Los profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, hicieron un llamado a defender la autonomía universitaria como mecanismo para que la principal institución docente del País pueda sobreponerse a la crisis económica que enfrenta.
Por medio de un informe redactado por un comité especial del Senado Académico, y que fue aprobado con enmiendas en la Reunión Claustral celebrada ayer, el cuerpo docente del Recinto manifestó sus reclamos exigiendo la descentralización de los procesos administrativos de la Universidad, una mayor participación de la comunidad universitaria en la selección de aquellas personas que representan la institución en foros externos y denunciando la intervención de la política partidista en las decisiones internas al sistema.
En el informe se destaca que la forzada reducción a la autonomía de cada unidad del sistema UPR ha disminuido la capacidad de reacción ante las necesidades que se presentan debido a las dificultades fiscales. “Antes, si hacíamos economías podíamos decidir hacia donde redirigir las economías de acuerdo a nuestras prioridades (a nivel de facultades como de Recinto). Eso ya no es así”, indica el informe del comité especial.
Igualmente, la crisis fiscal en la Universidad ha afectado las labores académicas ante la “incertidumbre” que existe respecto a la disponibilidad de fondos, lo que impide la planificación de proyectos a mediano y largo plazo.
En relación a esto, se solicitó mayor información sobre el panorama actual respecto a las plazas docentes, así como un estudio que permita analizar las proyecciones para los próximos años, de manera que se pueda establecer un plan “racional” y que no se tenga que “recurrir a la congelación de plazas”.
Se expuso además la necesidad de que dentro de cada unidad del sistema, los “asuntos que competen directamente a las facultades y a los docentes, sean planificados y ejecutados desde la base y mediante procesos democráticos rigurosos”, ya que ante la falta de participación universitaria en los procesos de toma de decisiones se relega a un segundo plano los “asuntos de índole académico” para dar paso a un “modelo corporativo”.
Por otro lado, el cuerpo docente reclamó que aquellas personas con el deber de representar a la Universidad frente a las autoridades gubernamentales tales como los miembros de la Administración Central y la Junta de Gobierno, así como el presidente, “sean el producto de procesos democráticos de participación” de la comunidad universitaria, al tiempo que estén sujetos a “un sistema de rendición de cuentas constante y público”.
Asimismo, se criticó la intromisión de intereses externos, particularmente los de índole político-partidista en los asuntos universitarios, argumentado que atentan contra “los principios de Autonomía Universitaria”.
En la Reunión, los profesores congregados en el Teatro de la Universidad aprobaron una moción para oponerse a la creación de la Junta de Control Fiscal, ante la preocupación referente a lo que pudiera ocurrir con el presupuesto asignado a la institución de imponerse finalmente un organismo externo con amplios poderes sobre las finanzas del País.
