Las autoridades federales han puesto puntos suspensivos al proyecto Ciudadela de Cayey al retirar su endoso a la construcción de la carretera que conectaría este proyecto al Expreso 52 por irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental sometida al Departamento de Transportación Federal por la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico con el fin de utilizar fondos federales.
“Llevamos varios años en esta incertidumbre. Imagínate que un día llegues del trabajo y notes que hay cintas rosadas marcando áreas de la verja de tu casa. Al otro día las cintas marcan tu marquesina. Entonces, comienzas a escuchar de las expropiaciones de tu comunidad y todo para que unos desarrolladores tengan acceso a la autopista. Esa ansiedad la han vivido en los pasados años 16 familias de la urbanización Estancias de Beatriz”, relata Judith Crespo.
Ella es residente del Barrio Las Vegas en Cayey, una zona rural en la que se pretende construir un proyecto comercial y turístico de gran escala. Para llegar a Las Vegas hay que tomar varias carreteras rurales, ya sea desde Guavate o la carretera número 1. Para los vecinos, la insistencia de construir una carretera que los conecte con el expreso sería perjudicial para la zona que es considerada el último valle agrícola de Cayey, y solo beneficia a los desarrolladores.
Ciudadela de Cayey es un ambicioso proyecto que contempla la construcción de un hotel con casino, diez edificios para un centro comercial de ‘outlets’ con 4,379 estacionamientos y un parque industrial en terrenos demarcados en el Plan de Uso de Terrenos como de alto valor agrícola, en el Barrio Las Vegas de Cayey. Los terrenos en los que se pretende construir este desarrollo quedan muy retirados y con accesos muy rústicos, por lo que su viabilidad está atada a la construcción de esa carretera.
Para el presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, la determinación de la agencia federal de retirar el permiso para construir el conector PR 158 hace inviable este proyecto ya que la Consulta de Ubicación aprobada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) contempla ese conector y por la magnitud del proyecto, la única forma en que puede ser aprobado de forma final es que tenga ese acceso a la autopista Luis A. Ferré.
“El retiro del endoso de las autoridades federales a la PR 158 impide el proyecto. No puede existir si no tiene esa conexión. Este proyecto no puede existir sin la aprobación federal. Si ellos no pueden revertir eso no van a poder cumplir con la consulta… una consulta de ese tamaño sin acceso al expreso no se podría manejar. El proyecto está supeditado para correr a una etapa posterior requiere la conexión al expreso”, sostuvo García Pelatti al Centro de Periodismo Investigativo.
El abogado ambiental que representa a la comunidad, Omar Saadé Yordán, coincidió en que la decisión de los federales pone en aprietos el proyecto ya que las comunidades que desde sus inicios se opusieron al proyecto pueden impugnar la consulta de ubicación para detenerlo.
La carretera a la que se hace referencia en la Consulta de Ubicación de Ciudadela de Cayey es la PR 158. El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras incluyeron en el 2014 el conector entre los proyectos de mejoras a carreteras sometidos a la Administración Federal de Autopistas para ser financiado por fondos federales.
Federales retiran permiso por “truco” en conector
El conector fue aprobado por las autoridades federales al ser justificado por el gobierno local como un proyecto público para beneficiar el acceso de la comunidad. Sin embargo, a finales del 2015 el Departamento de Transportación Federal retiró el endoso y los fondos federales para la construcción de la carretera tras encontrar incongruencias e información falsa brindada por el gobierno local.
La decisión de retirar la aprobación de la Evaluación Ambiental (EA) de la PR 158 fue informada mediante dos cartas enviadas a Miguel Torres, Secretario de Transportación y Obras Públicas, y a la administradora de la Autoridad de Carreteras, Carmen Villar.
De acuerdo a las comunicaciones enviadas por la Administración Federal de Autopistas (FHWA), la evaluación ambiental sometida por la ACT informó erróneamente la ubicación y la distancia del proyecto, omitió comunidades que impactaría y las cuatro residencias que se tendrían que expropiar. Los documentos señalan que la evaluación ambiental ubica la construcción del proyecto en fincas abandonadas, aunque el mapa indica que al menos la mitad del proyecto de la carretera estaría en áreas residenciales y menciona una escuela (Escuela Beatriz) que no existe.
