En días recientes la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha estado en el centro de todo tipo de controversias en los medios de comunicación del país y en las redes sociales. Estas controversias han girado alrededor de los siguientes puntos: la situación fiscal de la institución, el requerimiento emitido por la Junta de Control Fiscal de un recorte de 300 millones de dólares de su presupuesto operacional y la visión que diversos sectores del país tienen del quehacer de la Universidad, de sus profesores y de la institución en sí misma.
Los profesores y profesoras del Departamento de Sociología y Antropología, Geografía, el Centro de Investigaciones Sociales y otros colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto de Río Piedras y de otros recintos del sistema entendemos que es nuestra responsabilidad responder públicamente a este cuadro de asuntos. Es importante responderles a todos los sectores de la sociedad que, viéndose afectados directamente por las políticas de recortes propuestos (bien sea por la Junta de Control fiscal o por la presente administración de gobierno), se pregunten legítimamente cómo los profesores universitarios nos posicionamos frente a este cuadro de recortes. Nuestro argumento principal es que estos recortes se efectúen en los ámbitos administrativos y organizacional sin perjudicar la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad.
Independientemente, de las diferentes lecturas que se han producido en torno al estado de situación por el que atraviesa el país, nosotros estamos en la disposición de ponderar y de llevar a cabo las reestructuraciones y los recortes que sean necesarios. Reconocemos que estamos en una situación que demanda el que todos tengamos que hacer ajustes. Sin embargo, debemos aclarar que nuestra disposición a conceder ante estos recortes se produce reconociendo que estos no son producto de haber incumplido con nuestra responsabilidad como profesores y profesoras. Las situaciones por las que atraviesa la Universidad son el resultado de la mala administración y del problema de la deuda y no es una crisis de conocimientos.
Aun así, entendemos que la Universidad, en tanto centro productor de conocimiento, tiene que reestructurarse de manera efectiva dejando atrás prácticas administrativas deficientes y políticas que obstaculizan la buena operación de un sistema educativo complejo. Estas estructuras y prácticas no nos permiten mayor participación en la toma de decisiones y a la misma vez no nos informan del contenido de los recortes propuestos por parte de la alta administración universitaria. Estos recortes tendrían que efectuarse sin perjudicar la formación de las nuevas generaciones.
Hacemos constar que la UPR lleva ya varios años haciendo ajustes presupuestarios de todo tipo (más de 100 millones anuales en recortes en los últimos tres años). Ha sido un esfuerzo enorme por no atentar contra la labor más importante del principal centro docente del país que es la producción y divulgación del conocimiento acorde con el estado presente de la ciencia. Esto se evidencia en la labor creativa, investigativa y en publicación de libros y artículos.
Contrario a lo que algunos sectores quieren hacer creer, la universidad cuenta con un cuerpo de profesores altamente calificados y comprometidos con la producción de conocimientos con los que puedan atenderse los graves y urgentes problemas que enfrenta el país. Los trabajos que se conducen en la UPR comprenden las áreas de enseñanza, investigación, creación y un servicio a la comunidad académicamente informado. Nuestro cuerpo de docentes labora intensa y arduamente en proyectos extramuros de todo tipo. Todo esto ha sido posible por el carácter público de la universidad.
El legado de más de un siglo de la Universidad de Puerto Rico al país y a nuestra sociedad es incuestionable. La UPR ha contribuido al desarrollo de todos los programas académicos del país, ha formado a los profesionales que se quedan en Puerto Rico y sirven a Puerto Rico, ha desarrollado y mantenido programas competitivos a la altura de las mejores universidades del hemisferio y ha provisto servicio a las poblaciones menos favorecidas económicamente: servicios de salud, clínicas legales de libre acceso a las comunidades, apoyo técnico y de preservación de áreas costeras, preservación del patrimonio cultural del país, entre otros.
Reconocemos la necesidad de hacer recortes, pero llamamos la atención también al hecho de que para mantener a la UPR como un centro docente competitivo en el plano global es necesario incurrir en gastos e inversiones ineludibles en aras de garantizar un desarrollo institucional a la altura de esta aspiración. Esto implica que la racional económica no puede ser la que impere de manera absoluta en una institución cuya singularidad es la producción de conocimiento. Bajo esta lógica, nos preguntamos: ¿De dónde salió y cómo se justifica la cifra de los 300 millones de dólares? ¿Cómo la implantación de ajustes de esa magnitud afectará de forma duradera la misión universitaria y su capacidad de posicionamiento internacional?
