Al tiempo que descartó como falsas las alegaciones levantadas en su contra, el designado Secretario de la Familia, Wilfredo J. Maldonado, solicitó al Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, el retiro de su nombramiento para proteger su reputación. Informes de prensa divulgados durante el fin de semana, señalaban a Maldonado como representante legal de un hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijos. También se informó sobre casos en los que Maldonado intervino como abogado, a pesar de que en una etapa previa había trabajado con ellos en la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Los casos en los que Maldonado fungió como abogado fueron civiles. Al ser cuestionado inicialmente sobre las informaciones publicadas, Fortuño se limitó a decir que estaba en el proceso de solicitar más información al designado. El domingo en la noche, La Fortaleza emitió un comunicado de prensa en el que se informaba sobre la solicitud de Maldonado para que se retirara su nombramiento. El Gobernador retiró la designación. “En nuestro sistema constitucional, todo el mundo tiene derecho a una representación legal adecuada. Más aún, los abogados venimos éticamente obligados a representar a clientes que necesitan representación legal. En ese sentido no hay nada impropio en que el licenciado Maldonado, en su anterior práctica como abogado en Derecho de Familia, haya representado civilmente a personas que hayan sido querellados por abuso, más aún cuando dichos casos son posteriores al inicio del pleito civil. Sin embargo, el licenciado Maldonado expresó que no deseaba que su trayectoria profesional fuera manchada ni que su familia se viera afectada por situaciones como la surgida en este fin de semana, que sacaron de contexto sus ejecutorias y pretendían arrojar sombra sobre su capacidad profesional. Así que, a fin de ni siquiera arriesgar el que se pudiese haber visto afectado el funcionamiento del Departamento, él mismo decidió solicitar que el señor Gobernador retirara su nombramiento,” explicó el Secretario de la Gobernación, Juan Carlos Blanco en declaraciones escritas. Por su parte, Maldonado se defendió de las alegaciones que calificó como sacadas de contexto. Explicó que fue abogado del señor Pedro Colón (acusado de abuso sexual) en un proceso de divorcio y que fue un año más tarde que éste fue acusado criminalmente por abuso sexual de menores. Añadió que la alegación sobre un conflicto ético por llevar casos representando a la parte contraria del cual fuera abogado cuando laboraba en ASUME fue presentada en una ocasión en corte donde se probó que no era correcta. “Las noticias sacadas de contexto que intentaban manchar mi reputación, reputación levantada en más de catorce años en la práctica de la abogacía, unido al hecho de lo mucho que se ha afectado mi familia con esta situación, me llevaron a reconsiderar mi decisión de fungir como Secretario de la Familia. Ante mi gran deseo de servir, está primero mi familia ala que no voy a exponer a situaciones lamentables como las que se suscitaron este fin de semana, por lo que solicité se retirara mi designación. Cuesta mucho levantar un nombre y basta sólo un segundo para destruirlo”, expresó Maldonado en un comunicado reseñado por el portal electrónico de El Nuevo Día. La controversia pública sobre este caso levanta interrogantes sobre el entendimiento del rol de los abogados y sobre la justicia misma, a juicio del profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Díaz Olivo. El también analista político sostuvo en su espacio radial (WKAQ) que el hecho de que se pretenda descalificar a un abogado por representar a alguien en un juicio o exponer que eso lo incapacita para otras posiciones denota que no se conoce la función del abogado. “Para el cliente representado aquí también se le han violentado los derechos porque tal parece que si a alguien ya lo acusaron de abusar de un niño automáticamente hay una presunción de culpabilidad y entonces se le está negando un juicio justo a esas personas. Eso es muy peligroso para el sistema judicial, se está siendo injusto con el abogado y se está siendo injusto con el acusado o demandado en esos procesos”, opinó Díaz Olivo. Sin embargo, otras voces como la ex secretaria del Departamento de la Familia, Yolanda Zayas levantaron banderas rojas sobre el designado. Zayas expuso que si se trata de intervenciones del designado en su práctica de la abogacía en casos que van en contra de niños “yo entiendo que hay que hacer una investigación profunda sobre las gestiones que ha realizado”.
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