Cuando estalla la guerra, la mayoría de los no combatientes corren hacia otro lado. Pero un puñado de valientes periodistas considera que su deber es contarle al mundo lo que está sucediendo. Y muchos pagan un precio muy alto.
Desde 1992, 1,129 periodistas perdieron la vida en el trabajo, 38 por ciento de ellos en zonas de guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York. Y cada vez más, esos ataques son intencionales.
En un reconocimiento expreso del papel clave que desempeñan los medios de comunicación en la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad, el miércoles 27 de mayo, una resolución que condena los abusos cometidos contra las y los periodistas y deplora la impunidad de esos actos.
“En todo el mundo se le prestó una extensa y bienvenida atención a las muertes recientes de periodistas, incluidos los brutales asesinatos de representantes de los medios occidentales en Siria”, declaró el secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson.
“Sin embargo, no debemos olvidar que aproximadamente 95 por ciento de las muertes de periodistas en conflictos armados afectan a periodistas locales, que reciben menos cobertura de los medios”, agregó.
Siria sigue siendo el lugar más mortífero para las y los periodistas. El conflicto en ese país de Medio Oriente mató al menos a 80 trabajadores de los medios de comunicación desde que comenzó en marzo de 2011. El segundo y tercer lugar le correspondieron a Iraq y Ucrania.
Según el CPJ, alrededor de la cuarta parte de los periodistas muertos en 2014 pertenecían a los medios internacionales, una proporción que duplica la de los últimos años.
Eliasson instó a los miembros de los Estados a aplicar el Plan de Acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, aprobado por el foro mundial el 12 de abril de 2012.
Sus medidas incluyen el establecimiento de un mecanismo interinstitucional coordinado para manejar los asuntos relacionados con la seguridad de los periodistas, así como ayudar a los países a desarrollar leyes y mecanismos favorables a la libertad de expresión y de información, y el apoyo a sus esfuerzos para aplicar las normas y principios internacionales existentes.
Pero el pedido puede caer en saco roto en algunos sectores.
En marzo, un portavoz militar de la coalición, liderada por Arabia Saudita, que lleva a cabo ataques aéreos en Yemen declaró abiertamente que los medios de comunicación relacionados con los rebeldes hutíes y el expresidente Ali Abdulá Saleh son blancos legítimos.
El 18 de marzo, Abdul Kareem al Jaiwani, un periodista yemení de Saná, fue asesinado a tiros por atacantes que iban en moto tras representar a un grupo hutí en una conferencia sobre el futuro de Yemen.
El 26 de marzo milicianos chiíes hutíes ocuparon la sede en Saná de tres canales de televisión satelital, Al Jazeera, Al Yaman-Shabab y Yemen Digital Media.
El 20 de abril, el periodista y presentador Mohammed Shamsan y tres miembros más del personal del canal de televisión Yemen Today, con sede en Saná, murieron en un bombardeo aéreo que parece haber sido un ataque intencional contra la emisora.
“Es histórico que el Consejo de Seguridad tenga que vincular el derecho a la libertad de expresión con la necesidad de proteger a los periodistas, a pesar de que pueda parecer obvio”, comentó Christophe Deloire, director general de Reporteros sin Fronteras, con sede en París, el miércoles 27.
Pero Deloire señaló que cientos de periodistas murieron en el trabajo desde que se aprobó la última resolución en 2006, y que 25 habían muerto en lo que va de este año. “Por excelente que pueda ser, no hay certeza de que una nueva resolución en sí misma sea suficiente para resolver el problema”, sostuvo.
La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, destacó el ejemplo de Colombia, otrora considerado el país más peligroso para los periodistas en América del Sur, que adoptó medidas positivas con la creación de un fondo anual de 160 millones de dólares para proteger a 19 grupos, entre ellos las y los periodistas.
Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con representantes del CPJ en Bogotá y la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y se comprometió a dar prioridad a la lucha contra la impunidad en los ataques contra los medios de comunicación.
La situación en Colombia mejoró en los últimos años, pero la impunidad está arraigada y las amenazas y la violencia contra los periodistas persisten, según la investigación del CPJ.
“Imagino un país normal donde los periodistas no necesiten carros blindados ni guardaespaldas y no necesiten ninguna protección”, dijo Santos, él mismo un experiodista que fue presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa.
“Pero por ahora necesitamos asegurar que el programa reciba los fondos adecuados y sea efectivo”, destacó.
Iniciado en 2011, el programa de protección abarca a 7,500 personas en riesgo, entre ellos activistas de derechos humanos, políticos y periodistas, con un costo total de 600,000 dólares por día.
Pero la delegación de la sociedad civil recomendó que el programa se enfocara en primer lugar en la prevención de los ataques.
Colombia ocupó el octavo lugar en el Índice de Impunidad del CPJ de 2014, que destaca a los países donde los crímenes de periodistas permanecen impunes.
Iraq ocupó el primer lugar, seguido de Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria, Afganistán y México.
En la reunión del Consejo de Seguridad, Deloire pidió el nombramiento de un representante especial del secretario general de la ONU, para la protección de los periodistas, con el fin de resaltar la importancia del problema dentro del sistema del foro mundial.
Deloire recalcó que un asombroso 90 por ciento de los crímenes contra periodistas quedan impunes.
“Esta elevada tasa de impunidad alienta a aquellos que quieren silenciar a los periodistas ahogándolos en su propia sangre”, exclamó.
