El proyecto del senado 1456 – que pretende reformar el sistema de enseñanza público y que fue presentado por el legislador Eduardo Bhatia – ha encontrado detractores en varios sectores del País. En esta ocasión fue el turno de varios profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), quienes celebraron un conversatorio en el que expresaron las razones por las que están en contra de la medida.
La actividad se celebró el pasado jueves, 10 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPRRP y se denominó Conversatorio sobre el Proyecto para crear Alianzas de las Escuelas Públicas. El encuentro fue organizado por la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle.
El conversatorio comenzó con un resumen del proyecto de ley por parte de la doctora Sheila Pérez-López, sicóloga académica – investigativa, quien resumió el documento en cuatro puntos. Estos son: enmiendas a la ley orgánica del Departamento de Educación (DE), una división del presupuesto por cantidad de estudiantes, la reducción de las escuelas públicas y el concepto de las Escuelas Líderes.
Según Pérez-López, entre los cambios que presenta el proyecto de reforma educativa a la Ley orgánica del DE se encuentran las nuevas funciones que se le asignarían al director escolar, entre las que se destacan la preparación y administración del presupuesto anual de su escuela, la compra de materiales para la misma y la evaluación o remoción del personal necesario, con el fin de asegurar el funcionamiento óptimo de su escuela.
Sin embargo, la sicóloga expresó que “a pesar de que en el proyecto se trabajan como nuevas funciones administrativas, cuando nosotros miramos la Ley actual, estas son funciones que aparecen como parte de las labores del director”.
Asimismo, se establece en el proyecto que todos los planteles deberán mantener un registro de al menos cinco personas voluntarias que puedan sustituir a los maestros cuando se ausenten y que también realicen trabajo magisterial luego de terminar el horario escolar.
También, el proyecto 1456 menciona que “todas las escuelas tendrán un presupuesto condicionado a la cantidad de estudiantes matriculados. Esta fórmula la establecerá la figura del Principal Oficial Financiero, que es un puesto nuevo que se generará”, añadió Pérez-López.
Además, manifestó que la cantidad de escuelas en el País estará condicionada a una fórmula en donde se dividirá el número de estudiantes que estuvieron matriculados un año antes en las escuelas públicas de Puerto Rico, entre 400. “Es decir, si vamos a tomar en consideración el número de estudiantes que hay en este momento – que son 400,000 – tenemos que dividirlo entre 400. Así que tendríamos un total de 1,000 escuelas en el País”, agregó.
Según la profesional, esto significaría el cierre de alrededor 330 escuelas, una decisión que se tomaría “sin que se observen situaciones contextuales, que son particulares de nuestra Isla”.
De manera general, López – Pérez explicó el concepto de las Escuelas Líderes. Comentó que serán organismos a los que no le afectarán las leyes de las escuelas públicas actuales y que serán administradas por entidades sin fines de lucro, a partir de una alianza/contrato que se establecerá con una Junta de Alianzas e Innovación Educativa.
Esta Junta sería un cuerpo decisional que crearía la propuesta Ley, para dirigir el DE y que sustituirá las labores del secretario de educación. La doctora en sicología mencionó que este sistema es análogo al de las Escuelas Charter en los Estados Unidos, escuelas públicas administradas por entidades privadas.
La investigadora hizo hincapié en que estamos “ante una reforma educativa neoliberal”, que reduce el problema de calidad educativa a un “problema de gestión”. De acuerdo a López – Pérez, este proyecto pone la educación a beneficio de los intereses del mercado.
Por otra parte, la licenciada Magda Sagardía, profesora de la facultad de educación, cuestionó la constitucionalidad de la medida. Sobre todo, la disposición que establece que no es posible utilizar fondos públicos para financiar instituciones educativas privadas. Sagardía sugirió que “es el mismo perro con otro collar” y que aunque las instituciones que administren las escuelas sean sin fines de lucro, siguen siendo entidades que no son gubernamentales.
De la misma forma, la doctora Doris Pizarro, profesora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la UPRRP, argumentó que el tercer sector (refiriéndose a entidades sin fines de lucro), sin ningún derecho, “ha ido suplantando las funciones del Estado”.
Entre los demás oradores del evento se encontraron Roberto Toma, Gloría Rosado Ortiz y Rosa Pagán, quienes también apoyaron las opiniones de los recursos anteriores.
Hace algunas semanas Diálogo realizó un exhaustivo análisis del proyecto de Ley 1456, de la mano de profesionales del campo de la educación y de los líderes gremiales más destacados del País. A continuación, los interesados, pueden pulsar el título de los reportajes y acceder a los mismos.
