Recientemente se publicó un estudio sobre las tasas de hostigamiento sexual en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. El estudio, de los únicos que se ha hecho sobre el tema, reveló la prevalencia de esta conducta: alcanza un 53.2% entre los estudiantes, un 39.6% entre los profesores y un 57.6% entre empleados no docentes.
Los mecanismos existentes para reportar dichos tipos de conducta son la Oficina del Procurador Estudiantil y la Guardia Universitaria del recinto. No existe ningún tipo de oficina para sobrevivientes de asalto sexual en ninguno de los recintos. Tampoco hay un componente mandatorio de educación a nivel de bachillerato sobre el tema de hostigamiento sexual ni consentimiento activo.
Muchas universidades privadas en los Estados Unidos han adoptado ambas herramientas para prevenir estas conductas educando al estudiantado y al resto de la comunidad universitaria. Estos módulos educativos son requisitos para poderse matricular.
El componente educativo usualmente es a través de un pequeño curso en línea que presenta distintas situaciones que requieren consentimiento activo de ambas partes y otras donde se presentan conductas de hostigamiento y acoso sexual y proveen la oportunidad al estudiante de intervenir a través de una acción “upstander.”
Se definen como acciones “upstander” conductas e intervenciones que previenen situaciones de hostigamiento y acoso sexual. La palabra proviene de hacerle frente a los “bystanders” – personas que no intervienen en dichas situaciones y permiten que ocurra el hostigamiento o acoso sexual.
La oficina para sobrevivientes de asalto sexual es otro mecanismo que ofrece apoyo a sobrevivientes de esta conducta. La oficina tendría un componente de seguridad para reportar instancias de asalto y hostigamiento sexual y otro componente de apoyo en las áreas de salud mental y consejería. Además, esa dependencia estaría encargada de campañas de prevención y educación en los recintos universitarios.
Es pertinente y urgente que las universidades públicas en Puerto Rico adopten estos mecanismos. Este tipo de conducta repercute en un problema mayor: las altas incidencias de violencia de género en nuestra sociedad.
Se debe comenzar educando a los estudiantes a nivel universitario y proveyéndole a los y las sobrevivientes de la comunidad universitaria herramientas de apoyo a corto, mediano y largo plazo.
La autora es exalumna de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