Por ejemplo, la eliminación de profesores por contrato. Esta medida, que implicaría cesantear quienes brindan un servicio vital al encargarse de un por ciento considerable de los ofrecimientos curriculares de la institución, tendría el efecto inmediato de sobrecargar a los profesores de plantilla. Esto, a su vez, supondría menos tiempo para las investigaciones (por ende, la acreditación de la Universidad y la habilidad de atraer a nuevos profesores y nuevos fondos se afectaría severamente), y afectaría la calidad de la enseñanza.
Hacemos constar también que la oferta académica en los distintos recintos ya se ha reducido drásticamente y los y las estudiantes muchas veces no pueden conseguir los cursos que necesitan (lo cual agrava la situación del tiempo que se toman para poder graduarse). Lo que deseamos poner en foco es que se rumora que muchos de los recortes propuestos se centran en la labor de la docencia, currículo, academia en general, pudiendo centrarse en reestructuraciones de carácter administrativo u organizacional.
Por otro lado, no debe haber ningún política de recortes que implique solo a la universidad pública. Habría que mirar y analizar lo que implica las universidades privadas para el erario estatal ya que gozan de una política de exenciones contributivas dado su estatuto de empresas sin fines de lucro. ¿Cuál es el sacrificio que éstas harán bajo este estado de emergencia?
Estamos convencidos que ningún cambio cualitativo en sociedad es posible sin la producción de conocimientos que viabilicen la formación de profesionales que puedan encarar de maneras atinadas y ponderadas las complejidades del mundo contemporáneo.
Nuestra institución tiene los índices más altos de retención y graduación de entre todas las universidades del país. El lugar que ocupa la producción de conocimiento en el desarrollo de una sociedad es indiscutible e insustituible.
Nos urge una universidad robusta que pueda reproducirse desde sus propias operaciones al margen del drama político partidista de este país. Favorecemos mantener una Universidad abierta que nos permita potenciar un pensar y un hacer continuo de cara a los desafíos que enfrenta el país.
Este documento fue endosado por los doctores Juan José Baldrich, Edwin Crespo, Viviana De Jesús, Evelyn Dean, Jorge L. Giovannetti, Luisa Hernández, Diana López, José Luis Méndez, Miriam Muñiz Varela, Madeline Román, Jesús Tapia Santamaría, Lanny Thompson, Arturo Torrecilla y Jaime Pérez del Departamento de Sociología y Antropología de la UPR-Recinto de Río Piedras.
Asimismo, contó con el aval de Ángel David Cruz Báez ,Carlos Jorge Guilbe López, Francisco Watlington Linares, María del Carmen Zorrilla Lassus y Amílcar Vélez, del Departamento de Geografía. Los doctores Maribel Aponte, Laura L. Ortiz, Emilio Pantojas, Ángel G. Quintero, Marinilda Rivera y Jenniffer Santos del Centro de Investigaciones Sociales también lo suscribieron este texto junto con los doctores Amaryllis R. Muñoz Colón, Dolores Miranda Gierbolini, Ruth Nina, Laura Galarza, María de los Ángeles Gómez, Sylvia Martínez, Elixmahir Dávila Marrero, Edna Nazario, Vivian Otero, Otomie Vale y Milagros Méndez del Departamento de Psicología.
Igualmente, lo firman los doctores Alex Betancourt, Luis Cámara y Jaime Lluch, del Departamento de Ciencia Política; el doctor Rubén Sestremera del Departamento de Bienestar Social; las doctoras Carmen Luisa González, María Isabel Quiñones y Marlene Duprey de la Facultad de Estudios Generales; las doctoras Érika Fontánez y Chloe S. Georas de la Escuela de Derecho; y los doctores Mayra Rosario Urrutia, del Departamento de Historia; Yolanda Izquierdo, del Departamento de Estudios Hispánicos y Luis Fernando Coss, de la Escuela de Comunicación.
Al colectivo también se unieron los doctores Elizabeth Crespo Kebler de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y Félix López de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