Finalmente, la FHWA notificó el retiro del endoso tras confirmar que la misma fue realizada por una empresa privada en violación de los reglamentos; cuestionando además que el DTOP y la ACT hayan firmado un acuerdo con esa misma empresa privada para desarrollar el propuesto conector.
Los reglamentos federales establecen que las agencias del gobierno de Puerto Rico son las responsables del proceso de evaluación ambiental de los proyectos, por lo que la Autoridad de Carreteras violó dicho reglamento al dejar en manos de la organización privada la evaluación ambiental del propuesto conector.
“Por lo tanto, revocamos los endosos de FHWA, FONSI (Finding of No Significant Impact) y la EA (Evaluación Ambiental) para este proyecto y la solicitud de acceso al expreso interestatal relacionados con este proyecto”, indicó James Christian, administrador de la división de Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Administración Federal de Autopistas del Departamento Federal de Transportación.
Autoridad de Carreteras irá nuevamente ante las agencias federales
El gobierno no ha podido explicar las irregularidades en el proceso de evaluación del propuesto conector 158 que provocaron el retiro del permiso federal, por lo que se allanó a la determinación de la agencia federal, pero reevaluará el proyecto vial buscando alternativas diferentes que permitan su construcción.
El ingeniero Javier Arroyo, director de Área de Construcción de la Autoridad de Carreteras, no pudo explicar los señalamientos que hiciera la agencia federal al documento y la diferencia entre lo que la evaluación ambiental describe y la realidad en el terreno, porque “cuando nosotros llegamos el proyecto estaba prácticamente autorizado por Federal Highway”.
El funcionario rechazó que la Autoridad de Carreteras contratara a una empresa para hacer la evaluación ambiental ya que alega que se hizo por personal interno, y solo se contrató a la empresa privada para hacer estudios que la agencia no puede hacer. Explicó que el proyecto del conector se reevaluará en su totalidad y si es viable se someterá nuevamente a la consideración de la Federal Highway para solicitar los fondos federales para su construcción.
“Puede suponer eso (que con el nuevo proyecto se acepta las violaciones que señala la agencia federal) pero nosotros estamos claros que hicimos el proceso adecuado. No seguir discutiendo con ellos porque lo que queremos es sacar el proyecto. Por lo que vamos a reevaluarlo y hacerlo nuevamente para no tener ninguna duda”, afirmó.
Aunque las comunidades insisten que en la zona no existe congestión vehicular, el funcionario justificó la necesidad de la construcción del conector al expreso para la aliviar el tráfico vehicular en la zona. Dijo que, aunque también se considera en la evaluación el acceso que pueda dar a Ciudadela de Cayey y el Parque Tecnológico de Cayey, no necesariamente es la razón por la que se hace el conector.
“Nosotros hacemos proyectos para ayudar a las comunidades. Si se incluye eso (el acceso a los propuestos desarrollos en la zona) pues también es parte de la evaluación que se hace. Pero no es la intención de la agencia hacer un proyecto para un privado. Tiene que haber una justificación pública. Y si Federal Highway no entiende que es así, ni siquiera nos dieran el dinero para hacer esta segunda evaluación”, acotó.
La Autoridad de Carreteras sometió en octubre a la Administración Federal de Carreteras (FHWA) una nueva propuesta para la construcción del conector, confirmó el ingeniero Arroyo. “Aún nos encontramos recibiendo comentarios de FHWA. Entiendo que en las próximas semanas pudiéramos tener su visto bueno y realizar el proceso de selección del diseñador. Ya el presupuesto nuevo se asignó, este comenzó el 1 de octubre de 2016”, explicó.
Ideado en el 2011, el proyecto Ciudadela de Cayey ha tenido, desde sus inicios, un proceso de obtención de permisos plagado de irregularidades. El Municipio de Cayey, coincidiendo con la propuesta construcción, enmendó el Plan de Ordenamiento Territorial para permitir el uso comercial y residencial de esos terrenos, lo que permitió que la empresa proponente del proyecto turístico comercial sometiera una consulta de ubicación ante la Oficina de Gerencia de Permisos.
