Los crímenes en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP) han aumentado, al menos eso comunicó la agencia Inter News Service días antes que el Senado Académico del Recinto fuera a votación para decidir sobre el protocolo del reglamento para instalar cámaras de seguridad en el campus riopiedrense.
La votación concluyó con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención, a pesar de la fuerte oposición de la comunidad estudiantil a la implementación del sistema electrónico. De las nueve ponencias presentadas en las vistas públicas, siete fueron en contra de que se instalaran cámaras de seguridad en el Recinto.
Para Silvia Álvarez Curbelo, catedrática de la Escuela de Comunicación de la UPR-RP y miembro del Senado Académico, la comunidad debe sentirse tranquila y satisfecha, “debe valorar la labor de ese comité que fue muy cuidadoso en proveer esos escudos para nuestras libertades que son tan importantes, pero a la misma vez satisfacer las preocupaciones que tenemos por la seguridad”.
La tarea de establecer el protocolo del reglamento estuvo a cargo del comité permanente de Reglamento y Ley Universitaria del Senado Académico que es presidido por Eneida Vázquez Colón de la Facultad de Estudios Generales. Este cuerpo contó con la asistencia del catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR, Hiram Meléndez Juarbe, experto en derechos civiles.
Álvarez Curbelo quiso aclarar que las cámaras serán instaladas en lugares -en su mayoría- abiertos, como los estacionamientos, donde haya manejo de dinero (como en Tesorería), obras de artes (como el Museo de Historia, Antropología y Arte de Río Piedras) y lugares que por reglamentación -incluso federal- se manejan componentes químicos o biológicos.
“Ustedes saben que hay una preocupación genuina porque haya seguridad en el Recinto, porque no se cometan delitos, sobre todo delitos contra la mujer”, destacó la catedrática.
De este modo, el protocolo prohíbe cámaras dentro de salones, bibliotecas, centros de investigación, es decir, nada que atente contra la privacidad de los componentes de la comunidad.
El reglamento aprobado salvaguarda las preocupaciones del manejo de data que se obtenga de las cámaras, al menos así lo percibe Álvarez Curbelo, “porque las pone en manos de un organismo particular, donde va haber representación de la comunidad universitaria, la disposición de esos materiales y la supervisión de que eso se haga así”, aseguró.
El Centro de Operación de Seguridad Electrónica (COSE), adscrito a la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, estará a cargo de las operaciones del sistema de cámaras de seguridad del Recinto, los que almacenarán la data. También se creará un Comité Universitario para la Seguridad Electrónica (CUSE) que contará con 14 miembros de los cuales siete serán de la comunidad universitaria. Toda reproducción de data obtenida por las cámaras de seguridad, deberá ser autoriza por al menos cinco miembros de este cuerpo.
Hay que evitar las paranoias de persecución, las inquietudes del uso ilegítimo de los materiales adquiridos por las cámaras de seguridad, hay que confiar en los protocolos universitarios, porque se aprendió de los años anteriores, destacó la catedrática al asegurar que “más nos controla y vigila Amazon y Walmart”.
Reacciones en contra del reglamento
Uno de los votos en contra lo ejerció el representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Gilberto Domínguez Escalera. A su entender, “según se aprobó el reglamento, tiene deficiencias”.
Una de estas irregularidades que destacó Domínguez va relacionada al uso de las cámaras de seguridad mientras se realice una manifestación. “En el reglamento se busca proteger la anonimidad”, dijo el representante estudiantil al cuestionar que si “si van a protestar y quieres que se apaguen las cámaras tienes que ir a un comité, revelando así su anonimato”.
Domínguez señaló que esta discusión -sobre implantar cámaras de seguridad en el Recinto- lleva en el foro desde la rectoría de Ana Guadalupe en el 2011, en la que, mediante un proceso “nebuloso”, la UPR-RP fue declarada en estado de emergencia de seguridad para así adquirir el equipo electrónico sin tener que ir a subasta y, “beneficiar a donantes políticos del Partido Nuevo Progresista”.
La Junta de Gobierno, en un informe de auditoría interna, certificó que el uso de fondos para la compra de cámaras de vigilancias en el 2011 fue uno deficiente, obteniendo así la calificación más baja, sostuvo el representante estudiantil.
“La realidad es que este reglamento se aprueba para usar las cámaras guardadas desde el 2011”, sentenció Domínguez.
Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del Senado Académico, Raúl L. Cotto Serrano, también emitió un voto en contra al reglamento a manera de protesta.
“No porque no crea que no son necesarias [las cámaras], por que lo son, y que no se necesiten reglamentos, porque se necesitan… pero también creo que debe ser el Senado Académico quien modifique o anule los reglamentos”, sostuvo Cotto Serrano.
Y es que el reglamento que se aprobó, puede ser enmendado o anulado por la Junta de Gobierno.
Además, el profesor de ciencias políticas, aseguró que el problema de seguridad en el Recinto es real y ha ido en aumento, pero, “las cámaras no impiden que se cometan crímenes”.
