La Junta de Control Fiscal (JCF) señaló hoy que el presupuesto sometido por la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no concuerda con el plan fiscal certificado para la institución, en contravención a las disposiciones de la ley Promesa.
De acuerdo con la carta –firmada ayer por el presidente de la JCF, José Carrión, y dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela– el ente fiscal, por falta de información, no pudo hacer un análisis con “suficiente certeza y precisión” de cómo el presupuesto sometido el pasado 4 de junio concordaba con el plan fiscal certificado por la JCF.
Parte de esa información –que la JCF está solicitando al amparo de la ley Promesa– incluye documentos suplementarios que evidencien de forma específica las partidas de ingresos y egresos. Esto fue solicitado a la UPR desde el 8 de mayo.
El presupuesto sometido por la UPR también falla en tanto presenta ingresos para el próximo año fiscal por debajo de lo certificado en el plan fiscal en las partidas de aumento de matrícula y cuotas.
Aunque no se detalló en la carta como una posible explicación para las discrepancias entre el presupuesto sometido y el plan fiscal, Diálogo ha reseñado que la administración universitaria está utilizando el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno en marzo y no el plan fiscal certificado por la JCF en abril –que es el vinculante de acuerdo con Promesa–.
Hoy, la Junta Universitaria celebrará una reunión extraordinaria a las 6:30 p.m. para discutir el presupuesto de la UPR. Pero a raíz de la carta de la JCF y de las “revisiones sustanciales” que requiere el documento, no queda claro qué determinación tomará ese cuerpo deliberativo.
Según el borrador del 4 de junio, al que Diálogo tuvo acceso, el fondo general de la UPR –que es el dinero sobre el que la universidad puede disponer libremente– para el 2018-2019 ascendería a $890.5 millones. De esa cantidad, unos $683 millones se distribuirían entre las 11 unidades académicas para gastos de funcionamiento, lo que representaría un recorte de casi $8 millones respecto a lo que desembolsó con ese propósito durante el vigente año fiscal.
Otros gastos significativos contenidos en el borrador incluían los $48.2 millones asignados al servicio de la deuda pública, $44.0 millones en “asignaciones a transferir” –dinero que generalmente se utiliza como fondos de pareo en propuestas de investigación–, $41.9 millones para Servicios y Actividades del Sistema Universitario (SASU) y $12.7 millones a Administración Central.
Ese borrador incluía además un fondo de becas administrado por el sistema universitario de poco más de $9 millones, que en principio debía complementar el fondo de becas gubernamental de $25 millones que estaba sujeto a que se derogara la Ley 80 sobre despidos injustificados.
El presupuesto sometido a la JCF tomaba en cuenta la reducción interanual de $41.3 millones en las asignaciones gubernamentales por fórmula que recibe la UPR, y en gran medida compensaba esos ingresos a través de los aumentos a los costos de matrícula graduada y subgraduada, así como mediante la eliminación de buena parte de las exenciones de matrícula.
En total, la UPR proyectó ingresos de $160.8 millones por concepto de matrícula, casi el doble de los $85.8 millones que debía generar en el 2017-2018, a los que se sumarían más de $19 millones en ahorros como consecuencia de la eliminación de exenciones.
Dos días para cuadrar el presupuesto
En la carta se indica que para mañana miércoles, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares deberá entregar el presupuesto revisado a la JCF, que incluirá la partida destinada a la UPR. Dicho presupuesto revisado deberá incluir, además, una certificación de la Junta de Gobierno de la UPR aprobando su presupuesto, una vez se realicen las “revisiones sustanciales” requeridas por el ente fiscal.
El viernes, la JCF certificará un presupuesto para el gobierno y la UPR. En un primer escenario, los presupuestos revisados cumplirían con Promesa, lo que no representaría mayores problemas para su aprobación. En caso de que la junta entienda que incumplen con la ley federal, esta elaborará y certificará los presupuestos para el gobierno y la UPR, tal como hizo en abril con los planes fiscales.
Diálogo espera por una reacción del presidente interino de la UPR, Darrel Hillman.
El reportero Manuel Guillama colaboró en esta historia.
