10/17/2016 Miembro de la Junta de Gobierno . Fotos por Ingrid Torres
El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Pérez Díaz, afirmó hoy que lamenta que se haya llegado al punto de tener que recurrir a una solicitud judicial para que la Policía restablezca el acceso al Recinto de Río Piedras de la UPR.
Las expresiones surgen luego que la presidenta interina de la UPR, Nivia A. Fernández, radicara anoche una Solicitud de Auto de Mandamus contra la Policía de Puerto Rico para que se utilicen los recursos necesarios para abrir los portones del campus. De acuerdo con la administración universitaria, esta decisión se tomó tras la determinación de ocho movimientos estudiantiles de no respaldar los preacuerdos alcanzados durante el fin de semana para viabilizar el reinicio de las labores académicas y administrativas.
“La Universidad, claramente, se encuentra en una encrucijada entre unos grupos que no han podido llegar a acuerdos sensatos. Por un lado, está la Junta de Supervisión Fiscal y el plan fiscal del gobierno central que insiste en recortes de $512 millones a la UPR y por el otro, están los grupos estudiantiles -apoyados por otros sectores- que han escogido la huelga para hacer valer sus reclamos de que no se sigan recortando los recursos a la Universidad. Mientras tanto, nosotros, desde la Junta de Gobierno hemos llegado al máximo de las concesiones económicas que puede hacer la Universidad dentro de la situación fiscal tan difícil que enfrenta el gobierno y todas sus instituciones”, dijo Pérez en un comunicado de prensa.
“La administración universitaria ha realizado todas las gestiones que están a su alcance, dentro y fuera de la mesa de diálogo institucional, para reabrir la Universidad sin violencia, pero no deja de ser cierto que los edificios de la UPR en las diversas unidades se están deteriorando a pasos muy grandes y que la Universidad ha ido perdiendo elegibilidad de acceso a fondos federales para asistencia económica a los estudiantes, que incluye la Beca Pell, lo cual pone a la gran mayoría de nuestros estudiantes en una situación de insolvencia económica para pagar sus estudios el próximo año académico”, sostuvo el presidente de la junta.
Pérez explicó que contrario a otras instancias de huelga en la UPR, esta vez la Universidad no tiene los recursos económicos para prestarles a los estudiantes el dinero para el pago de sus matrículas hasta que cada unidad que ha perdido elegibilidad a fondos federales la recupere y se reembolsen esos fondos al sistema universitario.
“El futuro de la Universidad está atrapado entre posiciones extremas que no logran acuerdos y cuando esto pasa, se recurre a medidas extremas, aunque no sean las que uno desea. Desde el inicio hemos afirmado que aspiramos a una solución que permita abrir los portones sin violencia”, reiteró.
Pérez reiteró que el máximo foro rector de la UPR mantiene la discusión frente al gobierno y la Junta de Control Fiscal para que “reconozcan que un recorte de $512 millones es inaceptable porque aniquila a la Universidad como la conocemos hoy”. Con esto buscan que el ente federal reconsidere su postura en cuanto a los recortes del presupuesto del primer centro docente del País.
Varias unidades de la UPR están en huelga sistémica desde el 6 de abril. La paralización surge en rechazo a los recortes al presupuesto de la Universidad. Además, los estudiantes exigen la auditoría de la deuda, entre otros reclamos.
