Sin mención alguna de recortes a los municipios, a las agencias públicas o a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares presentó hoy a la Asamblea Legislativa los contornos de lo que será el primer presupuesto de la actual administración –que ronda los $9,562 millones–, pues el contenido del documento completo no se ha publicado aún.
Lo que se conoce, empero, es que en ese presupuesto –que Rosselló Nevares calificó como uno “sin marco de referencia”, ya que su confección responde a “criterios de transparencia y políticas públicas diferentes” a pasadas administraciones– el gobierno separó $2 mil millones para garantizar los pagos a los pensionados.
Indicó, además, que el Departamento de Hacienda logró crear una reserva de $200 millones que, sumada a los $230 millones que logró la agencia por encima “de lo proyectado” en abril, sería suficiente para que la Junta de Control Fiscal (JCF) no mandate el 30 de junio la reducción de la jornada laboral para el próximo año fiscal ni la eliminación del bono de Navidad en el sector público.
Dicha reducción sería de cuatro días al mes en los empleados generales del gobierno, y dos días al mes en el caso de los maestros.
La parte inicial del mensaje consistió en un repaso de la legislación y órdenes ejecutivas en los pasados cinco meses, que según el mandatario, ha significado sobre $200 millones en ahorros operacionales del gobierno desde enero.
En cuanto al plebiscito de 11 de junio, el gobernador exclamó que “tendremos la oportunidad de dejar atrás las limitaciones del indigno sistema colonial y aspirar a la igualdad de derechos en la nación que representa el símbolo de la libertad y la democracia en el mundo”.
Se suponía que el borrador del presupuesto se divulgara el 22 de mayo, tras una prórroga que dio la JCF al gobernador para volver a trabajar sobre una primera versión que entregó el 8 de mayo. Rosselló Nevares no ha explicado el porqué de la tardía. Desde antes de esa fecha, la prensa ha solicitado el documento, pero La Fortaleza había denegado las peticiones bajo el pretexto de que es un “documento de trabajo” que en última instancia pertenece a la JCF.
Consistente el gobernador en no hablar de la UPR
Por adelanto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la confección de los borradores de planes fiscales para la UPR, se conoce que la institución verá una reducción presupuestaria de $149 millones desde el 1 de julio.
Este sería el primer recorte de varios en los próximos años –hasta llegar a $450 millones para el 2021– en la aportación del Estado a las arcas universitarias, tal como planteó la JCF al gobierno en marzo pasado.
Pero a pesar de que la universidad pública llegó a tener nueve de sus once recintos en huelga indefinida por dicho ajuste –paralización que ya alcanza los dos meses– y que el sector estudiantil ha procurado una reunión personal con él, Rosselló Nevares no mencionó a la UPR en su discurso.
Tampoco a las agencias y municipios, ni cuál sería el panorama presupuestario que enfrentarán estas.
Por eso, a preguntas de Diálogo sobre a quién se refería Rosselló Nevares cuando mencionó aquellos “quienes a falta de votos recurren al discurso de la confusión y la promoción del desorden”, y sobre el porqué del mutis con respecto a la UPR, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, contestó que se refería a los universitarios.
“Tú sabes a quién: a los encapuchados, a los que cerraron la universidad, a los que escupen profesores, a los que quieren cobrar sin trabajar en la UPR. A los que han puesto en riesgo las becas y los préstamos de los estudiantes que quieren progresar. A los que han puesto en riesgo la acreditación. El gobernador no está aquí pero yo te la contesto claramente para que no te quede ninguna duda”, ripostó el líder senatorial en una conferencia de prensa posterior al mensaje de presupuesto.
Se cocina reforma contributiva desde La Fortaleza
Además de las garantías para los pensionados, el ejecutivo ofreció esbozos de lo que será el proyecto de reforma contributiva que estará presentando próximamente, y que busca “bajar la carga de impuestos a la mayoría de los puertorriqueños, principalmente a la clase media y a los más vulnerables”.
Esta reforma, dijo, representará un alivio de más de $200 millones para la clase asalariada mediante una ampliación de los “renglones de ingresos” y una reducción de la “tasa efectiva”.
Bajo esta, más de 400,000 contribuyentes no tendrían que radicar planillas, pues se implementaría una “política de retención en el origen de sus salarios” que cubriría la responsabilidad contributiva.
Igualmente, los primeros $12,500 en ingresos estarían libre de contribuciones, y se aumentará la exención para los pensionados de $15,000 a $25,000. Se dará un crédito de $100 por dependientes para quienes ingresen hasta $80,000.
Por último, se reducirá de 4% a 2% el impuesto business-to-business (B2B), la primera fase de la eventual eliminación de esta contribución a las corporaciones.
Sobre los particulares de cada una de las medidas, no se detalló si se incluirán en el presupuesto que se discutirá en la Asamblea Legislativa en los próximos días o si se especificará en el proyecto de ley que baje de La Fortaleza.
Rosselló Nevares tampoco dijo cómo o de dónde saldrán las fuentes de ingresos que sustituirán las partidas que se restarán de las cargas contributivas.
