La Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) compareció la semana pasada ante la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico para solicitar participación activa en el caso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley Promesa.
Con este paso, la APRUM se prepara para una acción legal en defensa de los recursos y la estabilidad que la Universidad de Puerto Rico (UPR) necesita para aportar a la recuperación del país. Según el doctor Marcel Castro Sitiriche, presidente de APRUM, “la acción de la organización es solidaria con otros sectores del país, como los pensionados y los usuarios del sistema de salud público”.
Ya la facultad de la UPR en Aguadilla había aprobado solicitar al Estado que la universidad fuese incluida en el pleito del Título III. En el caso de la APRUM, están siendo representados por el Bufete Emmanuelli, CSP.
El que la isla se haya acogido en mayo al Título III significa que la Junta de Control Fiscal representará al gobierno puertorriqueño en los tribunales federales en un proceso sui generis de negociación y reestructuración de deuda, donde la jueza federal Laura Taylor Swain tendrá en sus manos el manejo de la quiebra municipal más grande en la historia de los mercados de bonos estadounidenses.
Como reseño Diálogo, existe la posibilidad de que sectores de la UPR –profesores, empleados y estudiantes– formen parte de un comité que les permita participar en el proceso de quiebra del gobierno instado bajo el Título III, y así, abogar por la vitalidad de la institución, argumentando que los recortes contemplados en el plan fiscal y el presupuesto afectarían el rol del primer centro docente en impulsar el desarrollo económico y ofrecer servicios al país.
La acción legal encaminada por la APRUM está enmarcada en los lineamientos del Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR), el cual establece que la UPR es la inversión pública sostenida más importante en la historia del país, así como eje central para la recuperación del mismo, y propone medidas para evitar el sangrado presupuestario de la institución, del sistema de retiro del Estado Libre Asociado y del sistema de salud pública.
En un comunicado, Castro Sitiriche añadió que la APRUM está actualmente abocada a promover el Plan SoS UPR, elaborado por el colectivo docente autoconvocado PROTESTAmos (del RUM) junto a colaboradores de otros recintos del centro docente. Dicho plan, endosado por la APRUM, fue sometido a la JCF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el gobernador, la Junta de Gobierno de la UPR y la Junta Universitaria de la UPR el pasado 30 de mayo.
De acuerdo con Castro Sitiriche, el Plan SoS UPR se basa en cuatro premisas centrales. En primer lugar, la vasta evidencia científica que demuestra que la inversión en la UPR ha redundado y puede continuar redundando en un alto rendimiento económico para el país, especialmente en la coyuntura actual.
En segundo lugar, el Plan SoS UPR demuestra que no es necesario desangrar el presupuesto de la UPR de la manera desproporcionada que se ha propuesto para cumplir con los recortes plasmados en el Plan Fiscal de Puerto Rico. La alternativa que propone dicho plan es revisar los subsidios privados e implementar medidas legislativas que eliminen aquellos que, según han constatado reconocidos economistas del patio, no rinden beneficio alguno al país.
Además, el Plan SoS UPR propone que el presupuesto de la UPR se ajuste proporcionalmente a los recaudos del gobierno, tomando como base la fórmula de 9.6% establecida por ley. De este modo, los recortes a la UPR serían proporcionales a los ingresos del gobierno y se lograría establecer una planificación adecuada para la estabilidad de la UPR durante la crisis fiscal.
En cuarto lugar, el Plan presenta medidas viables de eficiencia, combinadas con nuevos ingresos, para suplementar los insumos de la UPR, del sistema de retiro del ELA y del sistema de salud pública.
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