Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
Rubén Kondrup, de Amnistía Internacional y Mari Mari Narváez, de Espacios Abiertos, presentaron la campaña educativa para combatir la violencia policíaca. (Carlos Tolentino/Diálogo)
Tras una investigación en el manejo de uso de fuerza de la uniformada y los incidentes reportados sobre violencia policíaca, así como las fallas encontradas sobre el respeto a los derechos de los ciudadanos, las organizaciones Espacios Abiertos (EA) y Amnistía Internacional presentaron ayer la campaña “Oficial tengo derechos”, que pretende servir como herramienta para el empoderamiento comunitario.
La iniciativa surgió como respuesta a los hallazgos del informe “No se dispara de la baqueta”. La investigación, realizada por Espacios Abiertos, cuestiona la cantidad de muertes de personas en incidentes relacionados al uso de fuerza del cuerpo de ley y orden del Estado.
La autora del informe, Mari Mari Narváez, explicó que en el documento se “analizan los datos de la Policía sobre muertes, mutilaciones y daños graves a manos de agentes de la uniformada para los años 2015 y 2016”.
“Por ejemplo, 12 personas fallecieron en el año 2015 en incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía y nueve personas fallecieron en 2016, según los datos de esa agencia”, expuso Mari Narváez, quien forma parte de Espacios Abiertos.
La abogada denunció que esperan por los datos del 2017, pues la Policía aún no los publica y no ha contestado las solicitudes de información que la organización ha realizado.
No obstante, mientras se completa ese proceso, “Oficial tengo derechos” pretende alcanzar a toda la ciudadanía mediante la creación de un portal web (OficialTengoDerechos.com) que cuenta con información educativa.
“Con este proyecto, queremos fortalecer las capacidades de todas las personas y comunidades, con particular énfasis en aquellas poblaciones que históricamente han sido más vulnerables a las intervenciones policíacas discriminatorias o excesivas”, indicó Rubén Kondrup, portavoz de Amnistía Internacional en Puerto Rico.
“Saber ejercer nuestros derechos nos permite asumir un rol de supervisores ciudadanos de los funcionarios públicos”, añadió Mari Narváez, encargada del proyecto.
Datos del informe
Al abundar sobre el informe “No se dispara de la baqueta”, Mari Narváez dijo que se compararon datos de Puerto Rico con los de algunos estados de Estados Unidos.
“Tenemos una política de uso de fuerza de la Policía que cumple con seis de ocho criterios que establece Campaign Zero, organización que combate la violencia policiaca. Sin embargo, las estadísticas de incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico nos resultan altas cuando se comparan con las poblaciones de los tres estados con mayor población de puertorriqueños en Estados Unidos”, explicó.
La portavoz de EA aludió a que, en Puerto Rico, la política de uso de fuerza luce satisfactoria en su documento de reforma policial, “pero hay una brecha entre la letra y la acción”.
El informe que compara a Puerto Rico con jurisdicciones con más población puertorriqueña ubica al País en la posición 17 (entre 50 estados y Washington D,C.) con 2.6 muertes por millón de habitantes, detrás de Florida, con 3.5 muertes en uso de fuerza de la Policía por millón de habitantes.
Mari Narváez denunció que “para el 2016 la Policía reportó que no hubo muertes por uso de fuerza y eso es falso”.
Para ese entonces, aún con una baja en el porcentaje de muertes reportadas, en comparación con el 2015, hubo nueve muertes, según el informe presentado.
Exigen cumplimiento con la Constitución
Mari Narváez declaró que más allá de la intención de la Policía por hacer valer los derechos del ciudadano, “debe haber un compromiso con la constitucionalidad y la profesionalización de la Policía”.
“Ese compromiso tiene que ser con la seguridad y protección de derechos de todos los residentes de este país, sin distinción de raza, nacionalidad, procedencia social, color de piel, apariencia, identidades de género, preferencias sexuales u otros criterios discriminatorios”, abundó.
Espacios Abiertos, también, exigió a la Policía publicar estos datos para beneficio de toda la ciudadanía. “La información debe recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible proactivamente para que la gente y las comunidades podamos conocerla y evaluar la conducta y el progreso de la reforma de la Policía. La atención a los derechos individuales y las garantías constitucionales evita poner en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al País”, mencionó.
“Oficial tengo derechos”
Ambas organizaciones explicaron que esta iniciativa comenzó en 2016 como un esfuerzo de alcance comunitario en Loíza, donde históricamente se han reportado muchos casos de intervenciones policíacas discriminatorias y abusivas.
Es un proyecto enfocado en la rendición de cuentas de la Policía de Puerto Rico desde la perspectiva ciudadana y ha consistido de varios elementos: reuniones con líderes comunitarios, líderes de organizaciones activas en Loíza, grupos focales con jóvenes de ese pueblo para auscultar el estado de las relaciones de las comunidades con la Policía.
En esas reuniones y grupos focales se identificaron también las preocupaciones y necesidades específicas de las comunidades en su interacción y convivencia con la Policía.
“Fue con esa información que se creó el contenido tanto de los materiales como de los talleres. Desde el inicio queríamos asegurarnos que el contenido respondiera a las realidades de estas comunidades. Por lo tanto, esa etapa incluyó un periodo inicial de creación de confianza, establecimiento de relaciones y discusión de las colaboraciones”, señaló Kondrup.
Se informó, a su vez, que la segunda etapa de este proyecto consistió en el ofrecimiento de talleres, sobre derechos del ciudadano ante la Policía, en Loíza y otros sectores como las escuelas de derecho y escuelas públicas mediante el programa Enlace de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Los talleres fueron diseñados con el fin de educar a miembros de esas comunidades -así como de los ciudadanos en general-, sobre cuáles son sus derechos ante una intervención de la Policía en la calle, en su carro, en su casa, si es miembro de las comunidades LGBTTIQ, si es inmigrante o víctima de crimen.
Los portavoces del proyecto destacaron que estos talleres tienen el propósito de crear talleristas lo que ha resultado en más de 500 personas orientadas y unas 66 (incluyendo estudiantes de Derecho) que ya están adiestradas para ofrecerlo.
“Nuestro propósito siempre estará vinculado a ampliar las redes de participación ciudadana”, comentó Mari Narváez. “En este caso, es vital apoderar a las comunidades en la denuncia de los abusos policiacos y reclamar sus derechos ante la Policía en conjunto”, añadió tras destacar que, actualmente, la Policía de Puerto Rico no cuenta con un ente externo que supervise sus acciones, sino que se supervisa a sí misma.
El 5 de septiembre de 2011, el Departamento de Justicia federal publicó un Informe de hallazgos sobre la Policía de Puerto Rico que reveló que la Uniformada violaba los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico de forma sistémica.
El 17 de julio de 2013, el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia federal firmaron el “Acuerdo para una reforma sostenible de la Policía” , el cual tiene una duración de diez años y contiene 301 requerimientos con los que la Policía tiene que cumplir para lograr su reforma.
“La reforma de la Policía debe ser para beneficio de la ciudadanía y de ella propia”, puntualizó Kondrup. El portavoz de Amnistía Internacional añadió que a través del portal web del proyecto que presentaron, el ciudadano podrá descargar información sobre este particular, consejos de seguridad, el informe de la investigación realizada, así como también solicitar talleres sobre este tema.
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