Ante la incertidumbre que arropa a la comunidad universitaria con respecto a la elaboración del plan fiscal revisado para la Universidad de Puerto Rico (UPR), una delegación estudiantil se reunirá mañana con el presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Walter Alomar Jiménez.
El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR en Ponce, Juan José De Jesús, detalló en la asamblea celebrada esta tarde en el campus sureño que a la reunión asistirán los presidentes de cada uno de los 11 consejos del sistema, así como todo el caucus estudiantil de la Junta Universitaria (JU).
De acuerdo con De Jesús, para la reunión de mañana a las 10:30 a.m., los estudiantes han solicitado la presencia del representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ante la Junta de Gobierno, Alejandro Camporreale.
“La sospecha que tenemos es que el plan fiscal lo está elaborando la Aafaf y no la administración universitaria. Por lo tanto, entendemos que Camporreale puede tener la información más actualizada en torno a lo que se propone para la universidad”, sostuvo el líder estudiantil.
En su informe ante la asamblea, el representante estudiantil de la UPR en Ponce ante la JU, Jesús Vargas, señaló que el presidente interino del centro docente, Darrel Hillman Barrera, se negó a llevar a cabo una reunión extraordinaria con el cuerpo para discutir los detalles del borrador del plan fiscal. De igual forma, el tema tampoco se incluye en la agenda propuesta para la reunión ordinaria programada para el 7 de febrero.
En una carta circulada esta semana, Hillman Barrera aseguró que la nueva versión del plan fiscal se discutiría en la Junta Universitaria “tan pronto esté listo” previo a que la Junta de Gobierno tenga la oportunidad de certificarlo.
El plan fiscal que el gobierno central entregó a la Junta de Control Fiscal (JCF) la semana pasada contempla recortes de $424 millones para el año 2021-22 en las asignaciones que recibe la UPR del fondo general, respecto a lo que recibió la institución mediante fórmula entre los años fiscales 2015 y 2017.
Por otra parte, el presidente del CGE informó que, en caso de que la UPR no alcance a someter los estados auditados para el 31 de marzo, el desembolso de ayudas federales como las Becas Pell, el programa de estudio y trabajo y los préstamos estudiantiles podrían verse retrasados hasta por dos meses.
Actualmente, la UPR opera con una licencia provisional del Departamento de Educación federal, por lo que la institución debe desembolsar las ayudas estudiantiles antes de reclamar un reembolso que por lo general toma entre 48 y 72 horas.
De concretarse la degradación, la UPR se vería obligada a solicitar préstamos para cumplir con los pagos a los estudiantes, convirtiéndose así en la primera universidad pública en los Estados Unidos y sus territorios que recibe autorización para ello, según De Jesús.
En la Asamblea General, asimismo, se notificó que el Senado Académico de la UPR en Ponce aprobó una resolución oponiéndose a cualquier aumento de matrícula hasta el año académico 2019-20. De acuerdo con el senador estudiantil Félix Rodríguez Avilés, la rectora interina del campus, Carmen Bracero, se opuso a la medida.
En el plan fiscal que certificó la Junta de Gobierno en julio del pasado año, la matrícula se aumentaba a $115 por crédito subgraduado y $270 por crédito graduado a partir del año académico 2018-19.