La consulta de ubicación de Ciudadela fue aprobada por la Oficina de Gerencia de Permisos, en noviembre de 2012, aunque el Departamento de Agricultura se opuso por estar propuesto en tierras de alto valor agrícola.
En una carta enviada por la directora de la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos del Departamento de Agricultura, la agrónoma Nancy I. Sánchez Villanueva, se dice que los terrenos “proveen para el desarrollo de actividades agrarias de importancia económica tales como siembras, crianza de animales y mercadeo de productos. Aun cuando existen varios usos urbanos en la periferia inmediata de la finca, consideramos que esta funciona como una zona de amortiguamiento. El proyecto propuesto genera un precedente para la eventual desaparición de los terrenos agrícolas existentes en el lugar”.
Los residentes de las comunidades aledañas al desarrollo comercial, quienes se han organizado en el grupo Cayey para el Mundo, han identificado varias irregularidades en el proceso de permisos del proyecto Ciudadela para Cayey. Por ejemplo, desde sus inicios, se ha atado el proyecto turístico comercial al desarrollo en esa zona un tal Parque Tecnológico de Cayey, el cual no ha sido construido y cuyos proponentes retiraron desde 2009 la solicitud de consulta de ubicación. De acuerdo con los documentos oficiales en el Departamento del Estado, el presidente del Parque Tecnológico de Cayey es Luis Alberto Rubí y su vicepresidente Juan C. Galanes, ambos desarrolladores también de Ciudadela de Cayey.
“Ante el proceso de construcción del conector 158, funcionarios de la Autoridad de Carreteras encabezados por Carmen Ana Morales de la División de Estudios Ambientales de la Autoridad de Carreteras, reunieron en junio del 2015 a los vecinos de la zona para orientarlos sobre el alcance de todo el proyecto en el que incluían el todavía, para esa fecha, propuesto parque. Fuimos los vecinos los que le mostramos el documento que confirma que ese parque no existe ni está bajo consideración de permisos del gobierno al que ellos representaban. Entonces, [Morales] cambió la versión para defender la necesidad del conector para aliviar el tráfico de la zona”, sostuvo Judith Crespo, portavoz de Cayey para el Mundo.
Para los vecinos no existe otra explicación posible para continuar con el proyecto de Ciudadela y el conector que no sea el acceso a políticos que tienen los desarrolladores, por ser asiduos donantes para las campañas electorales de los dos principales partidos políticos.
Entre los proponentes de Ciudadela de Cayey figuran empresarios vinculados a otros proyectos que han estado bajo la mirilla pública, como Luis Alberto Rubí y Mark Greene Shotland, del fallido Dos Mares Resort en el Corredor Ecológico del Noreste; y Alberto De La Cruz Rionda, presidente de Coca Cola Puerto Rico y vinculado a su vez en el caso del legislador convicto Jorge De Castro Font por sobornos políticos. De La Cruz fue identificado en el pliego acusatorio y luego en la moción de culpabilidad del exsenador ante el tribunal federal como uno de los empresarios que pagó a De Castro Font cerca de $165,000 a través de la agencia de publicidad Sajo & García para descarrilar legislación.
Las autoridades federales no radicaron cargos contra De La Cruz ni contra otros empresarios por considerarlos víctimas de soborno de De Castro Font quien se declaró culpable a nivel federal de 21 de los 31 cargos radicados. La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa E. Rodríguez comentó que en un futuro no aceptará a ningún empresario que esté involucrado en este tipo de conducta como víctima.
De la Cruz es además, mediante su empresa Coca Cola Puerto Rico Bottlers, uno de los principales empleadores en la Ciudad de las Brumas.
La base de datos de donativos políticos de la Oficina del Contralor confirma que los dueños de la corporación Ciudadela de Cayey han donado en los últimos tres ciclos electorales a candidatos y comités del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Desde el 2000, los donativos entre los cinco empresarios contabilizan $171,587. En particular, el alcalde cayeyano ha recibido $15,500 en donativos de los socios de la corporación en ese mismo periodo.
El Centro de Periodismo Investigativo solicitó a la empresa una entrevista para contestar las críticas e interrogantes sobre el proyecto que intentan desarrollar, pero su administrador Luis Sotomayor rechazó la misma.
