Ante la necesidad de un Plan Fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) —y tras ser exigido por la Junta de Control Fiscal (JCF)— un grupo de docentes principalmente del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) sometió ayer un borrador con el fin de contrarrestar el recorte propuesto de $450 millones al presupuesto de la institución educativa.
El Plan Fiscal Sostenible para la UPR fue entregado ayer a la JCF en español y en inglés. También, se le haría llegar a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la Junta de Gobierno y a la Junta Universitaria de la UPR.
“Una de las expectativas era poner una propuesta sobre la mesa para ya tener algo con qué trabajar. Queremos que la Junta de Supervisión Fiscal conozca la interpretación de los universitarios y funcionarios sobre los argumentos y premisas básicas para que la Universidad de Puerto Rico pueda jugar un rol en la recuperación del país”, expresó la doctora Lissette Rolón Collazo, coordinadora de la iniciativa.
Creado por el colectivo Profesorxs Transformándose en Solidaridad Tornada en Acción (PROTESTAmos), el plan propone tres escenarios principales para asegurar la subsistencia de la universidad del Estado como servicio esencial al País.
Una de las propuestas apuesta a la redistribución de la reducción de la inversión del gobierno de $825 millones hasta el 2020, tal como dispuso la JCF, a subsidios privados a industrias e individuos. De esa manera, $450 millones serían dirigidos a la universidad, $350 millones a los municipios y $25 millones se destinarían para subsidios privados.
El segundo escenario propuesto se rige por el cumplimiento de la enmendada “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (Ley 2 de 1966). Como es de conocimiento general, dicha ley congeló gastos en el presupuesto del gobierno con cargo al Fondo General, entre ellos la fórmula de 9.6% la UPR, la cual representa la base de ingreso más grande de la institución educativa.
Bajo este panorama, PROTESTAmos presenta tres opciones para manejar el desembolso de estos fondos:
• Basarse en la fórmula 9.6% con recaudos parciales que había entre el 2006 y 2014.
• Seguir las disposiciones de la Ley 66 de 2014, la cual establece $834 millones “porque una reducción presupuestaria a la Universidad, por sus características particulares, sería fiscalmente contraproducente y dañino a la economía del país”, según el documento.
• Fórmula 9.6% en donde se consolidan recaudos de Cofina y Fondo General (2017-2018 en adelante). De aceptarse esta variación, la Universidad recibiría una aportación mayor a la que está recibiendo actualmente.
El tercer punto del colectivo de profesores toma en consideración la reducción de $149 millones al presupuesto de la UPR por parte del gobierno, uno que ya será un hecho según la administración universitaria. Así, propone reducir la burocracia y los excesos como los puestos de confianza en Administración Central sin sacrificar la eficiencia de la institución.
Además de los tres escenarios, el grupo incluyó una serie de medidas que resultarían en un ingreso adicional a la UPR:
• Desde mi casa, aporto a Puerto Rico – dirigir 10% de recaudos de re-tasación de propiedad inmueble a la UPR, al Retiro del ELA y a la salud pública.
• Corporaciones foráneas en solidaridad – enmendar Ley 154 para aumentar en .5% el arbitrio a corporaciones foráneas con operaciones en Puerto Rico y así dirigir esos recaudos adicionales a la UPR, Retiro del ELA y a la salud pública.
• Cobrar por Puerto Rico – Crear programa de servicios profesionales de estudiantes, investigadores y cobradores para colaborar con el Departamento de Hacienda en el recaudo de impuestos.
• Contribución de egresados de la UPR – requerir a estudiantes que emigren una vez terminen sus grados académicos que devuelvan a la UPR un porcentaje de la inversión del país en su educación. Esa devolución no aplicaría a egresados que trabajen en la isla por la misma cantidad de años que recibieron la aportación pública.
Plan Fiscal Sostenible UPR (Plan SoS UPR) by Lissette Rolon on Scribd
Este plan fiscal, que contó con la colaboración de los economistas y profesores de la UPR José Alameda Lozada, Edwin Irizarry Mora y José Caraballo Cueto, no contempla afectar el bolsillo del estudiantado. Igualmente, busca fortalecer la autonomía académica, fiscal y administrativa de la institución educativa.
Rolón Collazo, indicó que “el Plan Fiscal Sostenible para la UPR es el resultado de la colaboración entre estudiantes, profesores e investigadores universitarios que coinciden en que la Universidad de Puerto Rico es el eje central para la recuperación del país en la coyuntura actual”.
El plan recibió recomendaciones del Recinto de Río Piedras y de las unidades de Cayey y Humacao y estará disponible para el público en protestamos.net a partir del miércoles, 31 de mayo de 2017.
Entre las demás propuestas se encuentra elaborar un plan de eficiencia energética para reducir gastos y crear oportunidades empresariales, impulsar las empresas universitarias, cooperativas, estaciones experimentales y el Servicio de Extensión Agrícola, además de reducir las cuentas por cobrar que tiene la UPR con el gobierno.
Como reseñó Diálogo, actualmente el gobierno le debe sobre $86 millones a la universidad del Estado por servicios rendidos.
PROTESTAmos es un colectivo auto-convocado de docentes e investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez constituido el pasado 17 de abril.
“El Recinto Universitario de Mayagüez ha levantado la huelga estudiantil y, a mi juicio, nosotros y nosotras los docentes tenemos que tomar el batón. Pudimos hacer ese plan gracias a la huelga estudiantil porque, de lo contrario, todos estuviésemos en nuestras actividades regulares y se nos hubiera hecho imposible dedicarle las 14, 15, 16 horas que le hemos dedicado”, añadió Rolón Collazo.
Acción recae sobre la Junta de Gobierno UPR
El presidente de la JCF, José Carrión III, ha manifestado anteriormente que es a la administración de la UPR a quien le toca elaborar un plan fiscal.
No obstante, la Junta de Gobierno de la UPR actualmente se encuentra sin cuórum para operar tras la dimisión de tres de sus miembros y, los dos nombramientos hechos por el gobernador, aún esperan confirmación del Senado de Puerto Rico.
La Junta de Gobierno de la UPR tenía pendiente la discusión de un plan fiscal alterno, luego de rechazar el documento presentado por la expresidenta interina de la institución—Nivia Fernández Hernández—a finales de abril.
El plan fiscal nuevo contemplaba una reducción al presupuesto de la UPR en aproximadamente $150 millones, puesto que el gobierno central redujo su aportación a la institución de $834 millones a $685 millones. En entrevista con Diálogo, el director de la Oficina de Finanzas de la Administración Central de la UPR—Norberto González—afirmó que se vislumbraba recortar $100 millones y el resto se compaginaba con otras formas para allegar fondos. Dentro de las posibilidades, se consideraba implementar la matrícula ajustada a los ingresos.
A pesar de que la fecha de entrega del plan era el 30 de abril, Carrión III ha expresado que está dispuesto a esperar hasta que la institución someta uno.
