El presidente de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter Alomar Jiménez, entregó a los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes (CGE) de las 11 unidades parte de la documentación que al momento utiliza la administración institucional para elaborar el plan fiscal revisado, de acuerdo con una misiva que la UPR divulgó ayer en la tarde a través de su cuenta oficial de Twitter.
Entre los documentos que Alomar Jiménez menciona en la carta, se encuentran el presupuesto aprobado de la UPR para este año fiscal; la versión del plan fiscal que la Junta de Gobierno certificó en julio de 2017 pero que nunca fue aprobada por la Junta de Control Fiscal (JCF); y las recomendaciones enviadas al presidente interino Darrel Hillman Barrera, que ya fueron discutidas el pasado 7 de febrero en la reunión de la Junta Universitaria.
Sin entrar en detalles, el presidente de la JG indica que igualmente se incluyen el “documento de trabajo para el resumen de medidas propuestas al plan fiscal 2.0”, así como un “análisis de cuotas de cargos por servicios de instituciones universitarias en Puerto Rico” junto con los propuestos cambios a estas cuotas y cargos en la UPR.
La entrega de documentos surge luego de que los líderes de los CGE manifestaran su inconformidad ante la poca información que la administración les había provisto. De acuerdo con el comunicado de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), hasta el viernes pasado las autoridades universitarias únicamente habían compartido el plan fiscal original y el presupuesto para el año 2017-18, dos documentos fácilmente accesibles en Internet.
Entre otros asuntos, la CEN exigía las “propuestas, recomendaciones y aportaciones de las rectorías en la elaboración del plan fiscal” que debe someterse a la JCF en o antes del 9 de marzo.
Sin embargo, Alomar Jiménez planteó en su carta que “al momento no contamos con las propuestas o recomendaciones de las rectorías. Estas se encuentran en Presidencia, pues es el presidente quien trabaja en la revisión del plan fiscal junto a su equipo, como es de conocimiento público”.
“Como saben, no hubo una variación significativa en la reducción de las aportaciones que recibe la Universidad contempladas en el presupuesto del gobierno central. Por lo que es imperativo implementar medidas de generación de ingresos y realizar ajustes en el presupuesto”, puntualiza la misiva de Alomar Jiménez, quien el pasado 2 de febrero realizó una especie de cónclave con líderes estudiantiles de cada unidad en el que también estuvo presente Hillman Barrera.
Este año, la UPR recibió $631 millones provenientes del fondo general, unos $202 millones menos de los que ingresaban a sus arcas bajo la fórmula congelada por la Ley 66 de 2014 que estuvo en vigor hasta el año fiscal 2017.
El plan fiscal que el gobierno central entregó con correcciones a la JCF el pasado lunes contempla que esa cifra se reduzca hasta los $410 millones para el año 2021-22, lo que supondría que al principal centro docente del país se le habría recortado más de la mitad de su financiamiento gubernamental en un periodo de cinco años.
Amplios sectores de la comunidad universitaria se han opuesto tajantemente a los niveles de recortes que se espera enfrente la institución en los próximos años, incluyendo a los colectivos docentes del Recinto Universitario de Mayagüez Protestamos y Aprum, que al presente trabajan en una segunda versión del llamado Plan Fiscal Sostenible que propusieron en mayo del pasado año pero que fue ignorado por los entes rectores del sistema.
