Presidenta UPR pide intervención al tribunal para que Policía abra la UPRRP

La Universidad de Puerto Rico (UPR) radicó anoche una Solicitud de Auto de Mandamus contra la Policía de Puerto Rico para que se utilicen los recursos necesarios para restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras de la UPR.

La orden se radicó luego que durante el fin de semana estudiantes de varias unidades del Sistema UPR rechazaran en plenos de emergencia los preacuerdos a los que llegó la mesa de diálogo institucional.

“Desde el 11 de mayo al presente, la UPR se ha visto imposibilitada de reabrir y reestablecer las operaciones académicas en el Recinto de Río Piedras, de acuerdo a la ‘Orden de Mandamus e Injunction Preliminar’ emitida por el Tribunal de Apelaciones el 5 de mayo. Los estudiantes han continuado en paro a pesar de la orden judicial y nos hemos visto imposibilitados de reabrir el Recinto sin poner en riesgo la seguridad personal y de la propiedad”, expresó en un comunicado de prensa la presidenta interina de la UPR, Nivia A. Fernández Hernández.

El recurso legal solicita que se obligue a la Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández de Fraley, a cumplir su deber ministerial de proteger a las personas, a la propiedad de la UPR, conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes mediante la utilización de todos los recursos disponibles para ejecutar la orden.

En la solicitud se explica que la orden fue a los efectos de restablecer las labores educativas y el acceso a la UPRRP, garantizar que se permitiera el libre y seguro acceso al mismo, sus instalaciones, edificios, salones de clase y realizar cualquier otro acto necesario para cumplir cabalmente con lo ordenado por los tribunales.

Además, la solicitud indica que “la UPR no cuenta con poder coactivo alguno para forzar a los terceros que actualmente están impidiendo el acceso al Recinto de Río Piedras a cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones ya que, aunque el Recinto cuenta con la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, comúnmente conocida como ‘la guardia universitaria’, este cuerpo no cuenta con el adiestramiento ni con el equipo necesario para manejar este tipo de situación”.

También la institución establece que “ha agotado todos los mecanismos a su haber para abrir los portones del Recinto de Río Piedras, incluyendo repetidas gestiones de conciliación y diálogo con los representantes estudiantiles que han sido infructuosas. Desde que estas personas tomaron el control de los accesos del Recinto se tiene información de que han ocurrido en el mismo, en sus inmediaciones y en otra propiedad de la UPR, un sinnúmero de eventos que podrían constituir actos delictivos a tenor con varios artículos del Código Penal. Es necesario recalcar que la UPR ha estado impedida de actual efectivamente para poder hacer valer la orden del Tribunal y que no ha habido intención de incumplir”.

El recurso legal radicado también hace referencia a la acreditación de la UPR ante la Middle States Commission on Higher Education, la cual podría verse afectada ante esta situación que no le permite cumplir cabalmente con las exigencias que se le imponen de mantener operaciones institucionales regulares con estudiantes participando activamente en sus programas académicos.

“Sin esta acreditación, la Universidad de Puerto Rico deja de ser la institución educativa de prestigio institucional que ha desarrollado tras más de cien años de labor. Ello podría tener un efecto devastador sobre la capacidad de UPR de continuar operando efectivamente y rindiendo sus servicios a la sociedad puertorriqueña”.

Finalmente el Auto de Mandamus añade que “de no detenerse la conducta ilícita de los demandados, la comunidad universitaria sufrirá daños irreparables en la medida en que la interrupción de las operaciones del sistema universitario y de las labores docentes atrase irrevocablemente todos los programas académicos y proyectos de investigación e intercambio antes mencionados”.

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