La Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó ayer una demanda ante el Tribunal Federal bajo Título III de PROMESA exigiendo legalidad y validez en el presupuesto contemplado para la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el año fiscal 2017-2018.
La petición tiene entre sus demandantes a Natalie A. Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, a Gerardo Portela Franco, director de AAFAF, al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y a José Marrero Rosado, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Según Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmin Colón Colón, abogados de la APRUM, los recortes impuestos a la UPR en el presupuesto del año fiscal 2017-2018, avalados por la JCF, violan varias de las disposiciones de la ley PROMESA. Los recortes propuestos atentan contra la estabilidad fiscal de la institución pública, la continuidad de los servicios educativos y el impacto como motor económico del País.
“La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el Gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del país”, expresó Emmanuelli Jiménez.
Por su parte, el doctor Marcel Castro Sitiriche, presidente de la APRUM, sostuvo en un comunicado que la UPR es un servicio esencial y, por ende, está cobijada bajo la ley PROMESA.
“[La Universidad] es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad,” sostuvo.
La APRUM también indicó que el recurso legal sostiene sus planteamientos en estudios de los economistas Alfredo González Martínez y José Alameda Lozada. En sus investigaciones, los economistas han demostrado que la relación entre la recuperación económica del País y la capacidad de recaudos del Gobierno de Puerto Rico dependen directamente de una sostenida y adecuada inversión en la UPR. Es por esto que los investigadores han confirmado en múltiples estudios que los recortes contemplados para el sistema universitario tendrán consecuencias “nefastas” para la población y para la capacidad de pago de la deuda pública que exigen los acreedores.
La acción legal encaminada por la APRUM está enmarcada en los lineamientos del Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR), el cual establece que la UPR es la inversión pública sostenida más importante en la historia del país, así como eje central para la recuperación del mismo, y propone medidas para evitar el sangrado presupuestario de la institución, del sistema de retiro del Estado Libre Asociado y del sistema de salud pública.
La APRUM compareció hace dos semanas ante la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico para solicitar participación activa en el caso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley Promesa.
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