleo de fuerza o intimidación. Para esos delitos correspondía celebrar una vista preliminar. Sin embargo, la fiscal Yanira Colón, a su salida de la sala 1104, indicó que esta también había sido pospuesta hasta tanto se concluyera con la vista de regla 6.
A su salida de la sala, la abogada de Díaz Rivera, Mayra López Mulero, se limitó a precisar que debido a que el “ministerio público no estaba preparado” y “tuvo un percance con una prueba” provocó el cambio de fecha en el proceso judicial.
Enmarcada en una huelga estudiantil a nivel sistémico, el pasado 27 de abril once estudiantes de la UPR irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la institución.
En esa reunión se discutía el Plan Fiscal de la UPR. Durante el incidente, los estudiantes solicitaron a la entonces presidenta interina Nivia Fernández a que firmara un documento en el que favorecía la auditoría de la deuda, cero aumentos en la matrícula y cero sanciones a los estudiantes.
Luego, el pasado 23 de mayo, Fernández y otros tres miembros de la Junta de Gobierno renunciaron a sus respectivos cargos en medio de una batalla legal por la reapertura de los portones del recinto riopedrense. Finalmente, el pasado 31 de julio, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno aprobaron el Plan Fiscal que, entre otras cosas, considera un aumento en la matrícula.
